El debate sobre los efectos del salario mínimo en el empleo tiene nueva munición. Un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ofrece un análisis exhaustivo del impacto que tuvo la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2019. El trabajo, firmado por Marcel Jansen, Florentino Felgueroso, Jorge Casanova y David Catalán, introduce importantes novedades metodológicas y presenta resultados contundentes.
El prestigioso centro de estudios señala que el aumento del SMI provocó una caída significativa del empleo, especialmente entre las pequeñas empresas, además de deteriorar la calidad del trabajo generado. Se caen, pues, los argumentos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha venido insistiendo en que el incremento del salario mínimo no tuvo efectos negativos en el mercado de trabajo.
La investigación utiliza por primera vez los microdatos del Panel de Empresa-Trabajadores (PET), una fuente estadística que permite seguir con precisión los movimientos de contratación y despido dentro de cada compañía. A partir de esta base, el equipo de Fedea ha analizado los efectos diferenciales de la subida del SMI según el tamaño empresarial, el tipo de contrato y la jornada laboral.
¿Qué nos dicen los datos? En primer lugar, que el 21% de las empresas analizadas se vieron afectadas por la subida, una medida que fue vinculante para el equivalente al 12% de los trabajadores en activo. Todo ello con el agravante de que la incidencia fue muy desigual según el tamaño de la empresa. Así, en las microempresas de menos de cinco empleados, el 100% de la plantilla se vio afectada por el alza del SMI. En cambio, en las grandes empresas de más de 250 trabajadores, tal porcentaje se redujo a apenas un 2%.
Las microempresas, las más afectadas
Este dato ya apunta a uno de los mensajes clave del estudio: el salario mínimo no afecta por igual a todos los sectores ni a todas las empresas. Son los negocios más pequeños —los mismos que más empleo generan en España, aportando en torno a dos tercios del total de puestos de trabajo— los que acusan con mayor dureza este tipo de medidas.
El diseño empírico del estudio se basa en una estrategia ya utilizada por Harasztosi y Lindner (2019), pero adaptada a las limitaciones del caso español, donde no se dispone de datos firmes sobre productividad o precios. En su lugar, FEDEA introduce una aproximación indirecta que asume que las empresas más grandes cuentan con más margen para absorber costes y trasladarlos a precios, mientras que las pequeñas apenas tienen ese colchón.
Partiendo de esa base, los resultados muestran que, durante el primer año tras la subida, las empresas con toda su plantilla afectada experimentaron un aumento salarial del 11,4%, pero también una caída del empleo total del 4,5%. El ajuste fue proporcional al grado de afectación, es decir, cuanto mayor el porcentaje de trabajadores impactados por la subida, mayor fue el deterioro en el empleo.
Pero la subida del SMI no sólo frenó la creación de empleo: también alteró las dinámicas internas de las empresas. En las mercantiles de hasta 250 empleados se produjo un aumento simultáneo de entradas y salidas de trabajadores. Este incremento de la rotación contribuyó al deterioro de la calidad del empleo generado por tales compañías.
Aumentaron los contratos parciales
Así, Fedea detecta una caída en los contratos indefinidos y un repunte de la contratación parcial. En muchos casos, los contratos temporales a tiempo completo fueron sustituidos por temporales a tiempo parcial. Y lo que es más grave: no hay evidencia de que los trabajadores desplazados por el alza del SMI hayan encontrado empleos de mayor calidad o con mejores condiciones.
El estudio calcula que el impacto agregado sobre el crecimiento del empleo osciló entre una caída de 0,5 y 1 punto porcentual. Aunque la cifra puede parecer moderada, conviene recordar que España partía de un crecimiento medio del 3%. Además, los autores subrayan que este efecto compensó casi un 40% de las ganancias salariales esperadas, lo que reduce sustancialmente la supuesta eficacia redistributiva de la medida.
Todo ello con un SMI que, en 2019, se situaba en niveles más bajos en comparación con los que ahora se observan y que confirman una brecha cada vez menor respecto al salario medio, especialmente en regiones de ingresos medios-bajos. La implicación es clara: las nuevas subidas, con niveles más altos de SMI, podrían tener efectos aún más pronunciados sobre el empleo y la calidad del trabajo.
El trabajo de Fedea no entra en valoraciones políticas, pero sus conclusiones deberían alimentar un debate más realista sobre los efectos del salario mínimo. Las intenciones redistributivas no bastan: también hay que medir los efectos colaterales, especialmente en un mercado laboral tan dual y precario como el español. Y, sobre todo, hay que evitar políticas que perjudiquen a los más vulnerables: los trabajadores con menos cualificación, en empresas con menos margen de maniobra y con contratos más frágiles.
Así pues, el estudio no niega que pueda haber espacio para un salario mínimo razonable, pero advierte contra las subidas drásticas y generalizadas. Como tantas veces, lo bien intencionado puede volverse en contra de quienes más se pretende proteger.
Hasta 322.000 empleos destruidos
La consultora Freemarket ha calculado por su parte que las subidas del salario mínimo aprobadas desde 2018 por los gobiernos de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han impedido la creación de hasta 321.987 empleos. Utilizando una metodología contrafactual, el informe estima cuántos puestos de trabajo se habrían generado en sectores especialmente dependientes del SMI —como la agricultura, la hostelería, el comercio minorista o el servicio doméstico— si hubieran crecido al mismo ritmo que el conjunto de la economía. Frente a un incremento medio del empleo del 6,3% entre 2018 y 2022, estas ramas no sólo no crecieron al mismo ritmo, sino que en muchos casos retrocedieron, reduciendo su peso relativo en el mercado laboral.
El estudio señala que, aunque el paro no ha subido drásticamente, sí lo ha hecho el coste de oportunidad en forma de empleo no creado y pérdida de competitividad en sectores con bajos márgenes. Las subidas del SMI, lejos de tener un impacto positivo generalizado, han generado una fuerte distorsión en la estructura laboral, frenando el crecimiento del empleo precisamente en las actividades que más ocupaban a trabajadores con menor cualificación. Según Freemarket, la política del Gobierno ha ignorado estas consecuencias no vistas, insistiendo en una narrativa triunfalista que no se corresponde con la evolución real del mercado laboral en los sectores más vulnerables.