Recientemente publicamos en Libre Mercado que Amsterdam&Partners, el bufete de abogados que ha decidido enfrentarse al Fisco español y señalar públicamente sus abusos contra los contribuyentes nacionales y extranjeros, estaba preparando varias ofensivas con las que pretendía evidenciar a nivel internacional el terror tributario que vivimos en nuestro país. Entre estas iniciativas se encontraba la publicación de una carta dirigida a la OCDE. Esta misiva (que cuenta con 24 páginas y en la que se remite a la información publicada en el informe del pasado mes de mayo Hacienda contra el Pueblo) finalmente fue enviada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el pasado 30 de junio, firmada por Robert Amsterdam y dirigida concretamente al Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann.
Así lo confirmaba Carlos Conde, asesor en España de Amsterdam&Partners, en el programa Con Ánimo de Lucro, quien en declaraciones a este medio detalla que en el núcleo de esta queja presentada a nivel internacional "se encuentra el presunto uso abusivo de los datos del Common Reporting Standard (CRS) —promovido por la OCDE—", destacando que entre las acusaciones más graves realizadas contra Hacienda se encuentra la referido al "uso de información financiera como herramienta coercitiva".
Conde subraya que la carta (a la que ha tenido acceso Libre Mercado) afirma literalmente que "numerosos contribuyentes han informado que los inspectores de la AEAT les dijeron: ‘Si no aceptas llegar a un acuerdo, remitiremos este asunto al Ministerio Fiscal’". Así, defiende que "estas amenazas se realizan sin pruebas de fraude y sin solicitar autorización previa a las jurisdicciones que proporcionaron la información bajo el CRS, lo que violaría el Artículo 22 del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (MAC)".
Incentivos a inspectores y fines partidistas
Con el envío de esta carta a la OCDE, el despacho pretende presentar una queja formal en relación con las "violaciones sistemáticas" cometidas por Hacienda contra lo establecido en diferentes convenios y marcos de transparencia de la OCDE, especialmente en lo que se refiere a la Ley Beckham (o Ley de Impatriados). "La conducta de España hacia estos contribuyentes impatriados pone en peligro la integridad del sistema de cooperación fiscal de la OCDE", afirman.
En este sentido, en su carta el bufete señala ante la OCDE que la raíz del problema se encuentra en el sistema de incentivos a los inspectores. "Durante nuestra investigación, hemos descubierto un sistema que no es apto para su propósito", explican en la misiva, subrayando que "en el centro de dicho sistema se encuentra un colectivo de inspectores mal remunerados, que logra alcanzar un salario digno mediante incentivos económicos ligados a la emisión de actas de inspección e imposición de sanciones a los contribuyentes, incentivos que se mantienen incluso cuando las actuaciones de la AEAT que los generaron son posteriormente anuladas o reducidas por vía administrativa o judicial"
Del mismo modo, en relación con el sistema de incentivos a los inspectores, el despacho destaca también la opacidad del mismo y subrayan que éstos "impregnan todo el sistema y fomentan actuaciones contrarias a la buena fe, al principio de confianza legítima, a la seguridad jurídica, al principio de proporcionalidad y, en general, al derecho a una buena administración". De hecho, añade que "en no pocas ocasiones, estos incentivos promueven conductas abusivas y abiertamente ilegales, que finalmente son revocadas por los tribunales". Asimismo, Amsterdam&Partners manifiesta cómo el Fisco español utiliza la información tributaria de acuerdo a fines políticos y partidistas, filtrando públicamente datos que deberían ser confidenciales. "Esta práctica reprobable está bien documentada y ha sido recientemente confirmada por la imputación del Fiscal General del Estado", aseveran.
Adicionalmente, en la carta se incluye que "el alto nivel de litigiosidad que rodea las actuaciones fiscales de la AEAT ha sido sistemáticamente denunciado como una falla estructural del sistema". De este modo, se expresa que "datos objetivos sobre el número de recursos administrativos y judiciales, las cantidades en litigio y el alto porcentaje de resoluciones favorables al contribuyente son características únicas del sistema tributario español que evidencian que padece graves patologías que los gobiernos sucesivos no han sabido o no han querido corregir".
Violaciones del derecho
Sin embargo, una de las claves principales de esta misiva es que detalla ante la OCDE que la Ley Beckham implica la violación sistemática de diferentes ordenamientos jurídicos. Por ello, solicitando "una revisión institucional y una acción correctiva" en nombre de los afectados y en defensa del interés público, en la carta se expresa que "la conducta de España, de no ser corregida, corre el riesgo de socavar la legitimidad y sostenibilidad del sistema tributario internacional que la OCDE ha construido".
Así, se recuerda a la OCDE que es parte de su mandato "orientar una política fiscal internacional justa, legal y coordinada" y se apunta que "la aplicación del Régimen de Impatriados en España viola el derecho interno español, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y varios instrumentos jurídicos clave de la OCDE", entre los que se incluye la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC), el Estándar Común de Reporte (CRS), el Modelo de Convenio de la OCDE sobre la Renta y el Patrimonio (MTC) y las mejores prácticas de la OCDE en cooperación administrativa y confidencialidad.
A este respecto, en la carta se exponen las claves más importantes de la conducta de Hacienda y se detallan las violaciones cometidas contra el Régimen de Impatriados. Entre otros: violación de la Confianza Legítima del Contribuyente Impatriado, acoso mediante requerimientos a terceros, intromisión en la vida privada y familiar, instrumentalización de plazos y sanciones, amenazas de criminalización y acuerdos coaccionados, intimidación sistemática a asesores legales, abuso del concepto de ‘simulación’ y de la potestad de "calificación, agresividad incentivada mediante sistemas de bonificación.
De hecho, en la carta se recuerda que España ha adquirido diversos compromisos con la OCDE que está incumpliendo. De este modo, se expone que nuestro país ratificó la Convención MAC, que entró en vigor en enero de 2013, y firmó en octubre de 2014 el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras (CRS MCAA). Además, España implementó el Estándar Común de Reporte (CRS) y se ha comprometido con el Programa Internacional de Aseguramiento del Cumplimiento (ICAP) de la OCDE. Del mismo modo, tal y como se explica en la misiva, nuestro país ha suscrito diversos convenios para evitar la doble imposición y asumió diferentes compromisos con el Código de Liberalización de los Movimientos de Capital de la OCDE tras adherirse a la organización.
En concreto, Amsterdam&Partners sostiene que las prácticas de Hacienda suponen "una infracción múltiple de sus obligaciones en virtud del Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal", del que se habría violado el artículo 4, el Artículo 21 y el Artículo 22. De acuerdo con este despacho, España también violado el Estándar Común de Reporte (CRS) y el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras (CRS MCAA), así como diferentes artículos del Modelo de Convenio Tributario (MTC), que "sirve como el acuerdo modelo para casi todos los convenios de doble imposición firmados por España".
Con todo, el despacho explica en el documento que lo que sucede con la Hacienda Pública en España difiere notablemente con buena parte del resto de países de la OCDE. Así, exponen que si bien otros Estados miembro comparables con España (como sería Reino Unido, Portugal o Italia) cuentan con regímenes fiscales especiales que han sido diseñados deliberadamente para atraer a profesionales e inversores extranjeros, "ninguna de estas jurisdicciones ha intentado socavar sus propios regímenes con carácter retroactivo, ni han cuestionado los efectos jurídicos de sus propios mecanismos".
De esta forma, Amsterdam&Partners destaca en su carta que, a diferencia de los países anteriormente citados, España "ha adoptado una posición única al revertir activamente los beneficios concedidos bajo su propio Régimen de Impatriados, invalidando determinaciones oficiales de residencia y utilizando datos de origen extranjero para construir obligaciones fiscales que resultan incompatibles con los términos originales de la ley".
En suma, explican que "las inspecciones posteriores generan inseguridad jurídica y hacen imposible que los contribuyentes prevean si están cumpliendo con la restrictiva interpretación práctica que aplica la AEAT al Régimen de Impatriados". Así, insisten en que "esta divergencia no solo mina los compromisos legislativos internos de España, sino que también la coloca en situación de incumplimiento de los instrumentos de la OCDE, diseñados para garantizar la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la protección del contribuyente".
Exigen la intervención de la OCDE
Así las cosas, el despacho no se limita únicamente a presentar ante la OCDE las prácticas habituales de Hacienda, sino que insta a la organización a intervenir y solicita diferentes actuaciones al respecto. En primer lugar, pide la revisión formal por el Comité de Asuntos Fiscales (CFA). "A la luz del mandato explícito del CFA, conforme al Marco de Gobernanza de la OCDE para la Fiscalidad Internacional, para supervisar la implementación, interpretación e integridad de los instrumentos de la OCDE, solicitamos formalmente que esta presentación sea admitida para revisión por dicho Comité", detallan.
En segundo lugar, solicita iniciar una investigación formal sobre el uso de datos intercambiados por parte de España. "Esta investigación debe incluir una revisión estructurada de las prácticas de aplicación del CRS y la MAC por parte de España, incluyendo las justificaciones legales para el uso de los datos, el cumplimiento del estándar de "relevancia previsible" y las actuaciones retroactivas contra Impatriados", añaden.
Por otra parte, Amsterdam&Partners también exige remitir a España al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales para una revisión urgente entre pares con el fin de "evaluar su cumplimiento con los estándares de confidencialidad, proporcionalidad y debido proceso, y considerar una revisión por terceros para restablecer la integridad procedimental y la coherencia". Asimismo, reclama que la OCDE emita una guía Interpretativa sobre las limitaciones del Estándar Común de Reporte y la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.
"La OCDE debe preparar una guía para aclarar que los mecanismos de intercambio automático de información no pueden usarse retroactivamente contra contribuyentes impatriados que estuvieron inscritos en la Ley Beckham, y que España debe respetar su propia legislación mientras no se derogue legalmente", exigen en este sentido, añadiendo que "las acciones de ejecución requieren una justificación específica y basada en evidencia". De hecho, dado el sistema de incentivos y bonificaciones creado, solicitan "que se emita una advertencia a los países que comparten información con España, en virtud de las obligaciones derivadas de tratados y el abuso sistémico en la confidencialidad de la información".
Por último, el bufete pide recomendar la suspensión inmediata de medidas de ejecución retroactiva. "Instamos a la OCDE a intervenir formalmente con el Gobierno español y recomendar la suspensión inmediata de medidas retroactivas basadas en datos del CRS, particularmente aquellas dirigidas contra contribuyentes impatriados que estaban legalmente exentos de responsabilidad bajo la Ley Beckham", subrayan.
De este modo, insisten en que "la OCDE debe solicitar a España que restituya los derechos y protecciones originalmente otorgados bajo este régimen especial, cuando existían expectativas legítimas establecidas de buena fe". Adicionalmente, exponen que "España debe restaurar el acceso a los remedios establecidos en tratados, especialmente en casos donde las acciones retroactivas hayan provocado el desconocimiento de créditos fiscales extranjeros, resultando en doble imposición o en resultados discriminatorios, en violación de sus obligaciones internacionales".