El Gobierno comienza a romper este lunes la caja común con la entrega del IRPF a Cataluña. Acabar con el actual sistema de financiación autonómica supone el mayor atropello económico desde que Pedro Sánchez llegara a Moncloa.
A las 12:00 horas se han reunido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y los consejeros de la Presidencia y de Economía y Hacienda, Albert Dalmau y Alícia Romero, en la comisión bilateral en Barcelona con la que pretenden perpetrar la desconexión fiscal de Cataluña del resto de España. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha acudido al acto.
A cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad, el PSOE pactó con los independentistas la gestión, recaudación y liquidación del 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña. Ahora, los independentistas han aprovechado los escándalos de corrupción que acechan al Gobierno para acelerar la toma de la Agencia Tributaria como contrapartida de su apoyo a Sánchez.
Las pinceladas del acuerdo
En un acto conjunto, Ángel Victor Torres y Albert Dalmau han comparecido para explicar lo que han llamado "las bases" del acuerdo, aunque los detalles han consistido solo en pinceladas sobre la creación de "una Hacienda catalana que trabaje de forma autónoma, pero también en cooperación con la Hacienda española, empezando por el IRPF" ha dicho Dalmau.
"Hemos acordado los cimientos de la nueva financiación singular para Cataluña" ha dicho Torres. "Ambas administraciones nos comprometemos a trabajar por el despliegue de la Agencia Tributaria catalana y a impulsar cambios legislativos para que la Agencia Tributaria catalana lleve a cabo competencias como la gestión del IRPF y después el resto de tributos" ha añadido.
Torres ha asegurado que el acuerdo, al que se pueden sumar el resto de CCAA, hace desaparecer "las entregas a cuenta" que el Estado hace sistemáticamente a las regiones. Las entregas a cuenta son los anticipos que reciben cada mes las regiones -y que figuran en los PGE- en concepto de lo que estima el Estado que van a recaudar ese año de los impuestos del sistema de financiación (IRPF, IVA e Impuestos Especiales).
Según el ministro socialista, lo pactado respeta los principios de "suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal y solidaridad" mientras otorga "más competencias para la Agencia Tributaria catalana por el IRPF". Habrá un grupo de trabajo "entre los dos gobiernos" para llevarlo a cabo. "A la mayor premura posible" pretender llevar "la modificación legislativa al Consejo de Ministros" informó en referencia a la modificación de la LOFCA. "Del mismo modo que, a la vuelta del verano, pretendemos llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo modelo de financiación autonómica" avanzó.
A pesar de la cita del lunes, todavía son muchas las incógnitas que giran alrededor de esta concesión histórica (fechas, números...), así como las consecuencias que oculta el Gobierno al resto de españoles. A continuación, las principales interrogantes.
Para el inspector de Hacienda Francisco de la Torre, el documento del pacto presentado hoy está cargado de "una enorme ambigüedad y contradicciones que, aunque la idea nos lleva a un sistema asimétrico confederal con País Vasco, Navarra y Cataluña como territorios privilegiados, hay pocos detalles. Parece más una patada para adelante en la que sólo se deja claro que se quiere ceder el IRPF a Cataluña cuanto antes, aunque ¿realmente tienen la capacidad para hacerlo?" se pregunta en declaraciones a LM. "Gestionar el IRPF desde una autonomía no es fácil por el volumen de retenciones existentes y, además, la fragmentación tiene mayor coste para todos" recuerda el co-autor, junto a Jesús Fernández-Villaverde, del libro: "La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía".
De la Torre considera que "todavía hay que esperar a ver cuáles son las próximas modificaciones de las normas, como la LOFCA o la ley de cesión de tributos" y pronostica que "es probable que sean presentadas como proposición de ley, un trámite más rápido".
Todavía se desconocen los números
A cambio de la entrega de la "llave de la caja" de los impuestos autonómicos a Cataluña, la región tendrá que ingresar a la caja común una contraprestación por los servicios de los que se beneficiará gracias al resto de España. Es decir, "un cupo" similar al del País Vasco y Navarra. A esta aportación, Cataluña le sumará una cuota de "solidaridad" con el resto de CCAA que será temporal.
Sin embargo, en la reunión de hoy no han desvelado de qué cuantías estamos hablando o en qué consistirán las fórmulas. Esa es una de las claves principales del acuerdo con los independentistas. Eso sí, cabe esperar que estaremos ante un cálculo poco transparente y con el que Cataluña saldrá ganando con el dinero que independentistas y socialistas decidan que deberá a abonar al Estado. Según Torres, esa aportación "será transparente".
¿Podrán los inspectores de Illa asumir el IRPF?
Sánchez quiere haber entregado a Cataluña el impuesto estrella de Hacienda, el IRPF, ya en 2026. Después vendrá la entrega del resto de tributos, como el IVA. Para asumir el control de unos de unos 25.000 millones de euros extra, la Agencia Tributaria Catalana anunció el pasado mes de mayo la ampliación de su plantilla con 200 nuevas plazas, "con el objetivo de dotarla de los recursos humanos necesarios para asumir nuevos retos y competencias". De esta manera, "la ATC inicia el aumento de su plantilla actual, compuesta por cerca de 830 profesionales, con el objetivo de que progresivamente pueda asumir nuevos retos en el ámbito tributario" presumió.
Según fuentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), actualmente, la delegación catalana cuenta con 3.800 inspectores en Cataluña que gestionan, entre otros impuestos, el IRPF. ¿Qué futuro le espera a esta plantilla? ¿pasarán a formar parte de la ATC con la ruptura de la caja? Cabría preguntarse.
Más impuestos o recortes
En el Gobierno de Sánchez se niegan a reconocer que la concesión de este privilegio a Cataluña será profundamente insolidario. Gracias a lo que aporta cada comunidad autónoma al sistema de financiación, las regiones menos prósperas de España pueden tener una mejor sanidad o una mejor educación, que no tendrían sin las aportaciones de las comunidades más boyantes. Esas aportadoras netas son Madrid, Cataluña y, en menor medida, Baleares.
Por tanto, el plan de la segunda región más rica del país con su salida de la caja común consiste, precisamente, en ser menos solidaria y en redistribuir menos sus recursos. En este sentido, la única posibilidad de que el Gobierno de Sánchez no recorte la financiación al resto de CCAA tras esta cesión insólita al independentismo sería aumentar la fiscalidad en el resto de regiones.
Federalismo en Cataluña y centralismo en Madrid
El Gobierno lleva meses defendiendo que el acuerdo con ERC favorece el "federalismo", la "competencia fiscal" y el "autogobierno", precisamente, lo contrario que lleva exigiendo para la Comunidad de Madrid.
Por tanto, resulta llamativo que el Gobierno pretenda otorgar "federalismo" para Cataluña mientras promueve el centralismo para Madrid queriendo secuestrar a nivel Estatal los impuestos autonómicos de Sucesiones o de Patrimonio. De hecho, María Jesús Montero lleva años abogando por la "armonización fiscal" de las autonomías, que no es otra cosa que obligar a las regiones que menos impuestos cobran a sus ciudadanos a subir su fiscalidad, como la región de Ayuso. Con Patrimonio Sánchez ya lo ha conseguido y ha logrado que Madrid recupere el impuesto para engordar las arcas de Hacienda. Esto resulta toda una incoherencia.
¿Y si Madrid pide lo mismo?
Como ya ocurriera con la condonación de la deuda catalana, que irá incluida en este acuerdo, como sería demasiado escandaloso que la prebenda de Sánchez al independentismo fuera dirigida exclusivamente a Cataluña, el Gobierno asegura que permitirá que otras CCAA se sumen al nuevo modelo, aunque no ha especificado si habrá algún tipo de limitación.
El portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), preguntado por Libre Mercado sobre cuál sería el panorama al que se enfrentarían la Agencia Tributaria y el Gobierno de Sánchez si la Comunidad de Madrid diera un golpe en la mesa y pidiera también gestionar y recaudar todos sus impuestos, los inspectores de Hacienda fueron tajantes.
"El modelo desaparecería. Sería un cambio radical. Si esto pasara, desaparecería la Administración General del Estado. Si todas las comunidades ricas se quedan con su dinero, pues el Estado se quedaría sin fondos. Sería su desaparición" alertaron. Cabe recordar que la Comunidad de Madrid es el mayor motor económico de España, la mayor aportadora neta del sistema y la que más recauda, por lo que si Cataluña se desconecta fiscalmente, la región de Ayuso sería la que más esfuerzos tendría que hacer, con mucha diferencia del resto, para sufragar los servicios públicos del país.