Hay reglas que no son "teoría económica" sino verdaderos diques de contención contra el abuso del poder y el derroche. Los Presupuestos Generales del Estado se rigen por principios que ordenan quién tiene la competencia para ejecutar un gasto, qué se incluye, cómo se gasta y cuándo se aprueba. No son meras formalidades o trámites, son las garantías de control democrático, transparencia y eficiencia económica. Cuando un Gobierno como el de Sánchez, ni los presenta o, como ocurrirá en pocas semanas, trae un presupuesto puramente estético y sin fundamento, no solo incumple el calendario, dinamita esos principios uno por uno.
La aprobación del Presupuesto corresponde al poder legislativo. Sin proyecto, el Parlamento pierde su herramienta central de control político y técnico, el debate se diluye como un azucarillo y Sánchez gobierna sin someter sus prioridades a una votación anual y completa. Este control es indispensable en una democracia. Sin presupuestos, no hay rendición de cuentas.
El control del presupuesto nació históricamente como el gran freno al poder del Gobierno, como contrapeso a las tentaciones autócratas. Si se desactiva, se debilita el equilibrio liberal entre gobernantes y gobernados. Es constitucionalismo práctico.
Del déficit al despilfarro
Los presupuestos son la mayor y más potente herramienta de política económica que tiene un gobierno. Por eso, es tan importante que respeten los principios de universalidad y unidad, que incluya todos los ingresos y gastos del sector público en un único marco consolidado. Lo que estamos viviendo en estos dos últimos años son parches, modificaciones y apaños que fragmentan la visión de algo que es global, haciendo casi imposible verificar si cada euro está donde debe estar. Para los tertulianos polifacéticos: todo lo que tenga traducción financiera debe figurar y verse, sin cajas paralelas, bajo una unidad presupuestaria.
Aprobar y gestionar el presupuesto exige transparencia, debate parlamentario y fiscalización por el Tribunal de Cuentas. La opacidad estructural de Sánchez ha coartado ese debate a la sociedad española durante mucho tiempo, sin discusión sobre las prioridades en las políticas públicas y sin comparación de esas políticas y sus resultados.
Sánchez se ha aprovechado de su indisciplina en el gasto, recurriendo a modificaciones, ampliaciones y transferencias que, aunque legales, sustituyen al debate de fondo sobre qué programas (y por tanto políticas públicas) merecen seguir y cuáles deben extinguirse. No vale todo y menos en economía.
Un presupuesto es anual. La prórroga es la excepción, no la regla; y su no presentación una anomalía institucional y democrática. Para que el lector lo entienda, es actuar con prioridades de ayer sobre problemas muy diferentes de hoy.
Pero además de estas cuestiones, ¿dónde han quedado los principios económicos? ¿Qué ha sido de la neutralidad y justicia que se exige de los impuestos? ¿dónde está la concepción de que el gasto sea el mínimo imprescindible para cubrir lo que el sector privado no puede hacer?
Con presupuestos y sin ellos, este gobierno ha presumido de récords de gasto, a pesar de que financiarnos recurrentemente con deuda detrae recursos del sector privado y traslada la factura a las futuras generaciones.
La disciplina, la frugalidad, no es un capricho sino condición sine qua non para la libertad económica: más déficit hoy es menos libertad mañana, porque cada euro de intereses es un euro que no va a educación, sanidad, justicia o defensa. Sin equilibrio y sin prioridades claras, la deuda devora el margen de maniobra del propio Gobierno. A final de este año, los intereses de la deuda española superarán 40.000 millones de euros, casi 15.000 millones de euros más que en 2020, cuando suponían 25.127 millones de euros.
El problema de España es de tamaño, pero sobre todo de composición y eficiencia del gasto: el corriente crece, la inversión productiva retrocede frente al PIB y eso deprime la productividad y el efecto arrastre sobre la inversión privada. Seguir prorrogando unas cuentas obsoletas o aceptar el enjuague y el maquillaje presupuestario que Montero va a presentar sólo perpetúa esa mala composición.
Lo que nos traerá con toda la pompa el Ministerio de Hacienda con procedimiento de urgencia serán gastos heredados que sobreviven por inercia, programas ineficaces que no se revisan, en definitiva, un nuevo freno de la reasignación de recursos hacia inversión y productividad. Más gasto corriente, más compras de voluntades y más dependencia de lo público en busca de votos cautivos para un gobierno desesperado. Que se financie con deuda y se expulse la inversión privada y reduzca nuestro crecimiento potencial, no importa.
La alternativa necesaria
Permítanme señalar en este punto la urgente necesidad nacional de elaborar unos presupuestos de base cero, que respete los principios que señala la literatura económica y con déficit cero.
Un Presupuesto de Base Cero no "recorta por recortar", recalcula desde cero el valor de cada programa y obliga a justificarlo como si fuera nuevo. Es decir, los directores de los órganos de decisión de la Administración tienen que establecer prioridades, comparar costes, lo que implica analizar eficiencia y eficacia, justificar el gasto y discutirlo con sus superiores.
Es priorizar lo que añade valor público al menor coste, mientras el resto se reordena o se suprime hasta cerrar el déficit cero. España necesita un inventario total de programas y transferencias con mediciones de resultado comparables, con análisis de coste económico y efecto. Lo urgente es volver a la regla de equilibrio, donde se cierre primero el gasto corriente con los ingresos ordinarios y recurrir sólo a la deuda para inversiones que acrediten un retorno social acreditado, donde se reasignen recursos a la inversión que sea tractora de productividad y de capital privado.
En definitiva, un reordenamiento presupuestario radicalmente distinto a lo que está haciendo Sánchez. España no necesita un parche más, necesita volver a tener unos presupuestos basados en principios y sin déficit. Presentar y aprobar unas cuentas de base cero sería la forma más honesta de admitir que, cada euro público gastado de forma ineficiente limita la libertad y la prosperidad de los ciudadanos.
Restaurar el control parlamentario es la primera muralla de una sociedad libre frente a la arbitrariedad del Gobierno. En presupuestos, lo contrario de la prudencia no es la audacia, es la improvisación. Y, aunque suene a contracorriente, Sánchez no es audaz y ya hemos improvisado suficiente.