Este próximo 1 de junio entrarán en vigor los controvertidos Reales Decretos 344/2025 y 346/2025, publicados en el BOE el pasado 23 de abril. El Gobierno ha justificado estas normativas como un avance en la gestión sanitaria y el bienestar animal en el ámbito ganadero, pero desde el sector advierten de que representan una nueva carga burocrática y una amenaza para la rentabilidad de las explotaciones.
"La Administración está externalizando una obligación que era suya", explica Juan Luis Delgado, ganadero y presidente de la sectorial de vacuno de ASAJA, refiriéndose a uno de los cambios clave: la figura voluntaria del veterinario de explotación. Para que aquellos ajenos a la ganadería lo entiendan, es como si el Gobierno eliminase a los agentes de Hacienda que ayudan a hacer la declaración de la Renta y dejase esa labor en el propio contribuyente y en la figura del "gestor voluntario".
Un modelo sanitario impuesto
Según el Real Decreto 344/2025, los titulares de explotaciones ganaderas deberán cumplir con nuevas obligaciones de vigilancia, supervisadas a través de registros telemáticos y más controles periódicos. Aunque el Gobierno ha defendido que esta medida permitirá un mayor control sanitario, los ganaderos alertan de que supone un incremento de tareas administrativas que resta tiempo a la gestión directa de las explotaciones.
Por su parte, el Real Decreto 346/2025 introduce la figura del veterinario de explotación voluntario, un plan sanitario integral y un plan de bienestar animal. Sin embargo, aunque la normativa diga "voluntario", en realidad el sector denuncia que es una obligación encubierta.
Las explotaciones deberán recibir visitas zoosanitarias con una frecuencia basada en el riesgo que presente la explotación. "Los ganaderos tenemos que tener a un veterinario que nos haga esas visitas, que en función del riesgo que la Administración te aplique, puede ser cada 18 meses, anual, cada seis meses, cada tres o incluso con mayor regularidad", explica Delgado. "Y eso implica que, para todas esas visitas, tienes que tener a un veterinario contratado".
"Es decir, lo que yo denuncio continuamente es que la Administración está externalizando una obligación que era suya: visitar las explotaciones y, sin ánimo sancionador, explicar los riesgos para que los ganaderos los corrijan. Eso se ha externalizado y ahora tenemos que pagar nosotros a los veterinarios que asumen la responsabilidad de las auditorías y que, obviamente, nos cobran conforme a esa responsabilidad".
Más burocracia. Más costes
Las organizaciones agrarias y veterinarias están preocupadas por los costes asociados a estas nuevas medidas. Contratar a un veterinario para las visitas y para elaborar planes sanitarios y de bienestar animal va a suponer una carga económica significativa, especialmente para los pequeños productores. Además, es posible que no haya profesionales veterinarios suficientes, según alerta Delgado.
Por otra parte, el intervencionismo estatal acaba derivando nuevamente en más papeleo para los profesionales del campo. "Es un acto de burocracia puro y duro. Es perder el tiempo en rellenar papeles", denuncia Delgado. También se trata de un nuevo golpe a la rentabilidad de las explotaciones precisamente en un momento en el que la competitividad es primordial frente a los nuevos productores que están a punto de llegar desde el otro lado del Atlántico gracias al tratado de libre comercio Mercosur.
"Al final, lo que importa es tener el papelito de la correspondiente gestión. Y esto es lo que nos cabrea", explica Delgado. "Hemos salido a las calles porque estamos hartos de estar todo el día metidos en la oficina y pagando a los administrativos en vez de dar de comer a nuestros animales o cultivar la tierra como Dios manda. Cada vez tenemos que echar más tiempo a la dichosa burocracia y ahora siguen metiendo más y más", denuncia.