El Ingreso Mínimo Vital (IMV), presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez como la medida estrella de su escudo social, es hoy el reflejo perfecto de lo que ocurre cuando una política pública nace sin rumbo claro, sin gestión eficaz y sin visión de futuro. Anunciado a bombo y platillo en 2020, el IMV pretendía erradicar la pobreza severa y garantizar la integración de quienes viven en exclusión social. Sin embargo, cinco años después, los datos del Tribunal de Cuentas son contundentes: el IMV no funciona como debería, ni en diseño ni en ejecución.
Es urgente ayudar a quienes lo necesitan, a los colectivos mas vulnerables. Y es preciso para que esa ayuda sea completa que la política social no se reduzca a repartir subsidios. La verdadera justicia social consiste en ofrecer oportunidades, en tender la mano para salir adelante, no en perpetuar la dependencia del Estado. Y eso es exactamente lo que este Gobierno ha ignorado.
El informe del Tribunal de Cuentas revela que solo un 40% de los potenciales beneficiarios del IMV lo recibe. Y lo que es peor: entre quienes más lo necesitan, apenas un 21% accede a la prestación. ¿Por qué? Por una maraña burocrática, requisitos absurdos basados en datos del año anterior, y un diseño técnico alejado de la realidad. Además, miles de personas ni siquiera lo solicitan por desconocimiento o por no saber cómo enfrentarse a un trámite lleno de obstáculos.
Pero más allá de estas deficiencias técnicas, hay un fallo ideológico de fondo. El Gobierno ha hecho del IMV una herramienta pasiva, sin ningún tipo de vínculo real con la activación laboral. Se limita a entregar una prestación sin preocuparse de que los beneficiarios den el paso hacia la autonomía. ¿Dónde están las políticas de inserción laboral? ¿Dónde están los itinerarios personalizados de empleo? ¿Dónde está la formación? La izquierda, una vez más, ha confundido ayuda con resignación.
Desde el Partido Popular defendemos un modelo radicalmente distinto: creemos que la finalidad del Ingreso Mínimo Vital no debe ser que cada año haya más personas cobrando esta ayuda (como pretende el gobierno), sino que cada año haya menos personas que la necesiten. Ese es el verdadero éxito de una política social: que sirva como red de emergencia, no como destino final. Que alivie la situación inmediata, sí, pero que también impulse a las personas hacia el mercado laboral y hacia una vida autónoma.
Lo que no se puede permitir es que el IMV se convierta en un sistema cronificado de subsidio sin futuro. El asistencialismo sin salida no solo es ineficaz: es injusto. Porque condena a miles de personas a una dependencia estructural, sin ofrecerles la dignidad de poder valerse por sí mismas. Y eso, por mucho que lo maquillen con discursos progresistas, no es proteger a los vulnerables; es condenarlos a la trampa de la pobreza.
La solución pasa por reformar el IMV desde la base y fortaleciendo la colaboración con CCAA. Simplificar trámites, adaptar los criterios a la realidad económica actual, eliminar la brecha digital y, sobre todo: integrar la ayuda dentro de un sistema activo de empleo, formación y reinserción. Solo así será posible que quienes hoy necesitan el IMV, mañana puedan prescindir de él porque han encontrado una oportunidad real.
La política social debe tener un horizonte claro: el empleo. Porque la mejor política de inclusión es un contrato de trabajo. Y la mejor ayuda es aquella que acaba siendo innecesaria porque las personas han recuperado su independencia. Eso es lo que proponemos desde el Partido Popular: un modelo que combine solidaridad con eficacia y con responsabilidad.
Irene Garrido, portavoz de Inclusión y Seguridad Social del GPP en el Congreso y exsecretaria de Estado de Economía.