España ha pasado de ser una democracia avanzada con instituciones sólidas a convertirse en uno de los países con mayor deterioro institucional dentro del mundo desarrollado. Así lo evidencian los datos más recientes del Varieties of Democracy Institute (V-Dem), que alertan de una deriva preocupante para la calidad democrática, la seguridad jurídica y el atractivo económico del país.
El informe de V-Dem, que ha sido difundido por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank asociado a la CEOE, en el marco de su Informe de Coyuntura de julio de 2025, sitúa a España como el país que más ha empeorado desde 2019 en el ranking de control de la corrupción política de la OCDE.
En apenas cinco años que coinciden con la Era Sánchez, España ha subido del puesto 23 al 14. Una posición más alta en este índice significa más corrupción, lo que pone de manifiesto el declive institucional de España, que se sitúa ya en el grupo de los países más corruptos de todos los que integran la OCDE, militando en las filas de otros socios como México, Turquía, Hungría o Colombia.
Este índice otorga a España una puntuación de 10,3 sobre 100 en 2024. Traducido en términos relativos, ello representa un empeoramiento del 178 % desde 2019. Se trata del peor desempeño registrado en la OCDE durante los cinco últimos ejercicios. Además, a esta percepción institucional se suma un dato inquietante que aporta en su último informe del Estado de Derecho la Comisión Europea: a saber, que el 91 % de las empresas españolas considera que la corrupción está generalizada (frente al 64 % de la media comunitaria) y que un 51 % ve en ella un obstáculo real para sus actividades empresariales (media UE: 36 %).
El Índice de Seguridad Jurídica, en la misma línea
El deterioro institucional señalado por V-Dem y la Comisión Europea no es un hecho aislado. El Índice de Seguridad Jurídica del Instituto Juan de Mariana (IJM) —presentado este mismo julio de 2025 con datos finales para 2023— coloca a España en el puesto 20 de los 27 países de la Unión Europea, con una nota global de apenas 6,5 puntos sobre 10. Es la peor calificación histórica del país desde que se elabora esta serie.
La caída reflejada en la publicación del IJM afecta a pilares esenciales del Estado de Derecho como:
- Ausencia de corrupción: España cae también en el Índice de Transparencia Internacional, donde baja diez puestos en un año y se sitúa en la posición 46 mundial, su peor registro desde los años 90.
- Calidad regulatoria: España presenta un nivel de deficiencia regulatoria un 33,4 % superior al promedio europeo, lo que supone una barrera directa al emprendimiento y a la inversión.
- Estado de Derecho y control institucional: según el Banco Mundial, España está entre los cinco países desarrollados que más han deteriorado su calidad institucional desde el año 2000.
- Efectividad del gobierno: en mínimos históricos según el World Bank Governance Indicators (WGI), con un desplome desde 0,97 puntos en 2018 hasta 0,75 en 2023.
- Cumplimiento legal y respeto a los derechos fundamentales: España puntúa solo 0,72 en el índice sintético de funcionamiento de la justicia elaborado por el World Justice Project, lejos de países como Dinamarca (0,88), Suecia (0,85) o incluso Estonia (0,81).
El informe del IJM incluye además un estudio de caso ilustrativo: el régimen fiscal para trabajadores desplazados conocido como Ley Beckham.
La Agencia Tributaria otorgó durante años certificados que luego decidió desconocer, iniciando inspecciones retroactivas de hasta once años atrás. Esta ruptura del principio de confianza legítima ha generado una macrocausa con cientos de afectados, que denuncian inspecciones abusivas, falta de garantías procesales e incluso amenazas penales. El resultado ha sido una pérdida de credibilidad internacional y un clima fiscal disuasorio para el talento y la inversión.
Otra dimensión preocupante del informe del IJM está ligada a la creciente politización del Tribunal Constitucional. El 66 % de sus actuales magistrados han sido previamente cargos políticos. Además, se detecta un uso abusivo del decreto-ley como vía ordinaria de legislación: el actual presidente del Gobierno ha aprobado 155 decretos, 26 más que Felipe González, en la mitad de tiempo.
La Comisión Europea ya ha advertido del impacto negativo de esta práctica sobre la seguridad jurídica y la competitividad económica.
En su documento, el IJM concluye que España ha entrado en un círculo vicioso: cuanto más se deterioran las instituciones, más incentivos hay para el control político de las mismas, lo que erosiona aún más su independencia y su legitimidad.
La consecuencia directa es una pérdida de confianza, tanto interna como internacional, que mina las bases del crecimiento económico y la convivencia democrática.