El Gobierno de Pedro Sánchez depende de los separatistas catalanes para aprobar cualquier iniciativa en el Congreso. En consecuencia, aunque desde el Ejecutivo lo nieguen, son numerosas las concesiones que se están realizando con el fin de que sigan apoyando al líder socialista. Así, la semana pasada se oficializaba la fórmula de María Jesús Montero para llevar a cabo la supuesta condonación de deuda a las CCAA, que asciende a los 83.252 millones de euros.
En Libre Mercado hemos explicado en numerosas ocasiones que esta quita de deuda es, en realidad, una mutualización de la misma, puesto que pasa de las CCAA a la Administración General del Estado. Pero es que además, es una iniciativa que premia a las regiones más irresponsables. De hecho, la región catalana lleva más de 10 años incumpliendo la Ley de Estabilidad con sus niveles de deuda.
¿Saldrá esto gratis? Evidentemente, no. Agencias de calificación como Moody’s o Standard&Poors ya han advertido del elevado riesgo moral que genera la fórmula Montero. En concreto, Standard&Poors asegura en un informe que la supuesta quita "puede generar riesgo moral al disminuir los incentivos de las regiones para controlar el crecimiento de la deuda". Por su parte, Moody’s alerta de que su implantación podría afectar al crédito del bono soberano español.
Por otra parte, los nacionalistas también han conseguido que Sánchez ceda cada vez más competencias a la Hacienda catalana. De nuevo, deudas con los separatistas: el PSOE pactó con los separatistas la gestión, recaudación y liquidación del 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña. Así, los nacionalistas pretenden que en 2026 puedan gestionar ya el IRPF. Todo ello se hizo para garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad.