La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una reforma de gran calado en la fiscalidad del tabaco y los productos que contienen nicotina. El plan, impulsado por el comisario Wopke Hoekstra, contempla una revisión de la Directiva sobre Impuestos Especiales al Tabaco (TED) con el objetivo de armonizar los tipos mínimos en toda la Unión Europea.
La propuesta a la que ha tenido acceso Libre Mercado incluye un aumento del 139% en el impuesto mínimo sobre los cigarrillos y un incremento del 258% en el tabaco de liar. Además, plantea por primera vez la introducción de tipos mínimos para productos alternativos como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina, que pasarían a estar gravadas con un mínimo de 143 euros por kilogramo. Este último cambio implicaría, por ejemplo, una subida del 790% respecto al nivel actual en países como Suecia.
España, entre los países más afectados
El nuevo esquema fiscal tendría un impacto desigual en los Estados miembros, especialmente en aquellos con una mayor vinculación económica al cultivo y producción de tabaco. En el caso de España, el efecto sería especialmente notable.
Nuestro país es el segundo mayor productor de hoja de tabaco en Europa, solamente por detrás de Italia, y concentra el 98% de su producción en la comunidad autónoma de Extremadura, donde se perderían miles de empleos. Además, España ocupa el quinto lugar en producción de tabaco manufacturado dentro de la UE.
El sector alerta de que una subida generalizada de la carga impositiva sobre estos productos afectaría directamente a la cadena de valor del sector, reduciendo previsiblemente la demanda legal y comprometiendo la viabilidad de numerosas explotaciones agrícolas, empresas transformadoras y empleos vinculados.
Contrabando y economía sumergida
Distintos precedentes en Europa permiten anticipar efectos colaterales de este tipo de políticas fiscales. En Francia, por ejemplo, los impuestos especiales sobre el tabaco se encuentran entre los más altos del continente - y se estima que alrededor del 33% del mercado actual es ilegal.
En los Países Bajos, durante el mandato del actual comisario Hoekstra como ministro de Finanzas, la proporción de cigarrillos de contrabando pasó del 15% al 25% en apenas dos años. Este precedente hace aún más absurdo que el político neerlandés plantee semejante 'hachazo' fiscal a nivel europeo.
En España también existe una actividad significativa de comercio ilícito, especialmente en la zona del Estrecho de Gibraltar. El pasado 2024 se estimó que uno de cada veinte cigarrillos consumidos en nuestro país fueron obtenidos por esta vía, generando una pérdida recaudatoria de casi 300 millones de euros. Por tanto, una subida masiva de los precios podría reforzar el atractivo de estos canales ilegales, con el consiguiente perjuicio para la recaudación y para la seguridad.
Gravamen sobre productos de menor riesgo
Otro de los puntos sensibles del plan es la equiparación fiscal entre los productos tradicionales del tabaco y sus alternativas tecnológicasenos dañinas. La introducción de nuevos impuestos mínimos sobre los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina podría desincentivar el uso de estos productos, que muchos expertos consideran herramientas útiles en estrategias de reducción de daños.
Al penalizar fiscalmente estas alternativas, se ignora el ejemplo de países como Suecia, donde su uso ha permitido dejar la prevalencia del tabaco convencional por debajo del 5%, y se corre el riesgo de dificultar la transición de los consumidores hacia opciones potencialmente menos nocivas, justo en un momento en el que los países buscan mejorar los indicadores de salud pública sin recurrir necesariamente a la prohibición.
Enfoque armonizador
La propuesta también llama la atención por su enfoque centralizador. El establecimiento de tipos mínimos tan elevados parece colisionar con el principio de subsidiariedad, que permite a los Estados miembros adaptar sus políticas fiscales a sus condiciones económicas y sociales. Países con estructuras productivas o hábitos de consumo distintos podrían verse especialmente perjudicados por un modelo uniforme.
En este sentido, la armonización fiscal no solo tendría implicaciones económicas, sino también políticas. Algunos analistas advierten de que este tipo de medidas pueden generar tensiones entre los Estados miembros, al limitar su margen de maniobra en cuestiones sensibles para su desarrollo territorial o su modelo sanitario.