El capítulo más reciente en la historia de Talgo confirma una tendencia cada vez más preocupante: el Gobierno español sigue expandiendo su influencia sobre empresas privadas estratégicas bajo el pretexto de la "seguridad nacional". La operación que hoy se ha materializado —la compra del 29,76% del fabricante ferroviario por un consorcio liderado por Sidenor y respaldado por el fondo público vasco Finkatuz, junto a las fundaciones BBK y Vital— representa, en la práctica, la toma de control del Talgo por parte de entidades públicas. La SEPI por un lado, que ya controla el 7,8%.
La operación, suscrita el 6 de noviembre por Clerbil, la sociedad del empresario vasco José Antonio Jainaga; el fondo público Finkatuz, del Gobierno Vasco; y las fundaciones bancarias BBK y Vital, contempla la adquisición de un total de 36,864 millones acciones de Talgo, representativas del 29,76327% de su capital social actual (y del 29,99% de los derechos de voto una vez descontada la autocartera de la compañía existente a esta fecha, de 956.901 acciones).
De ellas, Pegaso venderá 33.856.141 acciones de Talgo y los restantes vendedores, en conjunto, se desharán de 3.008.707 títulos, que a su vez serán adquiridas por los miembros del consorcio. En este sentido, cada uno se hará con el 8,5% del fabricante ferroviario, salvo la excaja alavesa Vital, que compra el 4,2%.
La transacción, valorada en 156,6 millones de euros a un precio de 4,25 euros por acción, se produce meses después de que el Gobierno vetara la oferta pública de adquisición lanzada por la húngara Ganz Mavag, que ofrecía 5 euros por título y se comprometía a mantener la sede, el empleo y la actividad industrial en España. Aquel bloqueo, amparado en "razones de seguridad nacional", supuso una clara señal de advertencia para cualquier inversor extranjero que pretendiera entrar en sectores considerados "estratégicos" por el Ejecutivo.
El nuevo accionariado responde más a un diseño político que empresarial: la siderúrgica Sidenor —presidida por José Antonio Jainaga— y las entidades de origen vasco BBK, Vital y Finkatuz se repartirán participaciones similares, en torno al 8,5% cada una, mientras el resto quedará fragmentado entre fundaciones financieras con estrecha vinculación institucional. En la práctica, el Gobierno consigue blindar el control de Talgo frente a posibles adquisiciones internacionales, sin asumir la responsabilidad directa de gestionarla.
El movimiento supone el cierre de un proceso de más de dos años en los que Talgo ha estado "en venta", atrapada entre la falta de capital privado y la creciente intervención del Estado. El resultado es paradójico: España impide una inversión extranjera superior, para acabar colocando dinero público en una operación menos ventajosa y que consolida su presencia en el consejo de una empresa cotizada.