El famoso "maquillaje" del que se habla en las tertulias de todo el país no se refiere solo al CIS de Tezanos o a los datos de paro que cada mes promocionan el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, también al Instituto Nacional de Estadística. Organismo con un papel crucial en el rumbo económico de España, pues es el encargado de calcular el Índice de Precios al Consumo (IPC) o el Producto Interior Bruto (PIB), entre otros indicadores.
La directora del Instituto Nacional de Estadística, Elena Manzanera, designada en su día por Nadia Calviño, ha publicado su primer comunicado institucional con nombres y apellidos, señalando a comunicadores y economistas que han expresado públicamente su disconformidad y sorpresa por los curiosos y habituales cambios de criterio en la elaboración de las distintas estadísticas que evacúa el INE.
Precisamente la metodología empleada para llegar a cuadrar los datos y la estadística con el argumentario triunfalista gubernamental ha hecho que en alguna ocasión haya habido discrepancias. Solo hay que recordar lo que ocurrió con el antecesor en el cargo de la señora Manzanera, Juan Manuel Rodríguez Poo quien en junio de 2022 "dimitió forzadamente" tras su enfrentamiento con la entonces ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Así lo recuerda en un artículo en El Español el periodista David G. Maciejewski, en la diana del INE desde la semana pasada.
El 15 de septiembre el instituto estadístico publicó un comunicado institucional para hacer una serie de "puntualizaciones y desmentidos a varias afirmaciones recogidas en el artículo "Lo que Homer ha enseñado a Sánchez: si las estadísticas no te gustan, cámbialas; así manipula el Gobierno a los españoles"", redactó. Y ya en el primer párrafo señala no solo a Maciejewski sino a las fuentes económicas utilizadas para su reportaje: a José Ramón Riera y a Javier Santacruz (colaborador de EsRadio y Libertad Digital).
El comunicado es también sorprendente por cuanto evidencia las fuentes de las que parece beber la todopoderosa directora general del INE, ya que solo cita al diario El Español, cuando desde Libertad Digital y esRadio llevamos años denunciando el bastardeo habitual de las estadísticas del INE.
En el comunicado primero dicen que el "INE es un organismo autónomo y profesionalmente independiente", que el cálculo del PIB y del IPC está sujeto a "normas establecidas en Reglamentos europeos y que todos los estados miembros de la UE deben seguir rigurosamente" y que Eurostat "realiza auditorías en las que revisan cada uno de los parámetros metodológicos". Con todo, prosigue, "el INE quiere advertir de que todas las críticas vertidas en el artículo de El Español sobre los procedimientos utilizados para la producción de estos indicadores no tienen ningún fundamento".
Y ahí es donde se da por aludido el economista José Ramón Riera quien ha respondido al escrito en EL DEBATE para reclamarle a la institución "independencia, transparencia y credibilidad". También expresa su orgullo por haber sido de los primeros en ser "oficialmente señalado" después de que en agosto publicara El Confidencial que el INE buscaba agencia de comunicación para monitorizar lo que se dice de sus estadísticas. Redacta: "nunca había visto que el INE dedicara sus recursos a una «caza» pública de quienes opinamos que las estadísticas oficiales adolecen de errores o, al menos, de interpretaciones discutibles".
Metodología abierta a la interpretación
A la hora de calcular el IPC, en enero de 2022 se cambió el peso de los grupos. El grupo 01 (Alimentos y bebidas no alcohólicas) pasaba de representar un 23,6 % a un 22,6 %, lo que suponía una caída del 4,2 % en su ponderación. Y un año después, ya bajo la presidencia de Elena Manzanera, se redujo aún más, hasta el 19,6%. Por lo que "entre 2021 y 2023, se acumula una bajada del 16,9 % en plena crisis inflacionaria" denuncia Riera en su artículo de El Debate. También Javier Santacruz recuerda que además de modificar el peso de los alimentos a la hora de calcular la inflación, también se hizo con la energía cuando se empezó a tener en cuenta la tarifa fija de los consumidores que en ese momento era más baja que el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), por lo que la inflación oficial salió más baja.