El Ministerio de Isabel Rodríguez está a punto de aprobar un documento que marcará el rumbo de la construcción en España en los próximos años: la transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios, que persigue el ambicioso objetivo de un parque de vivienda europeo cero emisiones en 2050 y que supondrá una ola de rehabilitaciones y nuevas normativas.
La directiva, que fue revisada en 2024, deja en manos de los estados la forma en que conseguirán unos muy ambiciosos objetivos: descarbonizar al menos un 16 por ciento la vivienda de aquí a 2030 y hasta un 22 por ciento en 2035, basándose en buena parte en la rehabilitación de la vivienda usada. El borrador del Gobierno señala al respecto que el 75 por ciento de los edificios existentes no cumple con los estándares de eficiencia energética y promete la rehabilitación de 4,4 millones de viviendas hasta 2030 y de 17,8 millones en 2050. Lo hará a base de incentivos y ayudas, de momento, recogiendo el mandato europeo de "prestar un mayor apoyo financiero y administrativo a las renovaciones en profundidad". Otras claves principales del plan europeo son:
-A partir del 1 de enero de 2028, los edificios nuevos de organismos públicos tendrán que ser cero emisiones, es decir, que no generarán emisiones de carbono in situ procedentes de combustibles fósiles.
-A partir de 2030, tendrán que ser cero emisiones todos los edificios nuevos.
-Preparación para que los edificios puedan instalar placas solares en función de un calendario que arranca en 2026 con los edificios públicos nuevos.
-Un nuevo sistema de pasaportes de renovación, en paralelo a cambios en el sistema de certificados de eficiencia energética.
-Nuevas obligaciones de puntos de recarga para garajes.
Adiós a la calefacción con combustibles fósiles
La directiva europea que ahora asume España alude también a un factor clave de esa descarbonización: el hecho de la mayor parte del consumo energético de una vivienda se dedica a la climatización y más del 50 por ciento se hace hoy con combustibles fósiles (gas natural, diésel). La directiva europea establece al respecto la obligación de "descarbonizar" la calefacción y la refrigeración y la eliminación gradual de los combustibles fósiles "con vistas a una eliminación completa de las calderas de combustibles fósiles a más tardar en 2040". Y aquí probablemente, como ya ha ocurrido en otros países europeos, arrecie el debate sobre cuál es la solución que hay que imponer para cumplir con los preceptos europeos.
Esta semana, la patronal eléctrica (Aelec) presentó un informe con Deloitte sobre el desafío que se viene encima en el que defendía que "la bomba de calor se posiciona como una alternativa sostenible y competitiva con una tecnología ya madura y eficiente". Según el documento, esta opción, que se basa en la absorción de aire del exterior, su calentamiento y distribución por la vivienda, y que también presenta opciones para calentar agua, puede ser más eficiente que otras posibilidades como termos eléctricos o calderas de biometano. En defensa de esta solución eléctrica, afirman que es una tecnología madura muy implantada ya en el norte europeo y muy eficiente (cuatro veces más que una caldera). Su principal obstáculo es el precio de instalación, que puede superar los 10.000 euros, aunque el informe afirma que puede resultar más económica y eficiente que optar por una rehabilitación integral de la vivienda.
Calderas más allá de 2040
La patronal del gas, sin embargo, se revuelve contra la presentación de la bomba de calor como la única alternativa posible para erradicar los combustibles fósiles. Esgrime que en las aclaraciones que Bruselas presentó en verano, se especificó que la prohibición de 2040 aludía al combustible que usen las calderas y no a la tecnología en sí. "Las calderas que utilizan gases renovables como biometano, hidrógeno renovable o combustibles renovables de origen no biológico (RFNBOs) no serán consideradas tecnologías basadas en combustibles fósiles a partir de 2040. En consecuencia, su instalación y operación seguirán permitidas conforme al marco normativo europeo", señala la patronal, que defiende el principio de neutralidad tecnológica en un debate que recuerda a otro, el de la movilidad eléctrica.
En otro informe presentado hace unos meses, defendían la solución de las calderas de condensación con gases renovables como una vía para las viviendas verdes que busca la UE y tachaban de probablemente inviable, al menos para España, la generalización de las bombas de calor. Entre los motivos, su coste frente a los 1.500 euros de una caldera en un país de menos renta, y el tipo de vivienda en España, sobre todo pisos de pequeño tamaño, que podrían ser incompatibles con el espacio que requiere esta tecnología. También avisaban de que una electrificación completa supondría abandonar la estructura gasista, y alertaban del gran coste que tendría una sustitución total por este sistema, que llegaban a estimar en más de 200.000 millones, "dos veces el gasto público en Sanidad nacional".
El desafío para la red eléctrica
Tanto uno como otro informe sí estaban de acuerdo en mostrar un escollo fundamental para los planes de electrificación europeos. Si todas las casas optaran por soluciones eléctricas se tendría que acometer una "alta inversión en infraestructura" que supondría "duplicar la red de distribución eléctrica actual" para el suministro de viviendas, estimando que el consumo eléctrico de cada hogar se duplicaría, señala la gasista.
Mientras, desde Aelec recuerdan la necesidad de mejorar las redes eléctricas, con una "planificación más flexible y anticipada", una agilización de permisos evitando "cuellos de botella que retrasan y encarecen el desarrollo de nueva vivienda" y una estabilidad regulatoria. Reclaman también una "fiscalidad más justa" para la electricidad e incentivos fiscales.