La crisis de vivienda que sufre España pone en un brete al Gobierno. Tras los seis años de mandato de Pedro Sánchez, comprar o alquilar una vivienda en las grandes ciudades del país se ha convertido en toda una odisea para el ciudadano.
A pesar de que estamos ante un problema de escasez de vivienda, que es lo que ha generado que la oferta y la demanda de vivienda sufran un gran desequilibrio y suba el precio, en el Gobierno se niegan en redondo a promover el aumento de la oferta por la vía privada.
De hecho, en las últimas semanas, la postura del Ejecutivo de Sánchez ante el problema de la vivienda se ha radicalizado todavía más oponiéndose a cualquier tipo de liberalización en el sector. A esto se suma que muchas de sus medidas intervencionistas de los últimos años son las responsables de esa reducción de la oferta.
"La vivienda no puede entenderse en términos exclusivos de mercado", ha considerado este miércoles la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. "El mercado libre no es la solución cuando hablamos de una necesidad básica. Se precisa la intervención", ha sentenciado la socialista en su intervención el Congreso de los Diputados. Rodríguez parece ignorar, por ejemplo, que la alimentación también es un "bien básico" y que su liberalización es lo que permite que funcione de forma eficiente.
Para la ministra, "la disposición de suelo y la barra libre sin promover vivienda asequible derivó en la especulación más salvaje, en el rescate de la banca y los desahucios y no lo vamos a permitir". Rodríguez también parece olvidar que la burbuja inmobiliaria en España se debió a una crisis de exceso de crédito, tanto de las familias como de las promotoras y constructoras, una situación que ahora mismo es distinta, por ejemplo, con la deuda de los hogares en mínimos.
Construcción en mínimos, población en máximos
Cabe recordar que el número total de viviendas iniciadas y terminadas se ha hundido en nuestro país desde los picos de 2006, cuando se llegaron a iniciar y acabar más de 700.000 viviendas al año. Sin embargo, en 2024, el número de viviendas iniciadas apenas superó los 136.000 inmuebles, mientras que las terminadas cerraron el año en las 100.980 casas.
Si a esto le unimos el aumento sistemático de la población (demandantes de casas), que en el tercer trimestre de 2025 superó los 49,3 millones de personas, casi dos millones más, por ejemplo, que en el tercer trimestre de 2022, el desequilibrio entre oferta y demanda es evidente.
Mientras tanto, la ministra de Vivienda aseguró hace unos días que no hay que "construir a lo loco" y, este miércoles, continúa con ese rechazo a la construcción de la empresa privada. "El mercado es quien está ahogando y atrapando a las familias", aseguraba. Teniendo en cuenta que el Gobierno se niega a favorecer la construcción privada de vivienda y que la población en España no para de crecer, lo más probable es que los precios sigan subiendo.
155 a Madrid
Otra de las últimas batallas de Isabel Rodríguez son las CCAA que se niegan a intervenir los precios de los alquileres tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de Sánchez, como la Comunidad de Madrid.
En una entrevista en La Sexta el pasado viernes, Rodríguez aseguró que, si pudiera hacerlo, aplicaría el artículo 155 de la Constitución para intervenir la región de Ayuso y obligarla a declarar "zonas tensionadas" parte de su territorio para impedir a los propietarios cobrar por los alquileres la cuantía que consideren oportuna. Desde Sumar, también han apostado esta semana por un proyecto de decreto ley con la idea de sortear a las regiones más reticentes a intervenir el mercado de la vivienda con medidas como "la congelación y prórroga" de todos los contratos de alquiler".
Durante su comparecencia Rodríguez ha anunciado algunas medidas cosméticas, como un teléfono gratuito, el 047, para atender dudas sobre normas y ayudas disponibles del sector inmobiliario. También ha defendido el nuevo Plan de Vivienda Estatal, que contempla numerosas subvenciones a la demanda de vivienda y un gasto de 7.000 millones.