El drama de la inquiokupación sigue creciendo cada vez más en España a pesar de las negativas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y de partidos como Sumar o Podemos a aceptar la realidad de las políticas que han aplicado durante años en materia de vivienda.
Un ejemplo es el caso de Ana, una mujer que hace seis años alquiló su casa en Caravaca de la Cruz (Murcia) estando embarazada para así poder vivir cerca de sus padres, pero rápidamente se torció todo ya que su inquilina tan sólo le pagó dos meses y desde entonces está luchando por recuperar su casa. Ana ha contado su historia en la televisión pública de la Región de Murcia, que en su cuenta oficial de X (Twitter) ha subido el siguiente vídeo:
🔴 Ana no puede más
🏠 Hace 6 años alquiló su casa en Caravaca estando embarazada para vivir cerca de sus padres. Sólo cobró dos meses. Desde entonces lucha para recuperarla
🗣️ "Es lo único que tengo"
❌ El juez declaró vulnerable a la inquiokupa 12 horas antes del desahucio pic.twitter.com/A9NfigjjBr
— La 7 (@la7tele) October 28, 2025
Como se puede ver en el vídeo, en medio de lágrimas y de forma visiblemente afectada, Ana explica que justo cuando quedaban 12 horas para que se produjera el desahucio en su vivienda, el juez declaró "vulnerable" a la inquiokupa de manera que no se pudo llevar a cabo dicha expulsión del inmueble. Esto ocurrió hace tan sólo unos días, el 23 de octubre de este mismo año.
La víctima se lamenta amargamente que "al final es la Justicia la que dice que hasta el 31 de diciembre no pueden echar a ninguna persona vulnerable", al tiempo que con rabia expresa que esa casa es suya y da gracias de que puede vivir en otra casa de sus padres. Sobre la prórroga del "decreto antidesahucios" hasta el 31 de diciembre de 2025 ya lo contamos en este artículo en Libre Mercado.
Tal y como narra en el vídeo, todo comenzó hace seis años cuando Ana alquiló su piso estando embarazada para mudarse cerca de sus padres y así poder tenerlos más cerca, pero desgraciadamente tan sólo pudo cobrar los dos primeros meses antes de que su inquilina se convirtiera en okupa.
La okupa rechazó dinero por irse
Ana explica que le ofreció toda la ayuda posible a la okupa para que se fuera de su casa, como hablar con los servicios sociales para tratar de encontrarle un alojamiento alternativo a la okupa. También se puso en contacto con Cáritas y hasta le ofreció pagarle 3.000 euros para que abandonara la vivienda, a lo que la inquiokupa respondió: "¿Y qué hago yo con 3.000 euros?"
Tras ver que la inquiokupa no abandonaría de forma amistosa la vivienda, Ana acudió a la Justicia en busca de una solución a su problema, aunque ya su abogada le advirtió que el proceso del que se trataba era "largo, de dos a tres años mínimo". Después de un largo proceso, este mismo año la Justicia dio la razón a Ana y allá por el mes de septiembre dictaminó que en 45 días debía producirse el desahucio, algo que finalmente no ocurrió.
Ana explica que la inquiokupa se "pidió la baja por depresión", convirtiéndose así en persona en situación de "vulnerabilidad". Al final del vídeo, Ana se lamenta entre lágrimas mientras expresa que "ya no puedo más" y se pregunta sobre qué ley la protege a ella.
Este desgarrador caso es sólo una prueba más de los miles de ejemplos que hay a lo largo y ancho de todo el país, donde muchos propietarios se ven completamente desprotegidos ante quienes deciden ocupar ilegalmente sus propiedades y ante un Estado que mira para otro lado, despreocupándose de los problemas y sufrimientos de todos ellos.