El Gobierno argentino ha puesto en marcha un ambicioso plan de liberalización del sector vitivinícola, al eliminar 973 normas vigentes en la industria del vino. Esta decisión busca transformar decisivamente la manera en que se regula esta actividad, clave para la economía del país.
A través de la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, se puso fin a este importante paquete de regulaciones que abarcaban desde la producción del viñedo hasta la comercialización y exportación del vino. Según el Ejecutivo que encabeza Javier Milei, el entramado normativo previo —que sumaba más de 1.200 disposiciones dispersas y superpuestas— generaba demoras, costos elevados y pérdida de competitividad para el sector vitivinícola.
¿Qué cambia con este nuevo marco? Las principales modificaciones son las siguientes:
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El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo —como el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte— y se concentrará únicamente en el control del producto final embotellado.
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Se eliminan trámites obligatorios, como la declaración jurada semanal de elaboración, multas por presentación fuera de término y permisos de tránsito que las bodegas gestionaban cada año (en 2024 eran más de 140.000 permisos).
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Las certificaciones de origen, añada y varietal dejan de ser obligatorias para todos los productores, pasando a ser optativas y a disposición de quienes las requieran con fines comerciales.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que "menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción" y que era necesario dotar al sector de la flexibilidad requerida ante un mercado global que cambia. Sturzenegger visitó la pasada semana España y se mostró optimista sobre la perspectiva de nuevas reformas regulatorias, como la que ahora sale a la luz.
Precisamente, el titular del ministerio encargado de reducir trabas normativas ha compartido la siguiente imagen, en la que se compara la regulación aplicable a partir de ahora con todo el acervo legislativo que venía siendo exigible a las empresas del ramo:
La industria vitivinícola argentina produce unos 900 millones de litros al año, y sus exportaciones rondan los 800 millones de dólares, por lo que el Gobierno de Milei considera esencial modernizar el marco regulatorio para mantener la competitividad internacional.
Con la eliminación de 973 normas, Argentina apuesta por un modelo más libre y enfocado en el mercado para su industria vitivinícola. El rol del Estado se redefine, priorizando el control del producto final y no el intervencionismo constante durante el proceso productivo.
El vino y su regulación en España
En el caso español, el marco regulatorio del vino presenta dos niveles muy distintos. Si se consideran únicamente las normas sectoriales propiamente dichas —la legislación europea específica del mercado vitivinícola, sus reglamentos sobre calidad, etiquetado y prácticas enológicas, y la Ley de la Viña y el Vino junto a sus reales decretos de desarrollo—, el conjunto ronda unas 50–60 normas entre Bruselas y Madrid. Es el "núcleo duro" del sistema: la arquitectura básica que define cómo se produce, se etiqueta y se comercializa el vino en España dentro del marco comunitario.
Sin embargo, si uno amplía la mirada al ecosistema regulatorio completo, la cifra se dispara. A partir de la inclusión de las 148 denominaciones de origen y de indicación geográfica protegida, cada una con sus pliegos de condiciones, reglamentos internos, resoluciones de control y normativa autonómica de desarrollo, el número real de disposiciones aplicables se expande hasta un rango estimado de 500 a 700 normas. No se trata solo de leyes, sino también de circulares, resoluciones, estatutos y pliegos que operan como normas de obligado cumplimiento para viticultores y bodegas. Esa es la magnitud real del laberinto regulatorio al que se enfrenta el sector.