Estados Unidos ha vuelto a asestar un golpe judicial a la estrategia del Gobierno español para esquivar el pago de las multimillonarias indemnizaciones derivadas del hachazo a las renovables. La juez Beryl A. Howell, del Tribunal del Distrito de Columbia, ha rechazado los últimos intentos de España para frenar la ejecución de un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que obliga a pagar 77 millones de euros más intereses y costas a Blasket Renewable Investments, heredera de la reclamación iniciada por inversores luxemburgueses y holandeses.
La decisión subraya, una vez más, el estatus de España como deudor contumaz en los litigios por las renovables. El tribunal norteamericano aplica el Convenio CIADI, que obliga a los países firmantes a reconocer y ejecutar los laudos "como si fueran una sentencia firme de un tribunal estatal". Según la juez, su papel es el de un "tribunal de ejecución, no de revisión", por lo que no puede entrar a valorar los argumentos de fondo de España. Basta con comprobar que el laudo es auténtico, que el CIADI lo considera vinculante y que existe jurisdicción en virtud de la ley estadounidense.
La magistrada recalcó que la legislación estadounidense exige otorgar "plena fe y crédito" a los laudos del CIADI, lo que blinda el derecho de los inversores a cobrar. Esta obligación deja sin margen a los jueces estadounidenses para reexaminar la validez del arbitraje o la jurisdicción del tribunal internacional.
El derecho comunitario
España alegaba que no existía un acuerdo válido de arbitraje, amparándose en la doctrina europea que prohíbe arbitrajes intra-UE, y que el pago vulneraría el derecho comunitario sobre ayudas de Estado. La jueza Howell fue tajante: los tribunales estadounidenses no pueden reabrir el debate sobre la jurisdicción del CIADI ni revisar el fondo del laudo. Además, recordó que el propio comité de anulación del CIADI ya había confirmado la validez de la condena.
La defensa española también invocó la llamada doctrina de compulsión soberana, que permitiría a un tribunal estadounidense abstenerse de ejecutar una decisión que obligue a un Estado a violar su propio ordenamiento. Pero la juez rechazó este argumento: la obligación de cumplir el Convenio CIADI está por encima de consideraciones de deferencia hacia la Unión Europea.
La sentencia cita además la reciente doctrina del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia en el caso NextEra, que ya había aclarado que el Tratado de la Carta de la Energía constituye un acuerdo de arbitraje válido incluso para disputas dentro de la UE. Esa decisión eliminó las principales defensas de España, incluidas la inmunidad soberana y la excepción de foro no conveniente.
Este fallo se suma a una larga lista de victorias de los inversores en cortes de EEUU y Europa, consolidando una cascada de laudos que exponen a España a pagar miles de millones de euros. Cada derrota judicial refuerza la imagen de un país que rompe sus compromisos con los inversores, mina la seguridad jurídica y traslada la factura de su política energética a los contribuyentes. La deuda total generada por esta problemática ya ronda los 1.900 millones de euros.