El Gobierno de Suecia ha aprobado una de las reformas más ambiciosas de su política de cooperación internacional. A partir de ahora, la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo solo financiará proyectos de ayuda que cuenten con evidencia empírica sólida sobre su efectividad. El objetivo es claro: cortar con el gasto ineficiente e ideológico y concentrar los fondos en intervenciones más puntuales y que realmente funcionen.
La decisión ha sido impulsada por el ministro de Cooperación Internacional, Benjamin Dousa, quien ha subrayado que "hoy sabemos más que nunca sobre qué tipos de ayuda generan resultados reales, pero esa información se utiliza poco en la práctica". La nueva directriz encomendada a la agencia contempla tres mandatos principales: utilizar la evidencia empírica disponible en todo el mundo, desarrollar evaluaciones y auditorías a partir de estudios aleatorizados de control y dedicar un volumen menguante de recursos a aquellos programas que logren un impacto medible.
El giro no es solo teórico. Países como Reino Unido o Estados Unidos llevan algunos años aplicando mecanismos similares para evaluar la eficacia del gasto en cooperación. En Suecia, sin embargo, el personal encargado de realizar evaluaciones es tan escaso que apenas alcanza las cuatro personas, lo que facilita un gasto excesivo, ineficiente y con escaso control. La reforma busca revertir esta situación, con ánimo de gastar menos y gastar mejor.
El cambio llega acompañado de una nueva estrategia de ayuda humanitaria para el periodo 2025-2029, en la que se insta a actuar con rapidez, eficiencia y una orientación clara hacia la rentabilidad de cada euro invertido. Documentos internos del Gobierno sueco y auditorías recientes de la Oficina Nacional de Auditoría advierten que, hasta ahora, la agencia priorizaba el seguimiento de indicadores inmediatos y de agendas ideológicas de izquierda. En cambio, Suecia no medía el impacto real que tenían sus programas sobre los beneficiarios.
Más allá del puro despilfarro ideológico dedicado a causas propias de la Agenda 2030, se han detectado también distintos casos de ineficiencia que se pueden solventar con una simple evaluación. Uno de los ejemplos citados por el propio Dousa es un programa internacional de reparto de libros en escuelas de países en desarrollo, que no logró mejorar el nivel educativo de los alumnos. En cambio, otro programa de desparasitación en Kenia que recibió una cuantía de fondos similar consiguió mejorar significativamente el rendimiento escolar de los pupilos. Con base en este tipo de resultados, el Gobierno sueco quiere que las decisiones presupuestarias se tomen con criterios de rentabilidad y resultados y no por intuición o presión ideológica.
La reforma se enmarca, además, en un contexto presupuestario de mayor exigencia. El Ejecutivo sueco ha anunciado asimismo que prevé una reducción del gasto en cooperación y ayuda al desarrollo a lo largo del periodo 2026-2028, pasando de 56.000 a 53.000 millones de coronas suecas. Con menos recursos disponibles, la exigencia de eficiencia se convierte en una prioridad política.
Suecia adopta así una lógica de gasto menos ideológico, más responsable y claramente orientado a resultados en su política exterior. Financiando solo lo que funciona, introduce una disciplina .