La Generalidad claramente no ha tenido ningún incentivo para controlar su endeudamiento desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. Los dos partidos oficialmente separatistas –Junts y ERC–junto con el que asegura no serlo –PSC– y lleva el récord en prebendas separatistas obtenidas han disparado la deuda hasta niveles nunca registrados con la vista puesta en dos mecanismos: la falsa condonación de su deuda –se trata de un empaquetamiento de sus números rojos al conjunto de contribuyentes españoles por medio de las cuentas del Estado– y la asignación de un cupo catalán ilegal con el que disparar sus ingresos y reducir sus aportaciones, de nuevo, con cargo a todos los contribuyentes españoles.
Las cifras son más que llamativas. Según los datos del Banco de España, Cataluña al cierre de 2017 mostraba una deuda pública total reconocida de 77.740 millones de euros. Pues bien, tras todo su trato privilegiado por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez, su deuda ha crecido hasta casi los 90.000 millones de euros en el primer trimestre de 2025: en concreto, 89.700 millones de euros. Y eso supone que su deuda ha crecido en 11.960 millones, casi el doble del crecimiento de la deuda experimentado en la Comunidad de Madrid (6.868 millones).
Es más, toda la deuda global de las CCAA en ese periodo ha crecido en 50.033 millones, lo que significa que el avance de la deuda catalana supone casi el 24% del total, un peso muy superior al que le corresponde por su PIB.
Traducido: la Generalidad catalana lleva pensando, desde la llegada de Sánchez al poder, en beneficiarse de su posición de privilegio en las negociaciones. Porque ha contado desde el principio con el traslado de su deuda al resto de regiones españolas y con la obtención de unos ingresos que no le corresponden.
Hacienda alerta de ruptura del sistema y tacha de ilegal el cupo catalán
Los inspectores de Hacienda, tras la reunión bilateral que el Gobierno tuvo con la Generalidad este pasado lunes para la poner en marcha el cupo catalán, no han dudado, de hecho, en calificar lo que está ocurriendo como una ruptura del sistema de financiación actual. "Hay que señalar que este modelo no está regulado en la Constitución ni en las normas de desarrollo, y, por tanto, mientras no se modifique la normativa, estamos hablando de un régimen ilegal, que además vulnera los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la Constitución" denuncia la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), una de las asociaciones que más tiempo lleva anticipando las consecuencias de esta "barbarie".
Y es que, a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura de Salvador Illa, y el urgente espaldarazo que necesita Pedro Sánchez en mitad del estallido de los casos de corrupción en el seno del Gobierno, Cataluña está a punto de hacerse con la joya de la corona de la financiación autonómica. Se trata de la llave de la caja de los impuestos. Y el regalo de Sánchez al independentismo empezará por el control del IRPF. "Se quiere que sea la Agencia Tributaria de Cataluña la que desarrolle la campaña de IRPF del año que viene" señalan los inspectores.
Y "si Cataluña recauda todos los impuestos, se verán perjudicadas el resto de Comunidades Autónomas que, tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos, y por tanto, tendremos ciudadanos de primera y de segunda" señala IHE, en la misma línea de otros organismos como Fedea.