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Vecinos de un barrio de Alicante presumen de vivir del Estado, de robar y de tener móviles "a costa de Pedro Sánchez"

El IJM y Freemarket han demostrado que las prestaciones sociales hunden a sus beneficiarios en una trampa de pobreza.

El IJM y Freemarket han demostrado que las prestaciones sociales hunden a sus beneficiarios en una trampa de pobreza.
Antena 3

La política social del Gobierno de Pedro Sánchez, basada en la concesión de ayudas y prestaciones sociales, está logrando precarizar el nivel de vida de los españoles. Así lo confirman informes como los publicados por el Instituto Juan de Mariana o la consultora Freemarket, donde se detalla que esta política de prestaciones genera un círculo vicioso, a modo de trampa de la pobreza, que impide a buena parte de los beneficiarios de estas ayudas prosperar.

De acuerdo con lo que se explica en estos estudios, la razón fundamental de que las prestaciones sociales frenen la capacidad de generación de riqueza de una sociedad y afecte, especialmente, a aquellos que las perciben, es que suponen un desincentivo para el empleo. De este modo, afirman estos informes, se perpetúa la precariedad. En concreto, según Freemarket, el 60% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital perciben esta ayuda durante más de tres años.

Naturalmente, la concesión por parte del Ejecutivo de este tipo de ayudas, que fomentan que muchos de los que las cobran dejen de buscar un empleo, es aprovechada por algunas personas que, de entrada, no tienen intención de trabajar y, mucho menos, hacerlo legalmente, puesto que intentan prosperar con negocios ilícitos, entre los que se encuentra el robo y el tráfico de drogas. Así lo demuestran algunos reportajes publicados en prensa, en los que además podemos ver a estas personas presumir de cobrar una paga y vivir del dinero público.

Móviles "a costa de Pedro Sánchez"

En este sentido, en el programa Espejo Público de Antena 3 han emitido este viernes 7 de noviembre un reportaje en el que el periodista de la cadena de Atresmedia visita uno de los barrios de menor renta de España, situado en las albuferas de Alicante. Así, el periodista encuentra en primer lugar que a algunas personas de este barrio no les gusta que se hable del mismo como uno de los lugares más pobres del país, porque, como afirman, "aquí es donde más se trafica".

Asimismo, el reportero pudo comprobar cómo en este barrio existen pequeños locales que podrían parecer tapaderas de los negocios ilícitos de los que viven estas personas. "No entra nadie, están todos fuera y trabajan muchos para el mayor", indicaba el periodista, señalando la posibilidad de que los que allí se encontraban estuvieran viviendo de trapicheos y otro tipo de negocios ilegales.

En su visita a este barrio, el periodista encontró también una celebración que se estaba produciendo con motivo de que uno de los habitantes había salido de permiso de prisión. Esta persona, de hecho, admitía ante las cámaras que la razón por la cual estuvo preso había sido la droga. "Lo celebro para todos mis amigos de allí, de prisión".

Así las cosas, el reportero explicaba que en el barrio se pueden encontrar, sobre todo, locales de comida y muchos negocios que permanecen cerrados. Además, detallaba que otro de los negocios que suponen el sustento de las familias que allí viven es el de la chatarrería. No obstante, muchos jóvenes presumían con orgullo de dedicarse a robar y de pertenecer a distintos clanes.

Sin embargo, en lo que respecta a la realidad económica de estos barrios y la gestión del Gobierno de las ayudas sociales, resulta especialmente llamativo el fragmento en el que vemos cómo el periodista entró en una casa cuyo propietario afirmaba que su fuente de ingresos para financiar la reforma de la cocina que estaba llevando a cabo es el Ingreso Mínimo Vital. "De la vital, estoy juntando dos o tres paguitas y tengo dinero para mi casa", aseguraba esta persona.

Del mismo modo, los allí presentes se jactaban de que el dinero que reciben del Estado en forma de ayudas sociales les permite disfrutar de algunos lujos, como móviles de alta gama. "Mira qué móviles llevan a costa de Pedro Sánchez", decía una de estas personas mientras mostraba el teléfono a cámara y el resto se reía a carcajadas, comenzaban a corear el nombre del presidente del Gobierno y le mostraban su apoyo.

Motivo de orgullo para el Gobierno

En cualquier caso, desde el Ejecutivo no parecen estar muy preocupados por el incentivo que supone su política social para estas prácticas. De hecho, el Gobierno informa recurrentemente de cuántas personas reciben el IMV y, continuamente, vemos cómo el número de beneficiarios de esta prestación no deja de crecer. En concreto, tal y como acaba de anunciar Moncloa, en el mes de octubre casi 2,4 millones de personas cobraron el IMV.

Además, en su comunicado, el Gobierno se felicita de que 773.272 hogares se mantienen gracias a estas ayudas públicas y de que "el 40,1% de los beneficiarios son menores de edad, lo que implica 968.881 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación". Pero el objetivo debería ser el contrario: que cada vez menos personas tengan que depende de las pagas del Estado porque puedan prosperar con su propio trabajo.

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