Nuevo golpe judicial para España por el impago de los laudos arbitrales derivados del hachazo retroactivo a las energías renovables. Esta vez, la orden llega desde Bélgica. El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha autorizado el embargo ejecutivo de las cuentas bancarias del operador público Enaire, gestora del tráfico aéreo español, como respuesta al reiterado incumplimiento del laudo dictado en el caso RREEF Infrastructure GP Ltd vs Reino de España.
El fallo judicial afecta directamente a los fondos gestionados por Eurocontrol, la agencia europea responsable de las tasas por el uso del espacio aéreo, que transfiere cada año hasta 500 millones de euros a Enaire. Una parte de ese flujo quedará ahora bloqueada. La decisión judicial amenaza con tener consecuencias operativas sobre los servicios aéreos, justo en el pico de la temporada estival.
El caso que ha motivado este embargo se remonta a una inversión realizada entre 2007 y 2010 por la firma RREEF, vinculada al grupo Deutsche Bank, en parques eólicos y solares de Andalucía. Las condiciones ofrecidas entonces por el gobierno español se basaban en primas garantizadas, diseñadas para atraer capital extranjero. Pero entre 2010 y 2014, el Ejecutivo alteró las reglas de forma retroactiva, destruyendo la rentabilidad esperada por los inversores. El CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, concluyó en 2019 que España había violado los principios de trato justo, equidad y estabilidad, y ordenó una indemnización de 59,6 millones de euros más intereses.
El Reino de España se ha negado a pagar durante años, apoyando su estrategia en un argumento que acaba de ser desmontado. Según la defensa pública —en manos del bufete NautaDutilh—, los laudos intraeuropeos no son ejecutables mientras la Comisión Europea mantenga abierta su investigación sobre este régimen de ayudas. Pero el tribunal belga no ha comprado esa tesis. La jueza Els De Breucker consideró irrelevante esa línea argumental al confirmar que la matriz de RREEF está domiciliada en el Reino Unido, ya fuera de la UE, por lo que el caso no puede considerarse intraeuropeo. El procedimiento lo ha liderado el despacho Loyens & Loeff en nombre de Blasket Renewable Investments, actual titular del crédito.
La orden judicial exige a Eurocontrol notificar el embargo a Enaire en un plazo máximo de 15 días. Aunque no trasciende aún qué cuantía concreta será inmovilizada, los afectados advierten de que cualquier bloqueo de estos flujos podría alterar el funcionamiento ordinario del sistema aéreo español, tanto en vuelos comerciales como en operaciones logísticas.
Con este nuevo caso, España acumula ya 26 laudos arbitrales firmes sin abonar, todos vinculados al recorte retroactivo de las primas a las renovables. El pasivo reconocido supera los 1.490 millones de euros, a los que hay que añadir más de 180 millones en intereses de demora y 90 millones en condenas en costas. Si se suman los costes legales y periciales asociados, las obligaciones económicas por este litigio podrían alcanzar los 1.865 millones de euros. Ningún otro país de la OCDE acumula semejante lista de impagos arbitrales. Solo Venezuela y Rusia figuran junto a España en el reducido grupo de Estados que han sido declarados deudores reincidentes en foros internacionales.
Este embargo se produce apenas unas semanas después de que el gobierno español decidiera pagar, por primera vez, uno de estos laudos —el correspondiente al grupo japonés JGC—, lo que abre la puerta a eventuales acuerdos. Los acreedores, entre ellos fondos institucionales de Reino Unido, Alemania, Japón o Estados Unidos, han reiterado su disposición a negociar, pero advierten de que la estrategia de dilación llevada a cabo por España solo ha servido para acumular intereses y dañar la imagen jurídica del país.
En el caso de RREEF, como en el resto de litigios abiertos, los inversores piden una solución pragmática y constructiva. Las órdenes de embargo son solo una muestra de lo que puede venir si no se resuelven estos conflictos: un deterioro adicional de la seguridad jurídica, un clima de desconfianza hacia la inversión internacional y un obstáculo serio para financiar la transición energética que exige el propio gobierno.