El Gobierno de Pedro Sánchez encaja un nuevo revés judicial en Estados Unidos. El Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia ha dictado una sentencia que confirma la obligación de España de indemnizar con casi 80 millones de euros a los inversores del caso Watkins, rechazando de plano los argumentos de defensa presentados por el Ejecutivo y avalando la plena jurisdicción de los tribunales estadounidenses para ejecutar el laudo.
La resolución, emitida esta semana, deniega la moción de archivo planteada por el Reino de España y concede una sentencia sumaria a favor de los demandantes. El fallo deja claro que el país debe abonar 77 millones de euros en daños más 2,5 millones en intereses, costes de arbitraje y honorarios legales, una cifra que seguirá creciendo mientras el gobierno se niegue a pagar. Además, el tribunal declara el laudo "inmediatamente ejecutable" en territorio estadounidense, habilitando a los inversores a iniciar de inmediato un discovery order que permita localizar bienes del Estado español en EE. UU. para su embargo.
El juez desestima uno a uno los argumentos de España y se acoge al precedente fijado en el caso NextEra Energy Global Holdings B.V. v. Reino de España, que ratifica la aplicación de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). La corte recuerda que España firmó un acuerdo de arbitraje vinculante a través del Tratado de la Carta de la Energía, por lo que los laudos del CIADI deben recibir en Estados Unidos el mismo "pleno reconocimiento y crédito" que las sentencias de los tribunales estatales. En consecuencia, descarta la tesis del Gobierno español según la cual la normativa europea impediría el reconocimiento del laudo.
Una cascada de derrotas judiciales
El caso Watkins se suma a una oleada de resoluciones adversas para España. En las últimas semanas, las cortes estadounidenses han confirmado condenas en los casos Eurus (Toyota Group), RREEF, Infrastructure Services (Antin) e Infrared, elevando a 440 millones de euros el total de indemnizaciones fijadas solo en estas sentencias recientes.
En conjunto, España acumula ya 26 laudos impagados por los recortes retroactivos a las primas renovables, el mayor número de cualquier país. La factura pendiente asciende a 1.492 millones, que se eleva a 1.874 millones si se incluyen intereses y sobrecostes derivados de la estrategia de impagos del Ejecutivo. Esta negativa a cumplir las resoluciones arbitrales ha provocado embargos de activos soberanos en países como Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos. El pasado julio, por ejemplo, los tribunales belgas ordenaron embargar las tasas de control aéreo que recauda Eurocontrol y transfiere a ENAIRE, un pago valorado en 80 millones que quedó consignado a favor de los inversores.
Última oportunidad ante el Supremo
España ha presentado una última petición de recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que será examinada a finales de septiembre. Si el Alto Tribunal rechaza la apelación, el Gobierno quedará sin más vías de defensa en territorio norteamericano.
Mientras tanto, otros frentes se abren en paralelo. En agosto, la justicia australiana reconoció cuatro de los laudos pendientes —por un valor conjunto de 469 millones de euros—, allanando el camino para su ejecución en aquel país.
La cascada de litigios coloca a España en una posición cada vez más delicada en los mercados internacionales. Las empresas afectadas insisten en que la solución es sencilla: pagar las deudas y restaurar la confianza, como ya hizo el Ejecutivo el pasado junio al zanjar el caso JGC mediante el abono de la indemnización estipulada.