España afronta 2025 con uno de los mayores volúmenes de gasto público opaco y de bajo retorno económico de toda la Unión Europea. Buena parte de este desembolso se canaliza a través de estructuras paralelas a la Administración —entes, organismos, empresas públicas, fundaciones, consorcios y entidades instrumentales— que no solo multiplican la burocracia, sino que dificultan la evaluación del gasto y elevan el coste fijo del Estado.
Según el informe del Día de la Deuda del Instituto Juan de Mariana para 2025, España cerró 2024 con 19.834 entes públicos activos y una cifra total de 41.493 millones de euros repartidos en subvenciones a lo largo del ejercicio. Estos datos proceden de la información publicada en el Inventario de Entes del Sector Público (INESP), de la Intervención General del Estado y del propio registro oficial de subvenciones de la Administración.
El volumen de entes se explica por su expansión sostenida desde principios de los años 2000. La proliferación se concentra en Comunidades Autónomas y en los entes dependientes de estas. Las medidas de contención que se han anunciado de forma puntual (por ejemplo, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, creada en octubre de 2012), lo cierto es que tales esfuerzos no han conducido a una reducción real.
Gran parte de estos entes administran recursos sin estar sometidos a la disciplina presupuestaria real del Presupuesto General y operan con niveles de rigidez y opacidad superiores. La ausencia de control detallado sobre sus costes unitarios –plantillas, contratación, transferencias recibidas– impide medir correctamente la productividad del gasto público agregado.
Subvenciones sin evaluación sistemática
El informe recuerda asimismo que el gasto total en subvenciones autorizado el pasado año 2024 ascendió a 41.493 millones de euros, cifra superior al gasto público anual de numerosos ministerios de gran peso funcional. De esta cifra, el 48 % del total se correspondió con pagos del gobierno central, siendo otro 42 % responsabilidad de las comunidades autónomas y el 11 % restante, de las entidades locales. En total, durante el pasado año se celebraron 71.150 convocatorias para la adjudicación de estos recursos.
La deriva del gasto en subvenciones resulta especialmente relevante por cuatro razones: en primer lugar, no forma parte de gastos considerados esenciales, como sanidad o educación; en segundo lugar, no genera retornos equivalentes en términos de ingresos futuros o ahorro público en otras partidas; en tercer lugar, la concesión de subsidios carece de evaluación sistemática de impacto, salvo casos aislados, de modo que hablamos de un campo especialmente opaco; y, en cuarto lugar, el recurso a las subvenciones con ánimo clientelar es cada vez más frecuente y exacerba la dependencia del Estado y la captura de votantes potenciales con el dinero de todos.
Esta realidad explica por qué el IJM advierte de que una parte sustancial de las subvenciones no añade crecimiento económico, sino que sostiene estructuras y gasto corriente. El documento relaciona esta dinámica con el estancamiento de la productividad y cruza tal reflexión con la constatación de que España ha exacerbado la dependencia del Estado al desarrollar este tipo de programas, hasta el punto de que los receptores de los subsidios ya son más de 7 millones de personas.
El IJM cuantifica la relación entre el gasto subvencional y la situación fiscal agregada: esos 41.493 millones equivalen aproximadamente al 82 % de lo recaudado por el Impuesto de Sociedades en 2024 y a un importe superior a toda la inversión pública en infraestructuras del Estado ese año. Asimismo, representan una partida equivalente a más de 2.100 euros por hogar. Si el Estado destinara esa partida a reducir el déficit, el Día de la Deuda se desplazaría aproximadamente tres semanas más adelante y el déficit sería un 80% menor.