En Argentina, las "facultades delegadas" son un mecanismo constitucional especial (previsto en el art. 76 de la Carta Magna) que permite al Congreso otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de dictar normas con rango de ley en materias específicas y por plazo determinado. Su razón de ser es la urgencia o la necesidad de llevar adelante reformas que, en tiempos de hiperlegislación y burocracia, podrían naufragar en el Congreso o demorarse indefinidamente.
Eso fue exactamente lo que ocurrió en diciembre de 2023, cuando el presidente Javier Milei obtuvo de un Congreso mayoritariamente peronista la aprobación de la Ley de Bases y, con ello, la autorización para delegar en su gobierno un paquete de atribuciones que le permitiera llevar adelante lo que definieron como la mayor desregulación del Estado argentino en décadas.
El objetivo: desmontar el gigantesco aparato estatal y regulatorio que, según el gobierno liberal, "asfixia al sector privado" y alimenta una red de intereses corporativos, políticos y sindicales. El reto fue desarrollado esencialmente a través del nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza el prestigioso economista liberal Federico Sturzenegger.
El resultado del periodo especial de aplicación que ahora acaba de llegar a su fin ha sido la emisión de 65 decretos y la puesta en marcha de 101 medidas de desregulación y simplificación que, en muchos casos, implicaron la eliminación o transformación de organismos públicos, la privatización de empresas estatales, la supresión de trámites absurdos, y cambios normativos que afectaron sectores clave de la economía.
Buena parte de las primeras medidas de Sturzenegger consistió en disolver organismos nacionales que el gobierno consideraba "inútiles, duplicados o politizados". Entre los más emblemáticos, distintos órganos dedicados al tráfico y la seguridad vial, instituciones en que se impulsaban políticas "woke", centros sanitarios que duplicaban las estructuras propias del Ministerio de Salud, centros donde se colocaba a miles de afines al peronismo en nombre de promover la "agricultura familiar", etc.
Asimismo, se detectaron decenas de institutos de perfil histórico o cultural, como el Instituto Nacional Belgraniano, Browniano, Newberiano, Sanmartiniano, el Juan D. Perón de Estudios e Investigaciones, el Museo Nacional de Bellas Artes o el Instituto Nacional del Teatro. Según el gobierno, entre el 65% y el 85% del gasto de dichas entidades iba directamente a pagar sueldos, lo que da cuenta del sentido clientelar de estas estructuras.
En la misma línea, Sturzenegger diseñó las autorizaciones para privatizar varias empresas públicas, entre ellas Intercargo (encargada de servicios auxiliares en aeropuertos), Corredores Viales (gestora de autopistas y carreteras), Energía Argentina - ENARSA (centrada en la importación y comercialización de gas y petróleo), Banco Nación (entidad financiera en manos del Estado) o Yacimiento Carbonífero Río Turbio (una empresa encargada de manejar una explotación de carbón en Santa Cruz).
En el caso de ENARSA, la medida se solapa con la desregulación energética que también ha sacado adelante el Ejecutivo. Varias normas alteraron profundamente dicho paradigma:
- Modificación de las leyes 24.076 y 24.065, para permitir que cualquier privado contrate la electricidad con el proveedor que desee, eliminando el monopolio de CAMMESA, la empresa mixta que administraba el mercado eléctrico mayorista.
- Liberalización de la actividad privada para ampliar redes eléctricas, rompiendo con lo que hasta ahora era una facultad casi exclusiva del Estado.
- Desregulación del Gas Licuado de Petróleo (GLP), eliminando trabas a la competencia y autorizando la importación libre de garrafas, lo que podría reducir precios en el mercado interno.
Otro bloque muy relevante sobre el que ha actuado el gobierno de Milei es el de la simplificación administrativa. Así, se han adoptado mejoras como las siguientes:
- Eliminación del trámite de "libre deuda" que retrasaba semanas las transacciones inmobiliarias.
- Eliminación del Registro de Constructores y otras estructuras sectoriales similares que, según Sturzenegger, sirven como "barreras de entrada" a dichas ramas de actividad.
- Eliminación de trámites innecesarios en servicios digitales, permitiendo el ingreso de nuevos competidores en campos como las telecomunicaciones y plataformas online.
- Eliminación de certificados y formularios para las inversiones mineras, con ánimo de acelerar el proceso exploratorio y el inicio de la explotación.
- Eliminación de las jornadas obligatorias del programa "Educar en Igualdad", una agenda educativa instaurada por el kirchnerismo y marcada por el adoctrinamiento "woke".
Varias decisiones adoptadas por el ministerio tuvieron el efecto de fusionar entidades públicas, persiguiendo el ahorro y la eficiencia en la gestión. Ejemplo de ello es la integración del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica y el Servicio Geológico Minero Argentino o el Archivo Nacional de la Memoria y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.
Quizá la mayor "poda" se vio en los llamados "fondos fiduciarios", que son estructuras autónomas de gasto creadas en décadas de gobiernos previos para financiar políticas específicas. En la mayoría de los casos, hablamos de organizaciones públicas opacas o duplicadas. Entre los más de 30 fondos eliminados destacan CUS (salud), FODIS (renovables), FONDOCE (capital riesgo), FONAE (emergencias), PROGRESAR (financiación a estudiantes) o FFFIR (infraestructuras). Muchos de estos fondos acumulaban enormes recursos y, según el gobierno, se habían transformado en "cajas de gasto político".
Una transformación de época
El paquete de reformas de Sturzenegger y el gobierno de Milei es de un alcance pocas veces visto en la historia reciente de Argentina. Implica no solo un ajuste económico sino también un profundo cambio cultural: reducir la presencia del Estado en todos los ámbitos de la actividad privada, acabar con estructuras superfluas y obstruccionistas y, sobre todo, liberar recursos económicos para la iniciativa privada.