El Banco Mundial ha vuelto a dar un nuevo varapalo a España. El CIADI, el tribunal de arbitraje dependiente de la institución, ha dictado un nuevo laudo definitivo que obliga al Estado español a pagar 262 millones de euros a Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxembourg por los daños causados tras la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.
El caso se remonta a 2013, cuando los inversores denunciaron al Gobierno español ante el CIADI (expediente ARB/13/36) al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. Alegaban que las reformas impulsadas entre 2012 y 2014, que recortaron o eliminaron los incentivos inicialmente comprometidos, violaban el principio de trato justo y equitativo y rompían las expectativas legítimas de quienes apostaron por el sector bajo un marco regulatorio estable.
En 2017, un primer tribunal arbitral dio la razón a Eiser y condenó a España a pagar 128 millones de euros más intereses. Sin embargo, un comité ad hoc del CIADI anuló el laudo en 2020. Los demandantes reabrieron el procedimiento en 2021, y ahora, tras una nueva revisión del caso, el CIADI no solo ratifica la condena, sino que la duplica, fijando la compensación final en 262 millones de euros.
Tres plantas afectadas y una década de litigio
Eiser desarrolló tres plantas termosolares en España bajo el sistema de primas reguladas. Según los reclamantes, las sucesivas reformas energéticas del Gobierno cambiaron de forma retroactiva las condiciones económicas esenciales de sus inversiones, lo que derivó en graves pérdidas financieras.
El nuevo laudo pone punto final a más de una década de litigios entre las empresas afectadas y el Reino de España, pero también agrava la factura global que el Estado acumula por los arbitrajes internacionales relacionados con el recorte de las renovables.
Una factura que ya supera los 2.150 millones
Con esta nueva condena, España suma 27 laudos firmes pendientes de pago. El total de indemnizaciones, que asciende a 1.755 millones de euros, junto con los intereses de demora y costes legales, por 397 millones adicionales, eleva la factura total a 2.152 millones de euros.
Ante la negativa del Gobierno a cumplir voluntariamente las resoluciones, varios tribunales extranjeros han comenzado a reconocer y ejecutar los laudos. En Estados Unidos, los jueces han validado ya los casos Cube (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), Infrared (35 millones) y NextEra (290,6 millones).
También avanza la ofensiva judicial en Australia, donde el Tribunal Federal dictó el pasado 29 de agosto una sentencia histórica que ordena la ejecución de cuatro laudos —RREEF, 9REN, Watkins y NextEra— por un importe total de 469 millones de euros. Además, la resolución impone costas procesales a España y a la propia Comisión Europea, cuya intervención fue rechazada.
A ello se suman los embargos en Reino Unido y Bélgica, que afectan a bienes del Estado español como la sede del Instituto Cervantes, edificios de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, diversas cuentas bancarias, y hasta 200 millones de euros interceptados a Enaire a través de Eurocontrol el pasado mes de julio.
España, líder mundial en impagos arbitrales
El deterioro de la imagen internacional de España se refleja en el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el académico Nikos Lavranos, que sitúa al país al nivel de Venezuela y por delante de Rusia como el Estado con más condenas impagadas.
El impacto reputacional de esta situación es evidente. En lo que va de año, la inversión extranjera captada por España se ha desplomado un 60%. Para revertir la actual desconfianza y recuperar la seguridad jurídica, el Gobierno de Pedro Sánchez debería seguir el ejemplo del acuerdo que cerró la deuda del caso JGC, pero extendido ahora a los 27 acreedores afectados. Entre ellos figuran grandes nombres del sector energético como E.ON y EDF, además de multinacionales japonesas como Toyota (caso Eurus), Mitsui e Itochu.