Este miércoles fue aprobada la Ley de Movilidad Sostenible impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez por 174 votos a favor, 170 en contra y 4 abstenciones que garantizan el desbloqueo de 10.000 millones de euros de fondos europeos, tal y como hemos contado en Libre Mercado.
Esta ley (que se puede consultar aquí) tiene varios puntos que son importantes y que iremos explicando a lo largo de este artículo, pero que tienen relación con las nuevas obligaciones para las empresas y la movilidad laboral, con la supresión de vuelos nacionales en favor de los trenes y con la revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT para acceder a las Zonas de Bajas Emisiones.
Cuando esta ley entre en vigor, algo que no se ha especificado en concreto, sino que será "en el ejercicio presupuestario siguiente al de la publicación de las bases reguladoras de las subvenciones con dicho fin", las empresas con centros de trabajo que tengan más de 200 trabajadores o 100 por turno, tendrán un plazo de 24 meses desde esa entrada en vigor para "disponer de planes de movilidad sostenibles para esos centros". Tal y como recoge la ley, dicha obligación será aplicable también a las entidades pertenecientes al sector público estatal.
A pie o en bici al trabajo
Aunque en los documentos aprobados no se han especificado los detalles, sí que se han dado unas directrices a seguir, como que los planes de movilidad de este tipo de empresas promuevan que la gente acuda a sus centros de trabajo con "formas de movilidad activa", como pueden ser "ir a pie, en bicicleta, en transporte público, en vehículos con cero emisiones o bien compartidos, en contraposición al estilo de vida sedentario."
Las empresas mencionadas también tendrán que incluir en sus planes de movilidad sostenible soluciones que contemplen "soluciones para facilitar el uso y recarga de vehículos cero emisiones", es decir, puntos de recarga. También deberán permitir el teletrabajo en los casos en los que sea posible hacerlo. "Asimismo, se incluirán medidas relativas a la formación en movilidad, seguridad vial y prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo", se explica en el documento.
En cuanto a las empresas cuyos centros de trabajo cuenten con más de 1.000 personas situados en lugares con más de 500.000 habitantes, las empresas deberán incluir medidas que permitan "reducir la movilidad de las personas trabajadoras en las horas punta o durante la jornada laboral y promover el uso de medios de transporte de bajas o cero emisiones y de servicios de movilidad colaborativa."
Otra de las medidas de mayor calado es la que "impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales". De manera que se cumplirá un anhelo del Gobierno que ya habló de suprimir los vuelos nacionales si había una alternativa en tren con una duración inferior a dos horas y media.
El documento insta a llevar a cabo un estudio que recoja la posibilidad de implantar servicios ferroviarios con conexión con los países europeos del entorno, "con especial atención a los servicios con horarios nocturnos con objeto de impulsar aquellos que sean viables en términos medioambientales, sociales y económicos". Se pide además alcanzar la electrificación completa en los trenes e implantar autopistas ferroviarias en corredores estratégicos del país.
La cuestión de las etiquetas medioambientales de la DGT y su relación con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) también se ha tratado. En este sentido, la ley obligará a modificar las etiquetas medioambientales y tendrá un año de plazo para presentar un análisis del sistema en el que se consultará a las comunidades autónomas. Se cumple así algo que ya tratamos en junio de este año en Libre Mercado.
Ya contamos en dicho artículo que había problemas con las etiquetas y que hay coches que disponen de etiquetas cero emisiones que contaminan incluso más que otros, es por ello por lo que la reforma se hará "teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO₂ como criterio adicional". Diga lo que diga el nuevo estudio, este estará encaminado en que menos coches puedan entrar en las zonas de bajas emisiones que en la actualidad.
La Ley de Movilidad Sostenible también incluye otra novedad para los coches eléctricos, y es que se informará sobre la localización de las infraestructuras de recarga de acceso público y se pondrán señales de tráfico para indicarlas en todas las carreteras de ámbito estatal, así como las distancias hasta esas infraestructuras y las más cercanas.