Hace más de una década, nació en el pueblo gallego de Viana do Bolo un proyecto para volver a explotar una vieja mina de estaño abandonada por Rumasa que incluía la obtención de compuestos de niobio y tantalio, el codiciado coltán. Un recurso indispensable para tecnologías como los teléfonos móviles y que se obtiene ahora fundamentalmente en minas africanas con nulo respeto al medio ambiente y a la seguridad de sus trabajadores, como quedó de manifiesto en el reciente derrumbe de una mina artesanal en la que fallecieron más de 40 personas. Entre tanto, proyectos europeos para la extracción de minerales críticos, indispensables para tecnologías verdes, se enfrentan a menudo a una oposición ecologista que sí usa móviles o defiende paneles solares construidos con minerales obtenidos en explotaciones dudosas pero lejanas. Una "hipocresía" de "ecologistas de salón" que viene lamentando el sector desde hace años.
La mina orensana comenzó a operar contando con la colaboración de científicos del CSIC para obtener coltán de las viejas escombreras y con el objetivo de explotar tanto los minerales metálicos como los recursos industriales de feldespato, cuarzo y mica. Sin embargo, también se topó con el rechazo ecologista. La justicia decidió suspender el permiso de explotación que en su día concedió la Xunta tras una denuncia de Ecologistas en Acción, que alegaba que afectaba a territorio protegido. El proceso judicial desembocó en la paralización de la mina, un ERE y finalmente un concurso de acreedores de la propietaria, Strategic Minerals, entre protestas de los vecinos que sí respaldaban un proyecto que daba empleo a 129 personas.
Meses después, la explotación podría renacer: el concurso de acreedores derivó en una subasta de los activos mineros, incluyendo las licencias y la unidad productiva industrial, y pujaron una UTE de dos compañías gallegas y la empresa minera de origen australiano Energy Transition Minerals, que finalmente se hizo con la mina por 5.200.000 euros.
Jorge Luis Gil, representante de la compañía en España, señala a LD que hace apenas un mes el juzgado número 4 de Orense les adjudicó la mina, con "76 millones de toneladas" de recursos de estaño pendientes de explotar. El empresario señala que eran "conscientes del estado" judicial del proyecto, y de que ese proceso desembocó en un concurso de acreedores de la empresa anterior, pero subraya que una primera demanda que hablaba de la supuesta contaminación del agua "fue archivada hace diez días". Ahora está pendiente un recurso contra una condena a la Xunta por un defecto de forma en la otorgación de la licencia. Pero pese a los obstáculos, ven posible la reapertura, que cuenta con el respaldo de la administración autonómica.
La empresa quiere empezar el proceso de cero, y va a solicitar de nuevo una licencia de explotación en previsión de que los tribunales terminen ratificando la condena a la Xunta. Mientras concluye el proceso de adquisición, ya están "evaluando" las instalaciones y diseñando la futura explotación, que arrancarán "de inmediato" con la licencia que sí está vigente, la de la sección B, explotando feldespatos que se pueden usar en la industria cerámica de Castellón y Valencia. Quieren demostrar que no son una empresa especulativa y confían en que "esa pronta reactivación avalará nuestro interés por la sección C", de la que en el futuro quieren extraer coltán y de la que esperan más productividad. La puesta en marcha de la mina, además, supondrá "un alivio del pasivo ambiental" que la anterior propietaria dejó pendiente de restaurar.
Mina "bajo la lupa"
Gil destaca que "lo que hace realmente especial este proyecto", más allá de la cantidad de recursos, es que es el único con capacidad para producir coltán de toda Europa. "Es la única mina capaz de producir coltán fuera de conflictos armados", destaca, haciendo hincapié además en la "paz social que rodea el entorno de la mina Penouta". Señala que todas las autoridades locales, que incluyen partidos como PP, BNG y PSOE, reman a favor de reactivar la mina "siempre y cuando cumpla los estándares de la normativa europea, que ya cumplía el anterior propietario". Y señala el impacto de perder 129 empleos en un pueblo de unos 2.500 habitantes.
Sobre la oposición ecologista, el empresario apunta que esa oposición es lícita y la tiene "cualquier tipo de proyecto minero e industrial", pero recalca que en Europa, y "especialmente en España", la normativa es especialmente dura. Su compañía, defiende, cumple con ella y restaurará la zona en función de lo que cumple la ley. La mina, señala, "tiene una afección sobre el medio, que tiene que ser el mínimo posible y que si se acomete debe ser restaurado" una vez se clausure. Al respecto, apunta que de entre la documentación obligatoria para la reapertura la principal es el plan de restauración ambiental, con "fianzas muy significativas".
"Somos conscientes de que la mina va a estar observada y bajo la lupa, y vamos a tener colectivos protestando, pero el bien es mucho mayor para la gente de la comarca. Vamos a realizar todos los esfuerzos necesarios para demostrar que la afección estará controlada y vamos a invertir capital suficiente para demostrarlo".