Después de más de cinco años de lucha, Pilar celebraba el pasado mes de mayo que, por fin, el juez había fijado para este 9 de julio el desahucio de su inquiokupa, una mujer que lleva forzando su vulnerabilidad desde el primer momento, ya que, tal y como publicó Libre Mercado, durante todo este tiempo, ha tenido ofertas de empleo e incluso ha rechazado varias viviendas sociales.
Con todo, la propietaria —una jubilada gallega a la que incluso le llegaron a embargar su pensión por no pagar el agua de quien vivía a su costa— esperaba con ansia la llegada de este momento. Lo que jamás imaginó es que, después de tanto sufrimiento, todavía le quedaría por recibir un mazazo más. Puntual, Pilar acudió este miércoles a su piso con la ilusión de recuperarlo. Sin embargo, pasados apenas 7 minutos de la hora establecida, la gestora judicial se cansó de esperar al cerrajero y, ante la incrediludad de los allí presentes, suspendió el desahucio, por lo que, según sus abogados, aunque pedirán que se fije una nueva fecha, es probable que el proceso se posponga hasta septiembre.
"Estoy completamente derrotada. No tengo ni fuerzas para hablar —aseguraba Pilar a LM nada más conocer la noticia—. Esto no me lo esperaba. Solo puedo llorar". Según su relato, a las 10:01 horas, los funcionarios del juzgado se personaron en la vivienda. Tras llamar al timbre y comprobar que no había nadie dentro, bajaron y preguntaron por el cerrajero. "Mi abogado les respondió que estaba de camino, que podía tener un retraso por tráfico o por lo que fuera, pero que estaba de camino. Pero ella rápidamente dijo que no podía ser, que se tenía que ir porque tenía que continuar con su trabajo y se fue. Sin más. Y allí nos dejó a todos con la boca abierta", denuncia Pilar.
Su abogado, Xaime da Pena, tampoco da crédito a lo sucedido: "Esto fue a las 10:07 horas y estamos hablando de un procedimiento judicial de casi 6 años. Es decir, que por 7 minutos y por un agente externo, que es un cerrajero, la persona que representa a la Justicia hoy no ha cumplido una orden de un juez y ha decidido irse con malos modales. Es una auténtica locura".
6 años esperando y no esperan al cerrajero!! pic.twitter.com/vDf0BDqRw4
— Xaime da Pena - dP Abogados (@dPabogados_) July 9, 2025
Tanto el letrado como la propietaria denuncian, además, que la gestora judicial mantuvo una actitud beligerante desde el primer momento. "Nada más llegar ya le molestó que hubiera tanta prensa", insiste Pilar. "Les intentó echar", denuncia da Pena, algo que corroboran todos los allí presentes. Sea como fuere, tal episodio da así al traste con todas las esperanzas de una pensionista que, después de tantos años de lucha, todavía tendrá que seguir esperando, casi con toda seguridad, hasta, como mínimo, el próximo mes de septiembre, ya que agosto es un mes inhábil judicialmente hablando.
Cuando la solidaridad sale cara
La historia de esta inquiokupación se remonta al año 2019. "Apareció esta señora con su hija, que de aquella tenía 11 años, y nos dijo que, como era marroquí, nadie le alquilaba una vivienda, así que, como mi marido era muy sensible, decidió alquilársela por 370 euros al mes", recuerda Pilar. El precio era irrisorio para un piso situado en el centro de La Coruña, y más si se tiene cuenta que, como apunta la propietaria, acababan de reformar el piso por completo. "Calefacción y todo. Todo nuevo", subraya.
En enero de 2020, sin embargo, la mujer se quedó sin empleo y empezaron los problemas. "La Xunta de Galicia le pagó tres meses, pero luego dejó de pagar", explica Pilar, que incluso cuando su marido falleció —en mayo de ese mismo año—, le dio una segunda oportunidad. "Como el contrato lo había firmado con él, me pidió que le hiciera yo uno a mi nombre y accedí", lamenta. Lejos de agradecérselo, se aprovechó de la situación e incluso se enfrentó a ella. "Yo siempre traté con tu señor, tu señor ya no está y yo ahora no puedo pagarte y no me voy a ir debajo de un puente con mi hija", le dijo.
Pilar, que se solo tenía su pensión para salir adelante, trató de hacerla entender que su situación tampoco era fácil. "Mira, yo ahora estoy sola, necesito el piso o que me pagues, pero si no, te tienes que ir", le explicó de la mejor manera posible. La propietaria contaba con que se resistiera, pero no con lo que realmente sucedió: "Me dijo literalmente ‘te voy a joder la vida y no te voy a pagar y no me voy a ir’, y así llevamos camino de cinco años".
Desesperada, ya en 2021, Pilar la denunció por impago. Entre tanto, descubrió que sí estaba trabajando y se puso en contacto con ella para preguntarle si iba a empezar a pagarle todo lo que le debía, pero aquello solo sirvió para empeorar las cosas. "Su respuesta fue que, si la volvía a llamar, me denunciaba y que, mientras el juez no lo ordenase, no me iba a pagar nada". Finalmente, la Justicia le dio la razón a Pilar y fijó una fecha de lanzamiento. Sin embargo, su ya inquiokupa se declaró vulnerable, acogiéndose al polémico decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
¿Vulnerable o cara dura?
Desde entonces, la propietaria. a la que incluso le llegaron a embargar la pensión por no pagarle el agua, ha ido viendo con impotencia cómo se reía de ella. "La madre con una orden de desahucio de su piso de A Coruña comienza a trabajar la próxima semana en una pizzería", titulaba La Voz de Galicia en un artículo fechado el 14 de enero de 2022. "La institución Padre Rubinos le pagará el alquiler para evitar que la mujer y su hija de 10 años sean desalojadas de su vivienda", añadía la noticia.
Unos días más tarde, el propio diario le dedicaba otro artículo en el que se la podía ver ya trabajando en los fogones del restaurante y donde se aseguraba que desde la fundación Padre Rubinos "le pagaron el alquiler para evitar así el desahucio". Lo que sucedió con ese dinero es una incógnita, pero lo que está claro es que jamás llegó a quien tenía que llegar. "Eso fue lo que ella dijo a La Voz de Galicia, pero la fundación Padre Rubinos jamás se puso en contacto conmigo y jamás me ha pagado nada. Si le ha pagado a ella y se lo ha quedado, no lo sé, pero yo jamás he recibido ni un euro", denuncia Pilar, a la que su inquiokupa debe a día de hoy más de 22.000 euros.
Hasta los Servicios Sociales constataron que ya estaba trabajando y cobrando un sueldo de 1.100 euros y que, por tanto, no se encontraba "en la misma situación de exclusión social", pero en aquel momento tampoco eso sirvió de nada. Ni siquiera el hecho de que estos mismos profesionales certificasen que le habían facilitado todo tipo de ayudas económicas y hasta varias alternativas habitacionales hizo cambiar de opinión al juez. "Fueron varias las viviendas ofertadas, visitadas y vistas y todas fueron rechazadas por la interesada", rezaba el informe al que ha tenido acceso Libre Mercado.
A pesar de las evidencias, hasta hace unos meses, el juez siempre se había negado a revisar el procedimiento, limitándose a prorrogar de manera automática la primera suspensión del desahucio, que data de 2021. Sin embargo, el hecho de que, finalmente, el pasado mes de mayo accediera a ello no solo dio esperanzas a Pilar, sino al resto de las víctimas de esta lacra. Lo que nadie imaginaba es que, lejos de tener un final feliz, la agonía se prorrogaría todavía más. En esta ocasión, por culpa de un cerrajero, pero, sobre todo, de una gestora judicial a la que, como recuerda Pilar, "pagamos todos con nuestros impuestos" y no ha tenido a bien esperar más de 7 minutos.