La sentencia del Tribunal Federal de Australia sobre los laudos de las renovables no solo obliga a España a hacer frente a casi 500 millones de euros, sino que también incluye un rosario de reproches demoledores tanto contra el Reino de España como contra la propia Comisión Europea.
España, a la defensiva y contradiciéndose
El juez Stewart recuerda que el Tribunal Supremo de Australia ya había zanjado la cuestión de la inmunidad soberana: al firmar el Convenio CIADI, España renunció a ella. Pese a ello, el Estado volvió a defender lo contrario, algo que el magistrado califica de intento "lamentable" de reabrir un debate cerrado.
Además, el tribunal rechaza de plano la estrategia de España, que simultáneamente sostenía que no había renunciado a la inmunidad y que, aunque lo hubiera hecho, no estaba obligada a cumplir los laudos. Para el juez, una contradicción evidente.
Stewart también cuestiona la propia defensa procesal del Estado, subrayando lo "burdensome" y poco útil que resultó la decisión de España de contratar dos bufetes distintos para litigar en cuatro pleitos conexos, lo que multiplicó papeles, escritos y alegaciones repetitivas.
El resultado: un fallo tajante que confirma que todas las defensas de España "fracasan", dejando claro que no hay escapatoria al cumplimiento de los laudos.
Bruselas, sin aportar nada y condenada en costas
La Comisión Europea solicitó intervenir como guardiana de los Tratados y del supuesto interés comunitario. Sin embargo, el tribunal concluye que sus aportaciones "no añaden nada" a lo ya alegado por España.
El juez despacha con contundencia las referencias de la Comisión a las normas sobre ayudas de Estado, calificándolas de "irrelevantes" en un procedimiento de reconocimiento y ejecución regido por el derecho internacional y por la legislación australiana.
Incluso pone de relieve la inconsistencia de Bruselas: alegaba un "interés sustancial" en el caso, pero su escrito final se redujo a un par de páginas carentes de novedad. El varapalo se completa con una condena en costas contra la propia Comisión.
Un varapalo internacional
La sentencia deja un retrato incómodo: España aparece como un Estado renuente a cumplir con las obligaciones internacionales que libremente asumió, aferrándose a argumentos repetidos y contradictorios, mientras que la Comisión Europea queda desautorizada en su papel de apoyo.
En un fallo que suma casi 500 millones de euros más intereses y costas, el juez Stewart no solo impone a España una derrota jurídica, sino que además exhibe la falta de solidez de las defensas esgrimidas por Madrid y Bruselas.