El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el anteproyecto de ley para la condonación de deuda autonómica. Aunque puede que el proyecto de ley no consiga ser aprobado en el Congreso, ya que necesita del voto afirmativo de Junts, en cualquier caso, solo el plantearlo es una irresponsabilidad manifiesta, como veremos a continuación:
- La condonación es un grave error, porque debilita la credibilidad de la economía española. Además, es algo buscado a petición de una región y creado en virtud del pacto con dicha región, Cataluña, con la intención de atender las peticiones de dicha región. Por tanto, no parte de una negociación multilateral, sino impulsada por el pacto con una región, acordada con un partido (ERC), tal y como sucedió con el Sistema de Financiación Autonómica (SFA).
- El añadido de las demás se realiza, posteriormente, para que no se pudiese considerar inconstitucional, pero no por deseo propio.
- Adicionalmente, una vez más el sistema ideado vuelve a estar diseñado por quienes impulsan la iniciativa y se benefician de la medida, al hacer la cuenta al revés: se estima qué quieren obtener y, con base en ello, se formula la metodología.
- Por eso, benefician a quien más se ha desviado, a quien más ha incumplido y a quien más impuestos ha subido, especialmente el IRPF. Con todo ello, benefician a la más incumplidora, que es Cataluña, y perjudican a la más disciplinada, que es Madrid.
- La condonación es un disparate que desincentiva la buena gestión, lanza una muy mala señal a los mercados, y constituye el reconocimiento de la incapacidad de poder repagar la deuda por parte de quien recibe la condonación.
- Es, además, una deuda que, obviamente, no desaparece, sino que se cambia de rúbrica y en lugar de pagarla la comunidad autónoma correspondiente, la paga la Administración General del Estado. Así, la región que más se beneficia, Cataluña, será financiada en gran parte, de esta manera indirecta, por el resto de españoles.
- Por todo ello, constituye una trampa económica para el resto de regiones: parece que son compensados con su potencial parte de condonación pero, realmente, asumirán su deuda y parte de la más beneficiada a través del pago de impuestos que tendrán que hacer los contribuyentes de dichas regiones a la Administración General del Estado.
- Si se acepta dicha condonación, por tanto, sería contraproducente: en primer lugar, son propuestas perjudiciales para la economía y, en segundo lugar, la carga de sus ciudadanos se verá aumentada vía impuestos a pagar a la Administración General del Estado para sufragar dicha deuda condonada de otras regiones.
- Es más, se produciría una redistribución regresiva, pues la deuda se paga con impuestos, y al asumir más deuda los contribuyentes de otras regiones, se daría la circunstancia de que ciudadanos con rentas bajas de otras comunidades, como, entre otras, Galicia, Murcia, Castilla y León o Madrid, estarían pagando parte de los impuestos que les correspondería a las rentas altas de Cataluña, en lo que constituye un acto regresivo desde el punto de vista tributario.
- Perdonar la deuda, da igual que sea todo o parte, es una barbaridad legal y económica. Es una barbaridad legal, porque al realizarse al dictado de una región y, específicamente, para dicha región, se vuelve inconstitucional, porque atenta contra el artículo 138.2 de la Constitución Española, que dice que "Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales". ¿Y qué es esta medida, sino una medida que otorga privilegios a una región? Por otra parte, el artículo 157.3 de la Constitución establece que podrá regularse mediante ley orgánica las competencias financieras de las CCAA, que son enumeradas en el artículo 157.1 de la Constitución, entre ellas, las operaciones de crédito. Y ello está regulado en la LOFCA, en el artículo 14. Del mismo modo, en dicha ley orgánica, se contempla en la DA octava la posibilidad de detraer de los recursos del SFA las cantidades necesarias para atender los mecanismos adicionales de financiación, como el FLA, si no se atienden por parte de la comunidad autónoma. La inclusión del conjunto de CCAA se produce para salvar el artículo 138.2 de la Constitución, pero, aun así, no dejará de ser un privilegio, pues se hace para beneficiar a una única región a través de un pacto previo.
- Y también es una atrocidad económica y financiera, porque lanza una señal pésima como país: ¿qué inversor va a confiar en cualquier comunidad autónoma a la hora de financiarla, si pueden no hacerse responsables de la deuda que emitan con este sistema? Esto es gravísimo, porque debilita la credibilidad crediticia de todo el Reino de España, pues está reconociendo, tácitamente, que algunas de sus administraciones no pueden pagar su deuda. Puede que aprovechando el respaldo de la AGE incluso se llegue a arbitrar precios, pero será un elemento de corto plazo, porque el daño a futuro estará hecho, y si deja de prestarse dicho respaldo, al que la ley no obliga, y si, a su vez, el BCE deja de respaldar la deuda soberana con su herramienta antifragmentación, entonces el coste de la deuda española se elevará y se dificultará su financiación.
En resumen, es un disparate económico y un agravio comparativo, porque se condona lo que se debe; se premia a quien incumple; se premia más a quien sube impuestos; y se castiga a quien es disciplinado y baja impuestos.