Fuentes de la Inspección de Hacienda han desvelado a Libertad Digital parte de las negociaciones mantenidas entre miembros de la Hacienda Catalana y el Gobierno de Pedro Sánchez. Y uno de los puntos que se ha remarcado por los equipos catalanes ha sido la necesidad de más fondos para poder implantar su esquema fiscal "singular" debido a que son conscientes de que sus costes de recaudación se dispararán. ¿Cómo lo saben? Pues por los datos de las haciendas vascas. Y es que las diputaciones forales vascas tienen un coste de recaudación por euro tributado un 80% superior al de la Hacienda central. La catalana, que se estrena en esta materia, es imposible que reduzca esos costes. Al revés, lo normal es que su ineficacia sea superior por ser totalmente novata. Y los técnicos catalanes, conscientes de este problema no han dudado en pedir el dinero necesario para que el traspaso le salga totalmente rentable a la Generalidad.
Los técnicos catalanes de Hacienda saben que necesitarán un plan de fichajes para llevarse a personal experto de Haciendas a esa comunidad autónoma. Y eso sólo lo conseguirán con más dinero y premios. Además, será necesaria una disposición adicional en la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de CCAA) para excluir del sistema general a Cataluña, tal y como ya existe para el País Vasco y Navarra. Y eso hay aún que negocio en el Congreso. El coste de recaudación de las diputaciones forales vascas, para colmo, demuestra que recaudar con haciendas fraccionadas tiene un sobrecoste de 80% con respecto al coste por unidad recaudada de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Y todo eso, la Generalidad quiere que lo blinde y pague el Gobierno central. Es decir, todos nosotros.
Los costes fraccionados son un problemas más serio de lo que muchos piensan. Ya se ha vivido en Alemania, donde el coste por euro recaudado es casi el triple que en España según los datos de la OCDE. La Agencia catalana no tiene por ahora casi personal y solo podrá captar de la estatal incrementando las retribuciones. Y todo ello significaría mayores costes.
Y eso es lo que justifica, en parte, la brutal cifra real que ha pedido, por ejemplo, ERC al Gobierno.
Otra exigencia separatista aceptada por Sánchez
Pedro Sánchez ya ha aceptado la penúltima exigencia separatista: la cesión a Cataluña de la legislación, la recaudación y la inspección de todos los impuestos existentes en España. En resumen, la creación para Cataluña de un cupo y fuero inconstitucionales a imagen y semejanza del vasco y del navarro con la diferencia de que la Carta Magna sólo recoge esta posibilidad para estas dos comunidades autónomas. Para nadie más. Y ese sistema, ilegal en sí mismo para el resto, esconde un cálculo milimétricamente elaborado por los separatistas, en concreto, por el equipo del golpista condenado Oriol Junqueras, que aún conserva su experiencia como máximo responsable financiero de la Generalidad en época del 1-O.
"Cataluña quiere desplegar la hacienda catalana para gestionar de forma progresiva los impuestos, lo que es compatible con un modelo tributario federal con mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección" señala el texto del acuerdo entre Sánchez y Cataluña.
¿Pero dónde está la clave de esta ruptura del modelo constitucional? Según los firmantes, "se ha incrementado la participación de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) en la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 2024, de tal forma que, conjuntamente con la AEAT, ha sido posible prestar mejores servicios de información y asistencia a los contribuyentes catalanes". Por tanto, "a partir de la experiencia en la campaña del IRPF 2024, ambas administraciones acuerdan "intensificar la participación en la campaña del IRPF 2025 de la Agencia Tributaria de Cataluña".
Cuota de solidaridad
Pues bien, eso se hará desde la base de un cálculo que ha elaborado ERC. Se fija una cuota de solidaridad que teóricamente debería pagar Cataluña a sistema de solidaridad nacional. Pero, para empezar, esta cuota viene acompañada de exigencias por parte de los partidos independentistas y del PSC: que el resto de CCAA realicen un esfuerzo fiscal similar (es decir, que suban impuestos a la población); que se aplique el límite del principio de ordinalidad (de forma que el pago se va reduciéndolo a cero o casi cero a medida que los demás reciben más o aportan menos); y que se definan como los separatistas quieran las necesidades de financiación de las competencias no homogéneas de Cataluña. En resumen, que la cuota de solidaridad es papel mojado.
Y todo se ha hecho en base a unos datos que conoce bien Junqueras como antiguo responsable del área fiscal de la Generalidad. Para empezar, los separatistas parten de la cifra de impuestos recaudados en Cataluña en 2023: 53.543 millones de euros. Y se asigna a ellos por el actual sistema de financiación: 23.255 millones. La diferencia es de 30.288 millones. Y eso es literalmente lo que reclaman.