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Sánchez hunde a España en el Índice de Libertad Económica: se desploma al puesto 53 del mundo

España baja en competitividad por déficit crónico, deuda elevada y un entorno regulatorio que frena la inversión y debilita la iniciativa privada.

España baja en competitividad por déficit crónico, deuda elevada y un entorno regulatorio que frena la inversión y debilita la iniciativa privada.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez | EFE

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado este lunes su informe La libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica 2025, en el que alerta del grave deterioro de las condiciones para invertir y hacer empresa en nuestro país. Según el índice, elaborado a partir de los datos de la Fundación Heritage, de Estados Unidos, España ocupa el puesto 31 de 38 países de la OCDE, con un nivel de libertad económica un 7% inferior a la media del club de economías avanzadas, y cae hasta el puesto 53 entre 184 países del mundo.

Durante la presentación del acto, Íñigo Fernández de Mesa (presidente del IEE) y Gregorio Izquierdo (director general de la entidad) estuvieron acompañados por Francisco Cabrillo y Carlos Rodríguez Braun. La totalidad de los intervinientes subrayaron que, en la edición de 2025, las variables que más penalizan a España son el excesivo tamaño del Estado, el alto nivel de gasto público, el persistente desequilibrio fiscal y la elevada deuda pública.

En el ranking para el conjunto de la OCDE, España se sitúa en el puesto 33 de 38 en la categoría dedicada a la salud fiscal, con un déficit estructural crónico y una deuda que no deja de crecer. La brecha de España en disciplina fiscal es de –2,7 puntos respecto a la media de la OCDE, lo que significa que somos una de las peores economías del club de países desarrollados en lo referido al control de las cuentas públicas. Esta debilidad limita la capacidad de rebajar impuestos y desincentiva la inversión privada, además de restringir el margen de maniobra del Estado ante futuras crisis.

En el subíndice específico de libertad de empresa, España obtiene 102,1 puntos sobre una base OCDE = 100, ligeramente por encima de la media, pero a gran distancia de los países punteros. Dinamarca, por ejemplo, alcanza 111 puntos; Australia, 110,9; Irlanda, 116,5; y Suiza lidera el ranking con 117,4. Esta diferencia equivale a estar un 11% por detrás de los países desarrollados más competitivos.

La debilidad institucional se refleja en los resultados de las compañías. El informe destaca que el Excedente Bruto de Explotación (EBE) —una medida de referencia de la rentabilidad empresarial— ha caído con fuerza en la última década y, pese al apoyo de los fondos europeos, en 2025 representará apenas el 42% del PIB, frente al 44% registrado en 2018. El hecho de tener una menor rentabilidad que dos años antes de la pandemia muestra la reducida capacidad de las empresas para innovar, invertir y mejorar la productividad, factores esenciales para sostener el crecimiento a largo plazo, pero que no se materializan bajo el actual marco de políticas económicas.

En la tabla global de libertad económica (OCDE = 100), España (93,3) se sitúa por debajo de la media de la UE-27 (98,8) y muy por detrás de potencias como Estados Unidos (98,5), Japón (98,4) o Alemania (98,3). Incluso países latinoamericanos recién incorporados a la OCDE, como Chile (101,7), superan a España. Apenas México (85,4), Italia (85), Grecia (83,9), Colombia (83,9) o Turquía (78,7) presentan valores inferiores.

Un entorno cada vez más hostil a la inversión

El IEE advierte en su informe de que España ha retrocedido también en el ranking de facilidad inversora, hasta el puesto 28 de 38 dentro de la OCDE, lo que evidencia «un entorno cada vez más problemático para la inversión empresarial, con mayores restricciones regulatorias y menor seguridad jurídica».

Los autores reclaman, por tanto, la necesidad de "reforzar la libertad de empresa como pilar estratégico", evitar "acciones que debiliten la competitividad" y contener el tamaño del sector público para recuperar el crecimiento. "La expansión del aparato estatal no solo genera ineficiencias, sino que compromete la sostenibilidad fiscal a largo plazo", advierte el informe.

En su conclusión, el IEE subraya que la libertad de empresa no es solo un derecho económico, sino "una condición necesaria para el dinamismo del sistema productivo y para la sostenibilidad del crecimiento". España, concluyen, debe acometer una agenda de reformas que reduzca el gasto, el déficit y la presión fiscal si quiere volver a acercarse a los países más prósperos del mundo.

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