Los impuestos son el factor clave en el debate de la continuidad de las centrales nucleares y el Gobierno de Extremadura que preside la popular María Guardiola ha dicho este jueves por primera vez que podría mover ficha. En el pleno de la Asamblea de Extremadura, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha dicho que su Ejecutivo estaría dispuesto a eliminar la ecotasa autonómica, que supone una recaudación de 5 euros por MW que generan alrededor de cien millones al año, si de ello depende que la central nuclear de Almaraz siga abierta.
El anuncio ha llegado en respuesta a Óscar Fernández, portavoz de Vox, que llevaba semanas presionando al PP de María Guardiola con este asunto y después de que la Comunidad Valenciana anunciara la supresión de su propio impuesto sobre Cofrentes. Tras los reproches del de Vox, Manzano ha sacado pecho de la actuación de este gobierno frente a un "cierre sectario e ideológico que no se hubiera producido si la central en vez de estar en Campo Arañuelo hubiera estado en Cataluña". Señalando que es el Gobierno central quien percibe "la mayor parte" del "pastel" fiscal, ha avanzado que la presidenta Guardiola actuará "si de eso depende el mantenimiento de la central de Almaraz".
La noticia ha sido celebrada en la región en medio de movilizaciones crecientes contra el cierre: este miércoles, cientos de trabajadores se concentraron en Cáceres y animaron a empresas, para las que la presión fiscal es el principal impedimento, y gobierno a pactar una prórroga. Desde la plataforma Sí a Almaraz, sí al futuro, que aglutina no sólo a empleados sino a empresarios, vecinos y políticos, han "aplaudido" el gesto señalando que "todavía estamos a tiempo de impedir el cierre", previsto para octubre de 2027 y noviembre de 2028.
El anuncio llega con la negociación enquistada y un día después de que una de las propietarias, Iberdrola, presentara un plan de inversiones hasta 2028 que no recoge la posibilidad de que la central siga en marcha más allá de la fecha prevista.