El cambio de modelo de financiación autonómica lleva años sobre la mesa sin que el Gobierno haya movido ficha, pese a estar sin actualizar desde 2014. Sin embargo, la debilidad parlamentaria, la urgencia de amarrar a sus socios y el horizonte electoral en Andalucía han llevado al Ejecutivo a valorar ahora su impulso.
Desde el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, se ha activado la maquinaria con el objetivo de que, antes de abandonar el Gobierno para volcarse en la campaña electoral andaluza, la vicepresidenta primera deje "esbozada" una propuesta de reforma de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas). La culminación del proyecto, sin embargo, recaería en su sucesor. En definitiva, a la ministra le "gustaría irse" de Hacienda con una propuesta sobre la mesa.
De esta forma, el Gobierno busca satisfacer las aspiraciones independentistas dando cumplimiento a su hoja de ruta soberanista con el llamado "cupo catalán" y la Agencia Tributaria propia, ofrecidos como moneda de cambio para asegurar la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Y es que ERC, con quien el Ejecutivo pactó una financiación singular, ya ha advertido que no respaldará las Cuentas Públicas mientras no se cumpla lo acordado. Esta reforma avanzaría en paralelo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023 y en claro incumplimiento del mandato constitucional. Aun así, el Gobierno insiste en mantener la dicotomía al afirmar que el acuerdo alcanzado con ERC no implica sacar a Cataluña del régimen común.
A pocos meses de que se celebren las elecciones andaluzas —que, según el presidente Juanma Moreno, se convocarán cuando toca, María Jesús Montero ya empieza a preparar el terreno. Desde su posición al frente de la caja común, la ministra de Hacienda mueve ficha para favorecer económicamente a determinadas comunidades, entre ellas Andalucía, consciente de que lo más probable es que deba abandonar su cargo en el Ejecutivo durante el segundo trimestre de 2026 para volcarse en la campaña.
El Gobierno insiste en que el principal obstáculo para esta reforma proviene de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que han dejado claro que no aceptarán una condonación de deuda derivada de una "operación política" del Ejecutivo con el único objetivo de mantenerse en el poder.