
Sepes, la Entidad Pública Empresarial de gestión de suelo y actuaciones en vivienda protegida, se convertirá en la nueva Empresa Estatal de Vivienda y el Gobierno le traspasará terrenos e infraestructuras de suelos penitenciarios del Ministerio del Interior para construir nuevas viviendas protegidas y asequibles. En concreto, el Ejecutivo espera levantar en estos terrenos 1.332 viviendas, que serán repartidas entre Huesca, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Denia, Segovia y Burgos.
Así lo ha anunciado este martes tras el Consejo de Ministros la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha detallado que, con esta iniciativa, el Ejecutivo transformará lo que fueron "celdas" en "lugares que serán hogares". "Nuestro objetivo es tener cuanto antes el parque público de vivienda para garantizar ese derecho y ese es el impulso con el que estamos trabajando a través de la nueva empresa pública de vivienda", ha explicado al respecto.
Según la ministra, estas incorporaciones se suman a la transformación de terrenos militares en viviendas, con la incorporación de 17 nuevos cuarteles, y a la incorporación de las viviendas de Sareb a la nueva empresa estatal, unas 40.000 viviendas y 2.400 suelos. A este respecto, Rodríguez ha explicado que el valor de estos terrenos es de 78 millones de euros. No obstante, del mismo modo que con con las viviendas y suelos de la Sareb, el Gobierno establecerá una pasarela por la que el Ministerio no asumirá el pago.
Con todo, la titular de Vivienda ha explicado también que se ha dado luz verde en Consejo de Ministros a una transferencia de 260 millones de euros a Sepes para el desarrollo del Plan de Vivienda Asequible, que es el marco en el que se desarrollarán, entre otros proyectos, los que afectan a estos ocho terrenos de suelos penitenciarios.
¿Dónde se levantarán estas viviendas?
De acuerdo con lo anunciado por la ministra de Vivienda, uno de los terrenos que serán traspasados a Sepes es la cárcel de Carabanchel, en Madrid, que cuenta con 27.000 metros cuadrados y poder albergar más de 508 viviendas. La segunda zona que albergará el mayor número de viviendas será la de la Cárcel de la Ranilla, donde se construirán unas 240 viviendas en un terreno de 5.500 metros cuadrados.
Del mismo modo, los terrenos de la antigua cárcel de Córdoba albergarán 174 viviendas, mientras que en Dénia se levantarán 145 viviendas y en la Cárcel Provincial de Huesca 140 casas. Asimismo, en la Cárcel del Torrero de Zaragoza se construirán 64 viviendas, la Cárcel de Segovia albergará otras 53 viviendas y en Briviesca se levantarán 8 viviendas.
En este sentido, la ministra ha incidido en que, si bien están aprobadas todas estas actuaciones, en cada una de ellas hay una situación "distinta de planeamiento", por lo que será tan importante el tiempo que tarde la construcción de los inmuebles como los plazos de la tramitación administrativa. De hecho, según ha confirmado la ministra, sólo "en Huesca, Segovia y Burgos, estamos en un momento de actuación inmediata y, por tanto, de licitar próximamente estos terrenos para la construcción de la vivienda".
Nuevo ataque contra Ayuso
En este contexto, Rodríguez ha dejado claro que desde el Ejecutivo pretenden, al mismo tiempo, avanzar con su política intervencionista en materia de vivienda. En concreto, en su intervención ha indicado que espera "pronto" los ayuntamientos de Santiago de Compostela y el ayuntamiento de las Palmas puedan declarar zonas tensionadas con el fin de intervenir y tratar de contener el precio de la vivienda, después de que los gobiernos autonómicos de Galicia y Canarias hayan autorizado dicha intervención por parte del Gobierno.
Así, Rodríguez ha aprovechado para atacar de nuevo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no ceder ante las exigencias del Ejecutivo en materia de vivienda. Recordemos, de hecho, que hace unos días, en una entrevista en La Sexta, la ministra aseguró que, si pudiera, aplicaría el artículo 155 de la Constitución para intervenir sobre la región.

