El Instituto Nacional de Estadística (INE) impone una media de 16.613 multas anuales por incumplimientos relacionados con la realización de encuestas, ya sea por rechazar participar o por completarlas de forma incorrecta. Según una resolución a la que Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva, entre 2015 y 2024 se registraron un total de 166,128 sanciones, lo que equivale a ese promedio de 16.613 multas por año.
En términos monetarios, estas penalizaciones alcanzan un importe acumulado de 32.045.385,34 euros, lo que supone una media anual aproximada de 3.204.538,53 euros por ejercicio fiscal.La resolución, firmada por la presidenta del organismo, Elena Manzanera Díaz, responde a una solicitud de información presentada el 7 de julio de 2025, recibida por el INE el mismo día. La respuesta fue emitida el 21 de julio de 2025, cumpliendo con el plazo de un mes establecido por la Ley de Transparencia con una celeridad poco habitual. Este documento detalla no solo el volumen de sanciones, sino también los importes asociados y la recaudación efectiva, ofreciendo una visión completa del impacto de estas medidas en la última década.
Evolución de las sanciones entre 2015 y 2024
El número de sanciones aplicadas por el INE entre 2015 y 2024 ha experimentado fluctuaciones notables. En 2015, se contabilizaron 16.729 multas, una cifra que descendió levemente a 16.322 en 2016. A partir de 2017, el volumen creció de manera significativa, llegando a 19.296 penalizaciones. Este incremento continuó en 2018, con 19.961 casos, y alcanzó su punto máximo en 2019, con 20.193 sanciones. Sin embargo, en 2020 se produjo una caída hasta las 14.550 multas, probablemente influida por las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19. En 2021, el número repuntó a 15.865, seguido de 16.090 en 2022 y 15.211 en 2023.
Finalmente, en 2024, se registró el nivel más bajo de la década, con 12.711 sanciones.En total, entre 2015 y 2024, el INE impuso 166.128 multas. Además, se destaca que la penalización de mayor cuantía individual ascendió a 2.100 euros y fue impuesta en 2022.En cuanto a la naturaleza de las infracciones, las sanciones leves predominan, representando en promedio el 92,94% del total anual entre 2015 y 2024. Por su parte, las infracciones graves suponen una media del 7,06% cada año. Un dato relevante es que, durante toda la década analizada, no se registró ninguna sanción clasificada como muy grave.
Causas de las sanciones
Las multas impuestas por el INE tienen su origen en el incumplimiento de la obligación de proporcionar datos estadísticos. Según el artículo 50 de la Ley de la Función Estadística Pública de 1989, estas penalizaciones se aplican cuando alguien se niega a entregar la información solicitada, la ofrece de manera incompleta o incorrecta, o no respeta los plazos establecidos. Esta normativa afecta tanto a ciudadanos particulares como a empresas y otras organizaciones. El objetivo es garantizar que el INE disponga de información fiable y puntual para elaborar sus estadísticas, un aspecto clave para la planificación y toma de decisiones en el país.
Importe de las sanciones entre 2015 y 2024
El valor económico de las sanciones impuestas por el INE ha variado considerablemente a lo largo de la década. En 2015, el total ascendió a 3.062.585,03 euros, disminuyendo a 2.899.197,46 euros en 2016. En 2017, se produjo un notable aumento hasta los 4.119.569,68 euros, y en 2018 se alcanzó el pico más alto, con 4.373.394,15 euros. A partir de 2019, los montos comenzaron a reducirse, registrando 3,585,889.34 euros ese año. En 2020, el importe fue de 2.691.428,63 euros, seguido de 2.662.286,44 euros en 2021 y 2.674.043,80 euros en 2022. En 2023, la cifra bajó a 2.506.201,84 euros, y en 2024 se situó en el nivel más bajo, con 2.072.788,97 euros. Sumando todos los años, el importe total de las sanciones entre 2015 y 2024 alcanzó los 32.045.385,34 euros.
Recaudación de sanciones entre 2015 y 2024
La recaudación efectiva de las multas impuestas por el INE muestra un comportamiento diferente al de los importes establecidos. En 2015, se ingresaron 1.682.354,81 euros, cantidad que creció a 2.254.003,92 euros en 2016. En 2017, los ingresos cayeron a 1.603.375,65 euros, pero en 2018 repuntaron hasta 3.379.144,50 euros. El máximo se alcanzó en 2019, con 3.904.992,35 euros.
A partir de 2020, la recaudación se mantuvo en un rango más estable: 1.864.607,82 euros en 2020, 3.045.235,73 euros en 2021, 2.377.294,53 euros en 2022, 2.460.486,70 euros en 2023 y 2.111.354,26 euros en 2024. En total, entre 2015 y 2024, la recaudación acumulada fue de 24.268.850,27 euros, con una media anual de 2.426.885,03 euros. Es de agradecer que esta última tabla no se requirió expresamente en la solicitud pública de información y sin embargo el INE la ha proporcionado, lo que recalca el compromiso de este organismo con la transparencia, al contrario que otras instituciones.
Discrepancia entre importes impuestos y recaudados
El monto recaudado por el INE no siempre coincide con el valor total de las sanciones impuestas en un mismo año. Según la resolución, "la recaudación comprende, por un lado, los ingresos realizados por los sancionados durante el periodo voluntario de pago y, por otro, los ingresos obtenidos a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en vía ejecutiva".
Esto significa que los fondos ingresados pueden provenir tanto de multas del ejercicio en curso como de años anteriores, incluyendo el principal y los intereses generados. Además, "del importe total recaudado deben deducirse las devoluciones practicadas a la AEAT, correspondientes al ejercicio en curso o a ejercicios previos". Estas restituciones pueden originarse en decisiones judiciales que favorecen al sancionado o en reclamaciones aceptadas. Por ello, factores como los plazos de pago, los procesos de cobro y las devoluciones explican por qué la recaudación efectiva suele ser inferior al monto total de las sanciones impuestas en un período determinado.