La Agència Tributària de Catalunya (ATC) va tomando forma y adquiriendo cuerpo. La presión del líder de ERC, Oriol Junqueras, al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, se ha materializado en un compromiso en firme del gobierno catalán con fecha de cumplimiento. El próximo 26 de agosto, tras la habitual reunión del "consell executiu", se publicará en el Diario Oficial de la Generalidad un decreto ley que modifica el régimen del organismo recaudatorio.
Se trata, según un comunicado del "Govern" de "adaptar la ATC a los nuevos requerimientos derivados del despliegue de la hacienda catalana y el nuevo sistema de financiación singular, un paso adelante en el refuerzo de la ATC para que en el futuro recaude todos los impuestos que se generan en Cataluña".
El acuerdo entre ERC y el Govern es total y consta por escrito. "El objetivo es que la ATC disponga de las herramientas jurídicas y organizativas necesarias para ejercer con plenas garantías, de forma eficaz y eficiente, las nuevas competencias resultantes de la aplicación del nuevo sistema. Para ello, el decreto ley modificará el Libro segundo del Código tributario de Cataluña, aprobado en 2017 y que regula la Administración tributaria de la Generalidad", señala la nota del ejecutivo que preside Salvador Illa.
Aquella embrionaria hacienda catalana que Oriol Junqueras y Pere Aragonès no acabaron de desplegar para el golpe de Estado separatista será una realidad jurídica el próximo 26 de agosto de la mano del PSC.
Agentes tributarios e informáticos
Para echar a andar de una manera definitiva, se crearán dos cuerpos tributarios, el Cuerpo de Agentes Tributarios y el Cuerpo Superior de Informática Tributaria. Ni la Generalidad ni ERC han concretado cuántos "agentes" tendrá cada cuerpo, pero se estima que la plantilla de la ATC será como mínimo de cuatro mil funcionarios, los que actualmente la Agencia Tributaria nacional tiene en Cataluña. En la actualidad, la agencia catalana tiene 800 funcionarios, lo que sólo le alcanza para realizar tareas subalternas.
Según la información proporcionada por el ejecutivo catalán. el Cuerpo de Agentes Tributarios "se ocupará de desarrollar las tareas administrativas vinculadas a la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos y de asistir a la ciudadanía en la confección y presentación de las declaraciones y autoliquidaciones".
En cuanto al cuerpo de informáticos, se indica que "sus funciones serán analizar las necesidades de las distintas unidades y estructurar la información tributaria para garantizar su coherencia e interoperabilidad, así como adaptar y poner en marcha nuevas tecnologías para mejorar la eficacia de los procesos tributarios".
En el plano de las buenas intenciones, ERC y el "Govern" han acordado que la ATC se regirá por un sistema de contrato programa que "tendrá que establecer las líneas estratégicas, los objetivos, los indicadores de seguimiento, los recursos financieros asignados y las actividades a desarrollar por la Agencia".
Plena autonomía
La Generalidad señala también que "el decreto ley confiere a la ATC plena autonomía en materia de personal y para la negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal de los cuerpos tributarios y por la aprobación de su oferta pública de empleo. También le atribuye la potestad para el diseño de su estructura organizativa, determinando que la Agencia se estructura en servicios centrales y territoriales, en los que se integrarán las diferentes unidades directivas".
El acuerdo entre ERC y el Govern trascendió el mismo día que el ejecutivo catalán y el Gobierno de Pedro Sánchez anunciaban a la par la creación de una empresa mixta Estado-Generalidad para gestionar el servicio ferroviario de cercanías de Cataluña. A pesar de carecer de presupuestos por la negativa de ERC a negociarlos, Illa está logrando cumplir con todos los requerimientos republicanos relativos a su investidura.
En el caso del cupo catalán, Junqueras atribuye a la vicepresidenta María Jesús Montero un papel reticente por su condición de candidata a la Junta de Andalucía, pero el presidente de la Generalidad trata de compensar con creces a ERC. La nueva ATC es un ejemplo de la predisposición de Illa a agradar a su principal aliado en Cataluña y suplir la "falta de sensibilidad" de Montero, según le reprochan socialistas catalanes y republicanos.