A pesar de los compromisos anunciados por el presidente Pedro Sánchez para aumentar la transparencia, tras la divulgación de informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntos casos de corrupción en el PSOE, incluida la detención de su exsecretario de Organización el 30 de junio de 2025, las solicitudes de información pública se enfrentan a múltiples obstáculos durante su tramitación.
El Ejecutivo recurre a diversas disposiciones legales para denegar o retrasar respuestas. Basándose en las experiencias de Libre Mercado con solicitudes a través del Portal de Transparencia, a continuación se detallan estas prácticas, ordenadas de las más simples a las más complejas.
Silencio administrativo
De acuerdo con el artículo 19.1 de la Ley de Transparencia, las administraciones tienen un mes para resolver solicitudes. Sin embargo, en múltiples casos, estas se ignoran durante meses, obligando al solicitante a recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que suele resolver a favor por incumplimiento formal. Esto ocurre frecuentemente en consultas a Trabajo sobre viajes de Yolanda Díaz, donde el CTBG ha fallado a favor de Libre Mercado en seis ocasiones, al Ministerio de Inclusión, Migración y Seguridad Social sobre datos de extranjeros residentes o el de Transformación Digital, donde según una funcionaria del organismo: "Solo tienen a una persona para el registro general y no da abasto"
La información aún no está disponible
El artículo 18.a) permite inadmitir solicitudes si la información está en elaboración o pendiente de publicación. Esta causa se usa para denegar datos, como gastos de viajes presidenciales alegando facturas pendientes meses después. En un caso de Libre Mercado sobre la consulta pública de la OPA de BBVA a Sabadell, la denegación se basó en esto, pero los datos aparecieron en medios poco después. También se usa para remitir a informes periódicos que se publicarán en el futuro, argumentando que el solicitante busca datos en exclusividad antes de que se hagan públicos.
La reelaboración requiere más trabajo
De acuerdo con el epígrafe 18.c): "Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración", es uno de los principales fallos de la Ley de Transparencia, ya que es usado sin justificación.
Las razones más habituales en estos casos son las siguientes:
- Responder a solicitudes de información implica una carga adicional de trabajo.
- La información solicitada requiere consultar dos bases de datos.
- Los datos requeridos necesitan la coordinación de varios departamentos u organismos.
- La documentación pedida está en papel y requiere digitalización.
- Los expedientes solicitados son antiguos y no saben dónde están.
Renfe y RTVE suelen recurrir a estas justificaciones, pero el Consejo de Transparencia ha rechazado la mayoría de estos argumentos, considerando que se trata de tareas administrativas habituales.
Incompetencia del órgano receptor
Los artículos 18.d) y 18.2 exigen que, si el órgano no es competente, indique el adecuado o remita la solicitud. En algunos casos, se declara incompetencia sin redirigir. Un ejemplo involucra a la Secretaría de Estado de Justicia y el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), donde el primero se declara incompetente pero sugiere que el segundo podría tener la información, y una vez solicitada este responde también declarándose no apto para proporcionar datos sobre indemnizaciones por encarcelamientos injustos, dejando al solicitante sin acceso.
Solicitudes repetitivas o abusivas
El último tipo de inadmisión es el 18.e): "Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley". Los organismos dependientes de Moncloa usan esta justificación de la siguiente manera: el encargado de responder afirma que quien está solicitando la información ya ha preguntado en demasiadas ocasiones aunque la jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo no cuantifica el número de veces que un ciudadano puede preguntar al mismo organismo, generando así vetos indefinidos. Esta táctica ha sido usada por Renfe, el CSIC, la Tesorería de la Seguridad Social o Adif. El caso más extremo está en el Ministerio de Agricultura, en donde Libre Mercado se encuentra vetado, a pesar de que durante el año 2025 solo se ha solicitado información en siete ocasiones.
Remisiones a páginas genéricas
Otro truco que usa el Gobierno para no responder está amparado bajo el artículo 22.3: "Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella". Bajo este pretexto, hay organismos que responden con el enlace al Boletín Oficial del Estado (BOE) o en la Plataforma de Contratación del Estado. Sin embargo, hay jurisprudencia al respecto que subraya que "en ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica al portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta. Esta (…) deberá señalar expresamente el enlace que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa a la información (…)". Esto obliga a recurrir al CTBG, proceso que puede demorar al menos tres meses por carga de trabajo. Un ejemplo de esto fue cuando Libre Mercado requirió a Presidencia el número de nacionalizaciones que otorga el Gobierno por decreto y se le remitió la página del BOE.
Límites por seguridad nacional
La Ley de Transparencia también regula los límites de acceso a la información pública cuando son asuntos delicados. No obstante, el artículo 14 que lo define es usado sin justificación para justificar denegar solicitudes de información.
Por ejemplo, si preguntas a Interior por el número de policías que tienen en Cataluña, el ministerio responde que hacer pública esa podría poner en peligro el trabajo de los agentes en materia de narcotráfico o terrorismo, cuando en ningún momento se requirieron los efectivos que tiene una unidad específica, turnos o destinos.
Otro caso fue cuando Libre Mercado trató de averiguar en qué medios invertía la publicidad institucional el Ministerio de Economía. La cartera dirigida por Carlos Cuerpo argumentó usando de manera torticera una resolución del Consejo de Transparencia que podían revelar esos datos para "evitar daños indebidos a la capacidad competitiva o las posiciones negociadoras de los titulares". Libre Mercado recurrió el documento y el resultado fue estimatorio. Varios meses después de haber contestado definitivamente a la información requerida, no se tiene constancia de que los grupos mediáticos hayan entrado en crisis tras desvelar la información.
Ausencia de sanciones efectivas
Uno de los principales problemas de la Ley de Transparencia es su falta de poder sancionador, como consecuencia de esto, algunos organismos aprovechan que los ciudadanos tienen poca voluntad de llevarles ante los tribunales por no recibir la información requerida. Para este proceso ya es necesario contratar un abogado que acuda a la Audiencia Nacional, juzgado competente para estos casos.
En esta categoría entrarían ejemplos de Presidencia, primero desoyendo las solicitudes de información del ciudadano, y cuando el CTBG estima la petición, también ignoran sus resoluciones para hacer público el gasto de los viajes de Sánchez entre 2018 y 2022 o el coste que supuso el uso de recursos públicos en la grabación de vídeos en la Moncloa para las actividades privadas de Begoña Gómez.
Respuestas irrelevantes a la solicitud
Otro ejemplo de artimaña para no revelar la información requerida, es responder a la solicitud con información que no se ha pedido. Los exponentes de esto son Radio Televisión Española (RTVE) o algunos ministerios. En el caso de la televisión pública, si preguntas por el sueldo de los presentadores que trabajan en productoras privadas, su respuesta "en aras de la transparencia" es enviar un enlace con los montos totales de los programas externalizados sin ningún tipo de desglose. Esta práctica empezó a ocurrir desde que llegó José Pablo López a la presidencia del ente, gracias a una votación en el Congreso el día después de la Dana de Valencia. Cabe destacar que antes del cambio de dirección, era uno de los organismos más transparentes.
El otro modelo de no contestar a lo requerido ha ocurrido en múltiples ocasiones cuando se ha solicitado la inversión publicitaria desagregada por medios de comunicación en la que su única respuesta ha sido enlazar el Plan Institucional de Medios, que se aprueba el año anterior y donde no refleja ningún desglose, pues aún no se habían producido los desembolsos. Esto ocurrió con los Ministerios de Igualdad y el de Economía
Denegaciones basadas en perfiles personales
El caso más absurdo de opacidad sufrido por el equipo de Libre Mercado fue con el Centro Superior de Investigaciones Sociológicas (CSIC), en donde para argumentar la denegación de información, el encargado de responder la información alegaba que el solicitante había escrito una publicación en su perfil de LinkedIn sobre cómo convertirse en un influencer y que pretendía conseguir notoriedad. Este ciudadano reaccionó ante dicha justificación con un tutorial en X sobre "Cómo no hacer solicitudes de información al CSIC" con cierta ironía y reclamó la resolución ante el Consejo de Transparencia alegando que no hay nada en la legislación que ampare esta denegación. El organismo usó en las alegaciones ante el CTBG una nueva táctica: acusar al ciudadano de "fraude de ley", es decir, hacer un videomanual en Twitter sobre cómo realizar preguntas al Gobierno era una maniobra legal que consiste en usar una norma jurídica para conseguir un resultado que está prohibido o es contrario a otra legislación.
Respuestas ambiguas
La última táctica a la que se ha enfrentado Libre Mercado consiste en responder de manera poco precisa.
El Ministerio de Interior, ante la pregunta en qué medio de transporte se desplazó Marlaska a la cumbre de la ONU en Sevilla, estos respondieron "el ministro se desplazó utilizando el medio de transporte ofrecido por la agencia de viajes".