España vuelve a recibir un serio correctivo en los tribunales norteamericanos por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables. El Tribunal de Distrito de Columbia (Washington, D.C.) ha dictado una nueva sentencia que confirma la validez y ejecutabilidad del laudo arbitral emitido por el CIADI en el caso Cube Infrastructure vs. Spain, abriendo la puerta a nuevos embargos de activos del Estado en territorio estadounidense.
La jueza Loren AliKhan ha rechazado todos los argumentos del Gobierno español y ha avalado la reclamación de la gestora luxemburguesa Cube Infrastructure, que reclama una compensación superior a 40 millones de euros. En concreto, el fallo obliga a España a abonar 33,7 millones de euros en concepto de indemnización, más 3 millones en intereses de demora y 3,5 millones en costas procesales, sumando una deuda de 40,2 millones de euros. Si el Gobierno continúa sin cumplir el laudo, Cube podrá solicitar embargos cautelares o definitivos sobre bienes del Estado español en EE.UU. y en otras jurisdicciones que cooperen con la justicia norteamericana.
Este nuevo varapalo se suma a las recientes victorias judiciales de Watkins, Infrastructure Services (Antin), RREEF e Infrared, cuatro firmas que también han ganado sus respectivos casos en los tribunales estadounidenses. Con la decisión a favor de Cube, el patrón es inequívoco: cinco derrotas consecutivas de España en cuestión de semanas, en un mismo tribunal federal, con jueces que descartan uno por uno los argumentos de defensa esgrimidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Golpe a la tesis oficial
La relevancia de este fallo va más allá de la cifra económica. Todos los casos mencionados afectan a empresas de la Unión Europea, lo que desmonta la tesis oficial de que los laudos arbitrales dictados en el marco del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) no serían ejecutables en Estados Unidos. Las sentencias, de hecho, equiparan los laudos del CIADI a resoluciones judiciales norteamericanas, lo que otorga a las compañías demandantes la capacidad de perseguir activos españoles como si se tratara de deudas reconocidas por los tribunales locales.
Cube Infrastructure, en concreto, es un fondo que desarrolló tres plantas fotovoltaicas y varias instalaciones hidroeléctricas en España. Tras el severo recorte a las primas renovables aprobado por el Gobierno en 2013, la empresa presentó una demanda ante el CIADI —el tribunal de arbitraje del Banco Mundial— en el primer semestre de 2015. Cuatro años más tarde, en 2019, obtuvo un laudo favorable que España se ha negado a ejecutar, forzando ahora esta nueva batalla judicial en Washington.
El peor historial mundial
La negativa sistemática de España a cumplir los laudos ha convertido al país en un caso de estudio a nivel internacional. Según los registros más recientes, el Reino de España acumula 26 laudos impagados, una cifra que supera a cualquier otro país del mundo. El importe total de las indemnizaciones pendientes rebasa los 1.492 millones de euros, a los que se añaden cerca de 390 millones en intereses de demora y sobrecostes legales. Esta factura no solo crece con cada nueva sentencia, sino que también multiplica el riesgo de que los acreedores embarguen bienes estratégicos del Estado español en el extranjero.
De hecho, algunos embargos ya se han materializado. En los últimos años, empresas demandantes han logrado bloquear pagos de Enaire a través de Eurocontrol e incluso han obtenido medidas de embargo sobre inmuebles emblemáticos, como la sede del Instituto Cervantes en Londres. Las compañías afectadas advierten de que, si el Gobierno no cambia de estrategia y no alcanza acuerdos extrajudiciales —como el que en junio permitió cerrar el litigio con la corporación japonesa JGC—, el país se expone a una escalada de litigios que puede comprometer tanto su reputación internacional como su patrimonio diplomático y financiero.
Embargos cada vez más probables
En Estados Unidos, la tendencia judicial es clara: los jueces consideran que los laudos del CIADI son plenamente ejecutables y, en consecuencia, habilitan a los demandantes a perseguir activos españoles. Con cinco derrotas consecutivas en pocas semanas, España se enfrenta a un escenario cada vez más adverso en el que los embargos de cuentas, activos financieros y bienes públicos no son una mera amenaza, sino una posibilidad cada vez más tangible.
Este nuevo fallo en favor de Cube Infrastructure, que sigue a una cadena de derrotas en los casos Watkins, Antin, RREEF e Infrared, confirma que el llamado 'pufo de las renovables' se ha convertido en uno de los mayores fracasos jurídicos y financieros del Estado español en el exterior. Y lo peor, según coinciden las empresas demandantes, es que el reloj sigue corriendo y la factura no deja de aumentar.