Ayer fue Iberdrola quien descartó Almaraz, la planta extremeña, una de las mejores centrales nucleares del mundo en cuanto a tecnología y seguridad, de su plan estratégico para los próximos años. De hecho, en la zona ha instalado energía renovable con paneles solares con la intención de compensar la pérdida de potencia que obtenía de Almaraz y que superaba los 550 megavatios.
Como Iberdrola, las compañías energéticas propietarias de las nucleares, Endesa y Naturgy, no se han mostrado contrarias a este tipo de generación, sino a las condiciones que el Gobierno ha impuesto a las nucleares y que ha convertido esta actividad en un lastre económico dentro de estas compañías. Como los propios responsables de estas empresas dicen, han hecho que salga más caro por tasas e impuestos producir un megavatio de energía de lo que se gana con él, conviertiendo la actividad en deficitaria y por tanto, en estas condiciones, las empresas no se oponen a cerrarlas, aunque todas confiesan que será un problema a la hora de garantizar el suministro en España.
El apagón del pasado mes de abril ya fue una advertencia: nuestra red eléctrica no está preparada para trabajar sólo o mayoritariamente con energía renovable. Al menos no todavía. Y sigue siendo necesario y deseable tener una energía que sostenga el sistema, estable y constante, como sucede con las nucleares.
Veamos qué ha pasado con la normativa que rodea a las nucleares en los últimos años, desde que Sánchez llegó al poder y puso a Teresa Rivera, sí esa que ahora en Bruselas se considera amiga de las nucleares porque la Taxonomía de la Unión ha dicho que las plantas nucleares son energía "verde".
Lo que ha pasado durante este tiempo es que la carga fiscal específica del sector nuclear se ha disparado en los últimos cinco años hasta un 70% según Price Waterhouse Cooper.
Tengamos en cuenta que en algunos casos, las nucleares están cifrando el coste del impuesto (variable más fijo) por encima de los 28 euros por megavatio hora de energía, lo que supera sus ingresos de generación en la mayoría de las ocasiones. Lo que supone una fiscalidad asfixiante que amenaza la viabilidad del parque nuclear.
Un informe de EY señala que España es uno de los países que más penaliza fiscalmente a sus centrales nucleares, con cargas específicas que no tienen paralelo en otros países europeos analizados.