La última sentencia conocida es de 2020 pero el caso se remonta al año 2013. La Agencia Tributaria decidió, de la noche a la mañana, emprender una campaña masiva de "persecución fiscal" contra un amplio colectivo de funcionarios (sanitarios, policías, guardias civiles, de Instituciones Penitenciarias), hombres y mujeres que trabajaban en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, a causa de un beneficio fiscal histórico y legal del que disfrutaban. Gobernaba Mariano Rajoy y al frente del Ministerio de Hacienda estaba Cristóbal Montoro.
Los empleados públicos que eligen estos lugares para trabajar tienen una reducción fiscal del 50% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por motivos de residencia. Esta ventaja que les ofrece el Estado frente a los funcionarios peninsulares está pensada para incentivar y garantizar la cobertura de plazas en esas zonas. Un efecto llamada. Pero con la misma ley cambiaron las reglas del juego político y estos contribuyentes se convirtieron en defraudadores en una práctica calificada de "prevaricación tributaria" por Afectados por Hacienda, plataforma de víctimas de este caso inaudito.
El argumento de Montoro fue que estos empleados del Estado no cumplían los 183 días, mínimo indispensable, de estancia en Ceuta y, por tanto, no tenían derecho a ser considerados residentes fiscales y por tanto a la deducción. Que no vivían allí y habían mentido en sus declaraciones de la renta. Es importante notar que Ceuta o Melilla son España y se les estaba tratando igual que, por ejemplo, a algunos deportistas o famosos denunciados por vivir en Andorra.
En 2012 las noticias que se publicaron sobre el tema hablaban de Ceuta como "nido de fraude" y los señalaba como esos "amigos del fraude".
El presidente de Afectados X Hacienda, José Luis Borra, cuenta en la serie documental "El juego del fraude", dirigida por Alejo Moreno, que le llegan hasta 11 cartas, la primera en 2013, cuestionando su declaración de 2008. A otro socio, José S. Coronil, el cartero le confía que les han dado "250 a cada uno para repartir". Recuerda que "se repartieron en un mes unas 8.000 cartas. Una oleada". Y se pregunta: "¿Dónde va a vivir un funcionario? Pues donde trabaja. La ley se lo exige."
Coronil va a la administración de Ceuta a preguntar y le dicen que "no se puede hacer nada", que "esto viene de arriba". Le enseñan un listado "en el que figuran 10.000 personas. Le buscaron y estaba él".
En el documental queda patente el vía crucis de estas personas: "Hay que vivirlo, leer una carta donde te están acusando de una cosa que es falsa", dice Borra. "El desengaño del contribuyente es cuando llega la resolución de que te condenan y tienes que pagar por cosas que son mentira". Explican que "cuando hay un permiso salen a la península, a pasar las vacaciones, en otro sitio. Pero "salir no significa que uno no viva fuera". Esto sobre todo afectó a los que hacían turnos y juntaban más días libres.
Pero la Agencia es insaciable y no fue sólo un ejercicio. Cuentan: "Mientras esto pasa abren otros expedientes, se van sumando". Cristina, otra víctima de Hacienda, narra el caso de un chico que "fue a ventanilla a hacer una pregunta sobre un año y en ese momento le despacharon otras cuatro paralelas. Y 10 días para contestar a los cuatro. Salvajadas", concluye.
Las multas se elevaban a unos 3.000 euros por año revisado. Si son cuatro años, 13.000 euros… sin intereses. En algún caso de retraso en el pago que se ha elevado la deuda con la Agencia a más de 30.000 euros.
Otro de los afectados, Marino López, cuenta a Alejo Moreno que "hay momentos muy duros". Que a él le revisan los ejercicios 2003, 2010 y 2012 y tiene que pedir un crédito, "me metí en un follón de 20.000 euros". Y si vas a la vía judicial a pagar al abogado, al procurador "más lo que te ha robado Hacienda", dice José María Raya, vicepresidente de la asociación.
"Es una cuestión de salud"
Insomnio, subidas de tensión, crisis familiares, depresión, divorcios e incluso desequilibrio mental y emocional. Se da el caso de un funcionario del Ministerio del Interior que entrega el arma a su superior "porque no sabía lo que iba a hacer. La situación era crítica". Se ven de buenas a primeras como "delincuentes" y, además, "no pueden pagar los alimentos a sus hijos".
Coronil relata cómo se producen embargos de "las nóminas" y de "hasta el coche". Si no me hubiera ayudado mi familia, habría tenido que vender la casa". Se lamenta, "me deja en una situación crítica". Esta persecución se convierte para todos en "una cuestión de salud".
En el documental insisten en que en la asociación no defienden a evasores o defraudadores "sólo a víctimas de la prevaricación tributaria". Porque la administración tomó "una decisión errónea sabiendo que es errónea e injusta".
Todos presentaron pruebas para avalar que viven en la Ciudad Autónoma: el padrón, el contrato de alquiler, facturas de la luz... pero nada valía. Acuden a los tribunales y presentan una querella criminal contra el responsable de la oficina de gestión local por un presunto delito de prevaricación administrativa. En su día organizaron manifestaciones con lemas como "Hacienda miente, yo soy residente" o "Impuestos sí, abusos no".
En 2020 el Tribunal Supremo desestimó el último recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconocía a un funcionario de prisiones de Melilla (aquí se dieron casos aislados) "el derecho a beneficiarse de la deducción proporcional aplicable en atención al cobro del plus de residencia". En este momento Ceuta cuenta con unos 10.000 empleados públicos y la deducción ha subido del 50 al 60%.
En el programa y podcast Economía para quedarte sin amigos Alejo Moreno presentó su primer documental sobre los abusos de poder de Hacienda, Hechos probados y también el último El juego del fraude. La conclusión gráfica es que el Estado, el sistema, acaba defraudando económica y moralmente al ciudadano.