Ya hemos advertido en editoriales anteriores la extrema gravedad que encierra la modificación unilateral —más bien, voladura— del sistema de financiación autonómico para que, en cumplimiento del pacto de investidura de Salvador Illa entre el PSC y ERC, la administración regional catalana recaude y gestione todos los impuestos estatales generados en aquella Comunidad, incluido el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas, principal sostén de las arcas nacionales. Esta anticonstitucional soberanía fiscal para Cataluña, disfrazada ahora de "financiación singular", es prácticamente un calco de la que el expresidente golpista Artur Mas exigió en septiembre de 2012, pocos días antes de inaugurar el procés de independència, al entonces gobierno de Rajoy para que Cataluña "obtuviera las herramientas que necesita para construir su futuro nacional".
Es lógico que el Gobierno de entonces se negara al chantaje con el apoyo de la oposición socialista, por cuanto la creación de una "estructura de Estado", como una Agencia Tributaria propia con la capacidad de recaudación de todos los impuestos, con la salida de facto de Cataluña del régimen común, vendría a desguazar el sistema de financiación autonómico que garantiza la solidaridad interterritorial en España. Aunque algo parecido pudiera decirse de los conciertos vasco y navarro, estos al menos tienen amparo en nuestra Carta Magna, cosa que no lo tiene en absoluto el caso catalán.
El hecho de que ahora se vaya a conceder a los golpistas catalanes —más concretamente a ERC— lo que los propios separatistas consideran, con razón, imprescindible para sus persistentes proyectos de ruptura, da buena muestra del grado de nihilismo y felonía del que son capaces Sánchez e Illa con tal de mantenerse en el poder.
Así, aprovechando los meses de verano y su menor atención mediática, el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalidad de Cataluña, tal y como acordaron el pasado martes el Ejecutivo de Illa y ERC, van a "modificar el régimen jurídico" de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) este mes de agosto "para adaptarlo a los nuevos requerimientos derivados del despliegue de la hacienda catalana y el nuevo sistema de financiación singular". De esta forma, aquella embrionaria hacienda catalana que ni Mas, ni Puigdemont ni Oriol Junqueras ni Pere Aragonès acabaron de desplegar para el golpe de Estado separatista será una realidad jurídica el próximo 26 de agosto de la mano del PSC. Perfectamente comprensible son, en este sentido, las protestas y el temor de los inspectores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a un "traslado forzoso" a la Agencia Tributaria de Cataluña.
Lo evidente es que, en la confianza de que Conde Pumpido y la mayoría izquierdista del Tribunal de Garantías aceptarían ahora el "pulpo como animal de compañía", tal y como han hecho con la Ley de Amnistía, el Gobierno de Sánchez se dispone a dejar en papel mojado la propia sentencia del Tribunal Constitucional que en 2016 anuló por unanimidad varios artículos y disposiciones adicionales de la ley catalana que pretendía crear las estructuras de un supuesto Estado catalán , entre ellas la Agencia Tributaria Catalana.
Y es que, por mucho que los presidentes socialistas de Asturias o de Castilla-La Mancha hayan mostrado su completo rechazo a esta ruptura de la unidad fiscal de nuestro país, Sánchez está dispuesto a conceder a los golpistas el mayor logro que haya obtenido su amnistiado y persistente proceso de independencia. Decididamente, nunca un presidente de gobierno hizo tanto daño a su país con tal de sostenerse en la poltrona.