El Tribunal de Cuentas ha señalado que el sistema de protección laboral activado por el Gobierno durante la pandemia no fue suficiente para garantizar la recuperación del empleo, a pesar de los más de 26.000 millones de euros en gasto público destinados a prestaciones y exoneraciones. En su informe de fiscalización, el organismo revela que el 38% de los trabajadores acogidos a un ERTE no regresó a su puesto de trabajo y que casi 11.000 personas cobraron prestaciones sin que su empresa comunicara su inactividad a la Seguridad Social.
Cuatro de cada diez trabajadores no volvieron a su empleo
A fecha de 31 de marzo de 2022, cuando finalizó el régimen extraordinario de ayudas, solo el 62,2% de los trabajadores incluidos en ERTE había retornado a su centro de trabajo. A su vez, más de 411.000 empresas seguían inactivas, pese a haberse beneficiado del mecanismo. Según el Tribunal de Cuentas, estas cifras muestran que el modelo aplicado no logró cumplir su función de recuperación del empleo.
El informe cifra en 558.000 las empresas que recurrieron a los ERTE por Covid-19, afectando a 4,15 millones de trabajadores. De ellos, casi cuatro de cada diez no se reincorporaron tras la finalización de las ayudas. El sistema alcanzó a un 22% del empleo asalariado y al 40% del tejido empresarial en su momento más álgido.
Deficiencias estructurales y falta de control
El organismo critica con dureza la actuación del SEPE y de la Dirección General de Trabajo, a quienes responsabiliza de una gestión desbordada y desorganizada. Durante los meses más críticos de la pandemia, el número de solicitudes de ERTE pasó de un promedio de 96 al año a 5.000 por semana, muchas de ellas tramitadas manualmente por falta de herramientas digitales.
Esa precariedad operativa derivó en resoluciones contradictorias, incongruentes o duplicadas, así como en autorizaciones tramitadas por organismos no competentes, como la empresa pública Tragsatec. Además, no existía un sistema fiable de notificación entre administraciones, lo que impidió confirmar la concurrencia real de causa mayor para muchas prestaciones.
Prestaciones pagadas sin justificación
Uno de los datos más llamativos del informe es la detección de 25,4 millones de euros en prestaciones otorgadas a 10.896 beneficiarios cuya inactividad no fue notificada por las empresas a la Seguridad Social. Además, en relación con las exoneraciones de cuotas, la Seguridad Social ha detectado indicios de incumplimiento en 278.757 empresas, que afectan a 1,7 millones de personas trabajadoras. Los casos se han remitido a la Inspección de Trabajo para su análisis.
El déficit de personal en el SEPE agravó la situación: entre 2018 y 2022 perdió un 15% de su plantilla de funcionarios de carrera, mientras que el número de interinos creció un 47%. A pesar de la carga extraordinaria de gestión, el organismo tuvo que financiar las prestaciones con su propio remanente, sin recibir directamente los fondos europeos destinados a ese fin.