Pedro Sánchez se dispone a cometer el mayor atropello económico desde que llegara a Moncloa. A cambio de la investidura de Salvador Illa, el PSOE pactó con los independentistas la gestión, recaudación y liquidación del 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña, y para 2026, ya quiere haberles entregado el impuesto estrella: el IRPF. Esta concesión supone una ruptura en el sistema de financiación autonómica sin precedentes en España y se produce después de que ERC haya prestado su apoyo a Sánchez en el Congreso esta semana, en pleno escándalo de la corrupción en el Gobierno.
El próximo lunes, se celebra en Barcelona una comisión bilateral Estado-Generalidad-ERC donde se pretende ir cerrando el traspaso del impuesto por el que más recaudan las CCAA, que es el IRPF. Estamos ante un regalo por la friolera de unos 25.000 millones de euros que implicará reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)
A cambio de la entrega de la "llave de la caja" de los impuestos autonómicos a Cataluña y de su desconexión fiscal, la región de Salvador Illa tendrá que ingresar a la caja común una contraprestación por los servicios de los que se beneficiará gracias al resto de España. Es decir, "un cupo" similar al del País Vasco y Navarra. A esta aportación, Cataluña le sumará una cuota de "solidaridad" con el resto de CCAA que será temporal.
Sin embargo, ni el Gobierno ni la Generalidad ni los independentistas han desvelado de qué cuantías estamos hablando o en qué consistirán las fórmulas. Esa es una de las claves principales del acuerdo con los independentistas y la gran incógnita. Eso sí, cabe esperar que estaremos ante un cálculo poco transparente y con el que Cataluña saldrá ganando con el dinero que independentistas y socialistas decidan que deberá a abonar al Estado.
Más impuestos o recortes
Lo que sí está claro es que esta entrega a Cataluña será profundamente insolidaria. Gracias a lo que aporta cada comunidad autónoma al sistema de financiación, las regiones menos prósperas de España pueden tener una mejor sanidad o una mejor educación, que no tendrían sin las aportaciones de las comunidades más boyantes. Esas aportadoras netas son Madrid, Cataluña y, en menor medida, Baleares.
Por tanto, el plan de la segunda región más rica del país con su salida de la caja común consiste, precisamente, en ser menos solidaria y en redistribuir menos sus recursos. En este sentido, la única posibilidad de que el Gobierno de Sánchez no recorte la financiación al resto de CCAA tras esta cesión insólita al independentismo sería aumentar la fiscalidad en el resto de regiones.
"Las implicaciones cualitativas del acuerdo están muy claras. Resulta evidente que el objetivo último del nuevo sistema es recortar sustancialmente la aportación catalana a la caja común del Estado. Inevitablemente, por tanto, los recursos disponibles para la solidaridad interterritorial y las políticas sociales de ámbito nacional se reducirán y alguien tendrá que apretarse el cinturón a través de menores prestaciones o mayores impuestos presentes o futuros" advertía Fedea en un informe.