
La Comisión Europea vuelve a dar un paso más en su aspiración de convertirse en un auténtico Estado fiscal. Ante la negativa de los países a abrir más la chequera nacional, Bruselas ha diseñado un mecanismo para recaudar directamente de empresas y consumidores con un objetivo muy concreto: financiar un presupuesto europeo que alcanzará casi dos billones de euros entre 2028 y 2034, con una partida inédita de 131.000 millones para defensa.
El truco es simple. Los Estados miembros no quieren aparecer ante la opinión pública como los responsables de más impuestos, pero aceptan que sea la Comisión la que los cobre en su nombre. La factura llega igualmente al bolsillo del ciudadano.
TED y TEDOR: el caballo de Troya fiscal
El plan gira en torno a dos propuestas legales: la Tobacco Excise Directive (TED) y su derivada, el TEDOR (Tobacco Excise Duty as an EU Own Resource). A través de este último, Bruselas pretende quedarse con el 15% de los impuestos especiales al tabaco que ya recauda cada país.
La previsión es obtener 11.200 millones de euros al año de este mecanismo, lo que supone 78.400 millones en siete años. En conjunto, TEDOR aportaría 58.200 millones de los nuevos "recursos propios" de la UE. Ni hablar de encontrar sinergias a través de compras conjuntas y otros gastos compartidos: Bruselas se lanza a por más gasto, sin evaluar ni considerar su eficiencia.
Un esquema desproporcionado e ineficaz
El diseño es tan ambicioso como problemático. Para empezar, se asigna a un producto concreto —el tabaco— la mitad del esfuerzo recaudatorio ligado al incremento del gasto en defensa. Pretender que los fumadores financien la política de seguridad continental es un sinsentido económico y político.
El propio Ejecutivo comunitario reconoce que la subida de impuestos debería reducir el consumo. Si así fuera, la base imponible se reduciría y, con ella, los ingresos previstos. Y si no se cumple, el riesgo es aún mayor: el alza fiscal empujará a millones de consumidores al mercado ilícito, que no sólo resta ingresos a los Estados sino que alimenta redes criminales como las del contrabando, que son justo aquellas contra las que se supone que debe luchar una nueva política de seguridad europea.
Agravios comparativos y ganadores y perdedores
El Marco Financiero Plurianual 2028-2034 supera los 1,8 billones de euros en programas, aunque su despliegue ha sido conflictivo: los países frugales lo consideran excesivo, mientras que los gastadores lo tachan de insuficiente.
En el reparto hay claros perdedores. La Política Agraria Común y la cohesión territorial pierden 86.000 millones en siete años, lo que afectará de lleno a agricultores —incluidos los cultivadores de tabaco— que verán recortadas sus ayudas al tiempo que su producto legal se expulsa hacia mercados ilícitos.
En paralelo, se dispara el gasto en defensa, regiones del Este, redes energéticas y digitalización. Sólo la defensa multiplica por cinco su presupuesto. Y, paradójicamente, Bruselas quiere financiar buena parte de esa expansión con una figura tan inestable como el TEDOR.
Poder creciente de Bruselas, sumisión de las capitales
La narrativa oficial habla de una modernización fiscal para apoyar el Plan contra el Cáncer de la UE y reducir la prevalencia del tabaco. En realidad, se trata de un puro afán recaudatorio. Lo prueba un dato: mientras se esperan 78.400 millones del tabaco en siete años, el programa EU4Health apenas dispondrá de 7.500 millones en el mismo periodo.
Lo relevante aquí no es sólo el sesgo del impuesto, sino el precedente: Bruselas obtiene recursos fiscales propios al margen de los Parlamentos nacionales. Se consuma así un salto cualitativo en la centralización del poder europeo.
En España conocemos bien este tipo de dinámicas. La presión fiscal ya se sitúa en máximos históricos, pero siempre con el argumento de que "Europa lo pide" o de que "Bruselas lo respalda". Ahora será la propia Comisión la que, con la bendición de las capitales, vacíe directamente el bolsillo de los ciudadanos para engordar un presupuesto comunitario cada vez más gigantesco.
El debate que viene
Detrás de las cifras se esconde un debate de fondo: ¿estamos dispuestos a ceder no sólo soberanía política, sino también soberanía fiscal? ¿Queremos que Bruselas se convierta en un ente capaz de gravar a ciudadanos y empresas por encima de los Estados?
La introducción del TEDOR es un ensayo general de ese futuro. Un futuro en el que los gobiernos nacionales se lavan las manos, el ciudadano paga y Bruselas se consolida como un Estado con capacidad impositiva propia.


