El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Félix Bolaños, se encuentra en el centro de la polémica tras negarse a revelar datos sobre las indemnizaciones abonadas a hombres que fueron privados de libertad de manera injusta bajo la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La resolución que deniega esta información lleva la firma de Verónica Ollé Sesé, quien ocupa el puesto de Directora General para el Servicio Público de Justicia desde septiembre de 2024.
Esta opacidad no se limita a los casos relacionados con la mencionada ley de violencia de género, sino que abarca a cualquier persona que haya sufrido privación de libertad injusta, independientemente del sexo o de la normativa que se le haya aplicado. Así, el Ministerio evita dar luz sobre el impacto económico de estas compensaciones. Libertad Digital ha tenido acceso exclusivo a esta información, destapando otro nuevo episodio de secretismo por parte del Ejecutivo. La solicitud de datos, que incluye detalles como el número de beneficiarios y el montante total de las indemnizaciones, queda sepultada bajo un formulario farragoso llamado: Solicitud de Indemnización por Responsabilidad Patrimonial de la Administración de Justicia.
La instancia para reclamar estas compensaciones, aunque existe y detalla los requisitos para su tramitación, parece ser un obstáculo más que una herramienta útil, al no estar respaldado por un sistema que facilite el acceso a estadísticas claras y públicas.
La solicitud de información
La petición dirigida al Ministerio de Justicia buscaba esclarecer cuántas personas han solicitado compensaciones económicas tras haber estado encarceladas y luego ser absueltas o ver archivadas sus causas bajo la Ley Orgánica 1/2004. Además, se interesaba por cuántos de estos individuos lograron obtener dichas indemnizaciones, especificando si el motivo fue un fallo judicial, una detención preventiva indebida o un mal funcionamiento del sistema judicial. La consulta también abarcaba el total de días que estas personas pasaron privadas de libertad y el importe global desembolsado en estos pagos, todo ello desglosado por años desde 2014 hasta 2024. Por si fuera poco, se extendía a cualquier legislación que haya derivado en encarcelamientos injustos, ampliando así el alcance de la investigación más allá de la normativa de violencia de género.
Razones para la inadmisión
El Ministerio de Justicia fundamenta su rechazo en que los datos solicitados no están disponibles de forma inmediata en sus sistemas, y proporcionarlos exigiría un esfuerzo adicional que la Ley 19/2013, de Transparencia, no les obliga a realizar. Según la resolución, esta normativa exime a las instituciones públicas de generar información nueva o de llevar a cabo análisis que impliquen procesar datos existentes de manera distinta a como están registrados. En este caso, extraer las cifras pedidas supondría recopilar información dispersa en diferentes fuentes, organizarla según los criterios planteados y, posiblemente, interpretarla para ofrecer los desgloses anuales y temáticos requeridos.
La administración sostiene que las estadísticas sobre compensaciones por responsabilidad patrimonial no están unificadas ni clasificadas conforme a los parámetros solicitados, como el tipo de legislación implicada o las características de los afectados. Esta falta de centralización complica aún más la tarea, ya que habría que revisar caso por caso para determinar cuáles cumplen con los requisitos establecidos en la petición. La resolución subraya que la transparencia tiene límites legales, y que responder a esta demanda excedería las obligaciones impuestas por la ley, dejando en el aire una pregunta clave: ¿es esta una excusa técnica o una cortina de humo para evitar rendir cuentas o unos funcionarios con pocas ganas de hacer ese trabajo?
La existencia de un formulario oficial para tramitar estas indemnizaciones sugiere que los datos existen en algún formato, aunque no estén sistematizados de la manera que el Ministerio considera conveniente. La falta de una base de datos accesible y actualizada pone en entredicho la modernización de la Administración de Justicia, un objetivo que el propio Gobierno ha defendido en múltiples ocasiones.
Reclamación ante el Consejo de Transparencia
Frente a la cerrazón del Ministerio, el solicitante ha anunciado a Libertad Digital su intención de elevar el caso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo encargado de velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Este paso busca que se reexamine la decisión y se obligue a la administración a entregar los datos demandados, bajo el argumento de que la claridad en la gestión pública es un pilar esencial de la democracia. La ciudadanía, según esta postura, tiene derecho a saber cuánto se ha pagado por fallos judiciales o por el mal desempeño de la justicia, especialmente en temas tan controvertidos como los relacionados con la privación de libertad.
El Consejo, que actúa como árbitro en disputas de este tipo, podría marcar un precedente sobre hasta dónde llega el deber de transparencia de las instituciones. La reclamación pone el foco en la necesidad de que el Gobierno rinda cuentas, no solo en este caso concreto, sino en todos aquellos que afectan al erario público y a la confianza en el sistema judicial.