La okupación ilegal continúa siendo una de las principales preocupaciones para muchos propietarios en España. Por su parte, la falta de una respuesta inmediata por parte de la legislación actual solo genera una creciente sensación de inseguridad, especialmente durante los periodos vacacionales.
Mientras el temor se extiende, hay comunidades que han decidido actuar por su cuenta, como es el caso de Santovenia de Pisuerga, un municipio de Valladolid donde los vecinos han conseguido frenar una okupación mediante una iniciativa sin precedentes: establecer vigilancia ciudadana permanente, día y noche.
Los detalles de la okupación fallida
El conflicto comenzó cuando un grupo de okupas intentó acceder ilegalmente a una vivienda ubicada en la calle Guindales número 18, en Santovenia de Pisuerga, pero la rápida intervención de la Guardia Civil, apoyada por un grupo organizado de vecinos, evitó que la okupación llegara a consolidarse. Según ha informado en exclusiva la Cadena Cope, fue precisamente esa acción coordinada entre las fuerzas de seguridad y los vecinos lo que marcó la diferencia.
Ante la amenaza latente, los vecinos de Santovenia decidieron no bajar la guardia. "Vigilancia ciudadana las 24 horas del día", declararon, implementando un sistema de control constante que, como se ha observado, ha demostrado su eficacia.
El propio Ayuntamiento fue contundente en su posicionamiento. En un comunicado oficial expresó con claridad: "Santovenia NO SE OCUPA", y añadió que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger el municipio de este tipo de actos ilegales.
Santovenia NO SE OCUPA, y este Ayuntamiento hará todo lo que esté en su mano para impedir la ocupación.
¡Somos un pueblo unido y juntos podemos con todo!
Se ruega a los vecinos que ante cualquier actitud sospechosa se pongan en contacto con el Ayuntamiento.
— Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga (@SantoveniaAyto) November 4, 2023
La normativa vigente en España contempla procedimientos de desalojo, pero en muchos casos estos se alargan durante semanas o incluso meses. Mientras tanto, los propietarios se ven obligados a iniciar complejos procesos judiciales y a convivir con la impotencia de no poder recuperar su vivienda de forma inmediata.
Este vacío legal ha empujado a muchas comunidades a buscar soluciones alternativas, como la contratación de sistemas de seguridad privada, la instalación de alarmas o, como en Santovenia, la organización de patrullas vecinales para proteger sus barrios.
El caso en Arroyo de la Encomienda
La situación vivida en Santovenia de Pisuerga no es un caso aislado. En la provincia de Valladolid, otros municipios también padecen este problema, aunque con menos éxito en su resolución. Es el caso de Arroyo de la Encomienda, donde la okupación ha derivado en un conflicto social persistente.
En la urbanización Arroyovereda, casi la mitad de las 200 viviendas están actualmente okupadas, según denuncian los vecinos. A diferencia de lo ocurrido en Santovenia, donde se logró frenar el intento de okupación, aquí la situación se ha enquistado con el paso del tiempo.
El alcalde, Sarbelio Fernández, ha sido especialmente crítico con la Sareb, propietaria de los inmuebles okupados. Según denuncia, la entidad está regularizando a los usurpadores mediante contratos de alquiler social, una medida que considera injusta y contraproducente: "Se premia al que infringe la ley y se castiga al vecino que se paga su vivienda con su trabajo diario. Ellos son los verdaderos vulnerables aquí", explicaba el edil.
Desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda —gobernado por Independientes por Arroyo (IPAE)— se han mantenido reuniones con la Sareb para exigir una solución, pero la respuesta institucional sigue siendo insatisfactoria. En octubre se presentó una moción respaldada por la mayoría absoluta del Pleno en la que se pedía expresamente que no se legalizara a ningún okupa a través de alquileres sociales.
Miedo y 44 denuncias
La convivencia en la urbanización está gravemente deteriorada. Los residentes hablan de situaciones de acoso, amenazas, ocupación de zonas comunes y altercados constantes que han obligado a intervenir a la Policía Local en múltiples ocasiones. Se han presentado ya 44 denuncias y, según el consistorio, muchas más no se tramitan por el miedo que sienten los vecinos.
La piscina comunitaria permanece cerrada con candado, las pistas deportivas no pueden usarse libremente y muchos propietarios aseguran sentirse "secuestrados" en sus propias casas. "La comunidad Arroyovereda no necesita alquileres sociales, lo que hace falta es que se trabaje para asegurar y recuperar las viviendas ocupadas", insisten desde el Ayuntamiento.
En vista de que la Sareb ha firmado ya algunos contratos sociales y estudia más casos, los vecinos han iniciado una recogida de firmas para frenar la legalización de las okupaciones. En su manifiesto, afirman con contundencia: "No podemos seguir siendo testigos de la legalización de las okupaciones mediante la entrega de las viviendas okupadas a las mismas personas que accedieron por la fuerza, camuflándolo en la supuesta vulnerabilidad social de quienes se dedican a atentar contra la convivencia y el bienestar".
Desde la Sareb se defienden asegurando que analizan caso por caso, y que han interpuesto 44 denuncias judiciales para solicitar el desalojo de los residentes conflictivos o no vulnerables. También señalan que solo han ofrecido contratos sociales cuando los Servicios Sociales han certificado la vulnerabilidad real de las personas afectadas.
Sin embargo, los vecinos creen que eso no es suficiente. Denuncian una "anomalía del sistema democrático" y exigen al Gobierno de Sánchez un cambio en la política de vivienda: "No regalen viviendas a personas que se saltaron el sistema de protección social y que eligieron la vía de la okupación. Los okupas no son vulnerables. Los vulnerables somos nosotros, los que cumplimos la ley", explicaba Sarbelio Fernández.