La Agencia Tributaria ha decidido emprender una huida hacia delante ante la macrocausa que prepara el bufete de abogados Amsterdam&Partners contra los abusos del Fisco español. Así, la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha remitido una carta de tres páginas a la que ha tenido acceso Libre Mercado dirigida a todo el personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que acusa al despacho de abogados de poner en marcha una campaña de acoso y derribo contra la Hacienda española con motivaciones espurias.
Señalamiento al despacho
En este contexto, en su carta la directora general de la Agencia Tributaria dice mostrar su apoyo "sin fisuras" al trabajo de todos los empleados del Fisco "para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes". Así, los interpela directamente asegurando que "os habréis enfrentado con estupor en estos meses, igual que yo, a la intensa campaña de descrédito iniciada por un despacho de abogados con base en Reino Unido y EEUU".
En su misiva, Fernández relata cómo, en primer lugar, este bufete comenzó "con una serie de anuncios pagados en medios de comunicación extranjeros y nacionales" y después llevó a cabo una rueda de prensa (celebrada el pasado 6 de mayo en Madrid) en la que presentó un informe sobre los abusos cometidos por Hacienda. "En todas sus actuaciones (tanto en los anuncios en periódicos como en su rueda de prensa) ese despacho vierte falsas y graves acusaciones contra la AEAT y, por extensión, contra España", señala Fernández a este respecto.
Del mismo modo, explica que "las falsas acusaciones se refirieron en un primer momento, principalmente, a la aplicación de la denominada ‘Ley Beckham’" e incide en que "con posterioridad, las acusaciones se han ido ampliando y abarcan a prácticamente todo el modelo organizativo y funcional, así como al sistema sustantivo y procedimental tributario español".
Persecución de Hacienda
No obstante, resulta especialmente llamativo que en la carta se admita que ya en el pasado la Agencia Tributaria trató de frenar las iniciativas de este despacho. Así, Fernández afirma que "tras el primer anuncio a finales del año pasado en un periódico extranjero dirigí una carta al despacho para expresarles mi profundo rechazo hacia el fondo y la forma de la campaña que habían promovido", añadiendo que "les comunicaba mi confianza en que procederían a realizar la rectificación pertinente".
Al respecto, la directora general continúa exponiendo que aquella carta que remitió al despacho "no obtuvo el resultado esperado, sino todo lo contrario: la campaña siguió desarrollándose en el mismo tono agresivo y difamador inicial en diversos periódicos internacionales". Además, Fernández se victimiza y añade que "me enviaron cuatro cartas reclamando que contestase a una larga batería de preguntas, exigiéndome una reunión y despreciando las explicaciones que les habíamos aportado en la carta".
Así, Fernández se excusa por no haber contestado a las preguntas del despacho alegando, así como su negativa a concertar una reunión, alegando que "no serviría para nada más que para seguir difamándonos y para contribuir a darles mayor importancia de la que tienen". En este sentido, denuncia que "pretenden hacernos una auditoría, como si se tratara de una institución internacional, europea o española con competencias auditoras", algo a lo que, asegura, no están dispuestos desde la Agencia Tributaria.
Sin embargo, lo cierto es que, con esta forma de proceder, la directora general de la Agencia Tributaria demuestra que para el Fisco español no tiene cabida ningún pronunciamiento en su contra. Por tanto, de este modo se confirma lo que desde el propio despacho han afirmado públicamente en diversas ocasiones (tanto en la rueda de prensa del pasado 6 de mayo como ante los micrófonos de esRadio), y que no es otra cosa sino el temor de muchos despachos españoles a emprender acciones al respecto y los riesgos a los que se enfrentan quienes decidan plantar cara al Fisco.
Asimismo, con esta carta la directora general pretende avalar su gestión al frente del Fisco y desmentir algunas de las acusaciones del despacho en relación con la forma en que Hacienda trata a los contribuyentes españoles. En este sentido, afirma que "en lo que se refiere al régimen de impatriados, de los cerca de 37.000 contribuyentes que, en la última década, han venido aplicando en España este régimen especial para trabajadores desplazados, únicamente el 0,5% (185 expedientes) ha sido objeto de una comprobación inspectora por posibles incumplimientos relacionados con la aplicación del régimen".
A esto, añade también que, de las comprobaciones finalizadas, "un 70% se han resuelto con un acta con acuerdo o en conformidad", por lo que sólo el 30% de las comprobaciones habrían sido objeto de reclamación por parte del contribuyente. Por ello, para la directora general de la Agencia Tributaria "no existe, en absoluto, una especial atención inspectora por la aplicación de este régimen fiscal, frente a otros campos de actuación". De hecho, niega también que existe una especial litigiosidad relacionada con estas comprobaciones.
Primas a los inspectores
Con todo, uno de los puntos del comunicado en los que la directora general de la Agencia Tributaria parece tomar el pelo a los españoles de forma más descarada, es en el que trata de minimizar el impacto de los incentivos que, en forma de primas, se concede a los inspectores por abrir procedimientos a los contribuyentes. "La campaña del despacho también arremete contra el sistema de retribución variable del Área de Inspección, mezclando todo tipo de cifras, atribuyendo la totalidad del crédito de productividad por intensificación de actuaciones de la AEAT a comisiones directas de los funcionarios sobre los importes regularizados", explica.
Del mismo modo, añade que desde el despacho "afirman falsamente que los empleados reciben comisiones o porcentajes de las regularizaciones practicadas a los contribuyentes", además de que "obvian que la gran mayoría de países de la OCDE (tres cuartas partes, según el informe ISORA de 2024) cuentan con administraciones tributarias con sistemas de retribución variable por cumplimiento de objetivos".
Así las cosas, para Soledad Fernández la iniciativa del despacho de abogados "se trata de un ataque frontal al sistema, no sólo a la AEAT, que busca mermar nuestra acción decidida de lucha contra el fraude". De hecho, desliza graves insinuaciones en las que apunta a que este supuesto objetivo de debilitar al Fisco viene motivado "especialmente si esa acción pudiera recaer sobre personas con capacidad suficiente para sufragar este tipo de ataques, en un intento infructuoso de parar procedimientos de regularización iniciados".
Al mismo tiempo, en un alarde final de sentido del deber, Fernández llama a todos los empleados de la Agencia Tributaria a "seguir trabajando por el mejor cumplimiento de nuestra misión, y, como siempre, con vocación de servicio público". Y advierte: "no dudéis de que seguiremos trabajando hasta resolver adecuadamente este asunto".