Una interpelación de la CUP, la presión de los "Comuns" de Ada Colau y un informe sobre la limitación en la compra de viviendas han servido al presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, para anunciar que ha encargado un informe a la consejería de Territorio sobre la viabilidad legal de prohibir la compra "especulativa" de vivienda.
Illa quiere ir sobre seguro. Pretende complacer a los "Comuns", aliados externos de su 'Govern', e incluso satisfacer a la CUP, pero parece tener dudas sobre la posibilidad de impedir que se puedan comprar pisos para su posterior venta o para destinarlos al mercado de alquiler.
"Todo lo que se pueda hacer con cierto realismo para garantizar la vivienda como un derecho, lo haremos", ha respondido Illa a la diputada de la CUP Laure Vega, quien ha recurrido a los tópicos y los eslóganes de la izquierda y la extrema izquierda para concluir que "si la vivienda es un derecho, hay que prohibir la compra especulativa".
Tanto la CUP como los "Comuns", la versión catalana de Sumar, blanden un informe elaborado por el abogado y profesor de la Universidad de Barcelona Pablo Feu en el que se afirma que "es viable restringir la adquisición de inmuebles para uso especulativo ante la situación excepcional de riesgo de pérdida del derecho de acceso a la vivienda".
Catálogo de restricciones
El informe, encargado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) del Ayuntamiento de la capital catalana, apunta que "sólo se podrían adquirir viviendas para uso habitual y permanente de la persona compradora". En el caso de la compra de edificios enteros, se indica que se deberían destinar a alquiler "habitual", no de temporada o turístico. En cuanto a las segundas residencias, se admitiría su adquisición siempre que no se destinaran a reventa o alquiler turístico.
Illa ha hecho de la vivienda una de las banderas de su gestión. El año pasado prometió nada más asumir el cargo la construcción de cincuenta mil viviendas de las que no consta que se haya construido ninguna. Y este año ha subido la apuesta hasta las 214.000 viviendas. También ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para la cesión de 13.000 pisos de la Sareb (el llamado banco malo que se hizo cargo de los pisos que se quedaron sin vender a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria).