Uno de los mantras que con mayor orgullo repiten desde la izquierda es el del diálogo social. Haciendo gala de un desconocimiento absoluto de los fundamentos de la ciencia económica, desde los sectores más radicales insisten continuamente en pedir mayor intervención gubernamental y la ampliación de los ‘derechos del trabajador’ supuestamente con el fin de protegerlos.
Sin embargo, lo que no admiten públicamente es que las políticas solicitadas por estos sectores en realidad suponen un perjuicio para los más desfavorecidos porque impiden que aquellas personas con menor cualificación y productividad accedan al mercado laboral. Además, también ocultan que los sindicatos son organizaciones cercanas al poder político y que en muchas ocasiones se benefician de ello.
Lluvia de millones para los sindicatos
Que los sindicatos españoles son organizaciones extremadamente cercanas a los partidos de izquierda es una realidad histórica que, de hecho, se demuestra cada vez que convocan movilizaciones. Aunque en cualquier Estado de Derecho las reivindicaciones populares deberían dirigirse contra el poder político, que es en buena medida el responsable de la situación de cada país, en España ocurre lo contrario: los sindicatos deciden señalar al principal partido de la oposición por lo que deberían o no hacer desde el Gobierno.
Por tanto, no es de extrañar que esa connivencia con el poder político se traduzca en una lluvia de millones para las organizaciones que apoyan al Ejecutivo. Como publicamos en Libre Mercado, sólo para este año el Gobierno decidió destinar 32 millones de euros para los sindicatos más importantes del país, lo cual supone una cifra sin precedentes. Así lo recoge la página web del propio Gobierno de España, donde "se autoriza la convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, (...), por importe máximo de 32.000.000 de euros".
Esta cifra supone alrededor del doble de lo que se venía concediendo a estas organizaciones en los años anteriores. Como expone en el propio Ejecutivo, para los años 2022 y 2023 esta cantidad se situó en los 17 millones. Esto resulta especialmente curioso en el momento en que la ministra de Trabajo está empeñada en poner en marcha una reducción de la jornada laboral que sólo ha pactado con los sindicatos al margen de las patronales.
Con todo, más grave resulta aún que se incremente la dotación económica para unos sindicatos que cada vez representan menos a los trabajadores. Muestra de ello es el fracaso de la manifestación del pasado 1 de mayo, que duró menos de una hora y contó con una participación muy reducida, sobre todo en comparación con otros años.