La inflación no solo castiga el bolsillo de los ciudadanos reduciendo su poder adquisitivo. También se convierte, en la práctica, en una fuente de ingresos fiscales adicional para el Estado, incluso sin necesidad de aprobar formalmente ninguna subida de impuestos.
Un estudio recientemente aceptado para publicación en el Journal of Economics revela con precisión cuánto supuso esta subida silenciosa para los contribuyentes españoles en el año 2022: más de 1.187 millones de euros de recaudación adicional, provocada exclusivamente por el hecho de no haber actualizado la escala estatal del Impuesto sobre la Renta conforme al aumento de los precios.
El análisis, firmado por los economistas José Félix Sanz (Universidad Complutense) y María Arrazola (Universidad Rey Juan Carlos), desarrolla un modelo que se centra exclusivamente en la falta de indexación de la tarifa estatal del IRPF. Es importante subrayar, como aclaran sus autores, que no se evalúa en este trabajo el impacto sobre otros elementos del impuesto, como deducciones, reducciones, mínimos personales o familiares, ni tampoco la tarifa autonómica.
Los autores distinguen dos vías por las que la inflación eleva la recaudación, incluso sin cambios legislativos:
- Componente estático. Es el aumento automático de la carga fiscal que sufren los contribuyentes cuando los tramos de la tarifa estatal permanecen congelados mientras los precios suben. Este efecto explica el 94% del incremento total estimado, es decir, 1.113 millones de euros.
- Componente dinámico. Está vinculado a los incrementos salariales nominales que tratan de compensar la pérdida de poder adquisitivo. Aunque una persona reciba una subida que solo cubre la inflación, su sueldo nominal puede cruzar parcial o totalmente a un tramo superior del impuesto, lo que eleva su tipo efectivo. Esta segunda vía generó otros 74 millones de euros.
Durante el bienio 2021-2022, la inflación acumulada en España fue del 12,57%, pero el Gobierno no ajustó la tarifa estatal del IRPF, ni las deducciones ni otros parámetros básicos. El resultado es una subida silenciosa de la presión fiscal, que se produce sin votación parlamentaria y pasa prácticamente inadvertida para los contribuyentes.
El estudio muestra que la falta de indexación perjudica especialmente a las clases medias y medias-altas, al ser quienes más transitan por tramos intermedios, donde el efecto acumulado es mayor.
Por ejemplo, los contribuyentes situados en el segundo tramo estatal (ingresos entre 20.200 y 35.200 euros) fueron los más afectados en términos absolutos: esa franja generó 396 millones de euros de recaudación adicional, el 35,6% del total estimado. Le sigue el tramo inmediatamente inferior (de 12.450 a 20.200 euros), con 313 millones, mientras que los tramos altos, como el comprendido entre 60.000 y 300.000 euros, aportaron 129 millones. El último tramo, reservado a las rentas superiores a 300.000 euros, apenas sumó 7,9 millones, una cifra marginal comparada con el impacto en las rentas medias.
Aunque la penalización media por contribuyente es mayor cuanto más alta es la renta (hasta 886 euros por persona en el tramo superior), el grueso de la recaudación extra proviene de quienes están en el corazón de la pirámide tributaria, es decir, asalariados con sueldos medios o ligeramente superiores a la media. Además, el modelo permite cuantificar cómo un tramo mal actualizado afecta no solo a quienes están en él, sino también a quienes lo atraviesan para llegar a otro superior. De hecho, más del 39% del sobrecoste fiscal recayó sobre contribuyentes que ni siquiera se encontraban formalmente en el tramo afectado, sino en tramos superiores que absorbieron el efecto acumulado.
El fenómeno alcanza también a las rentas del capital. Aunque el IRPF español grava el ahorro mediante una escala separada, esa tarifa estatal tampoco se actualizó, lo que supuso un coste extra de 1,67 millones de euros. Aunque modesta comparada con la cifra generada por las rentas del trabajo, demuestra que la erosión fiscal por inflación afecta a todo el sistema salvo que se corrija explícitamente mediante mecanismos de indexación.
Los autores proponen institucionalizar un mecanismo de actualización anual de la tarifa estatal del IRPF. Concretamente, sugieren indexarla a la inflación real, corregida por el objetivo de estabilidad de precios (2%) y ajustada por la elasticidad de la base imponible respecto a la renta bruta, que en el caso español se estima en el 95%. Eso habría supuesto un ajuste razonable del 8,4% para el ejercicio 2022.
Finalmente, el trabajo lanza una advertencia crucial: la idea de que para que exista "progresividad en frío" es necesario que las rentas nominales crezcan menos que la inflación es falsa. El modelo demuestra que la progresividad en frío se produce incluso si las rentas nominales permanecen estables o incluso si se reducen.
En definitiva, la falta de indexación no es una cuestión técnica menor. Supone un aumento encubierto de la presión fiscal, sin transparencia ni debate parlamentario, y con un impacto especialmente fuerte sobre las clases medias. En un momento en que se discute la carga tributaria y la necesidad de reformas, este estudio ofrece una valiosa evidencia empírica sobre cómo se producen subidas de impuestos invisibles… aunque nadie las haya votado.